Desalojan a mas de mil personas de terreno en La Carpio

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Johan Madriz
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  • El gobierno se lava las manos y no asume su responsabilidad como perpetuador de las condiciones que empujan a cientos de personas a vivir en asentamientos informales ante la precariedad de sus condiciones de vida.

Johan Madriz

Entre mil y dos mil personas se organizaron y tomar durante el fin de semana un terreno en La Carpio. Se trata de una propiedad privada abandonada de aproximadamente 47 mil metros cuadrados y que anteriormente funcionaba como un tajo.

 

La semana pasada el Comité de Emergencias de San José se activó para darle seguimiento a la situación. Según Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José “desde hace una semana aproximadamente un grupo de personas empezó a organizarse para preparar una invasión de tierra. En este momento hay un grupo numeroso de los posibles precaristas que le han manifestado a la policía municipal y a la Fuerza Pública que al tratarse de un terreno privado, ellos tomarán posesión”.

Hoy desde las 9 am las fuerzas policiales procedieron a desalojan a las personas, desplegando una gran cantidad de efectivos. En el proceso se dieron enfrentamientos y la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a las personas.

La Carpio es una comunidad donde habitan unas 40 mil personas en poco menos de 23 km2 y surgió hace casi tres décadas tras la toma de los terrenos que pertenecían a la CCSS. Es el asentamiento binacional más grande de Centroamérica y sufre de una serie de carencias y estigmas que muestran la inacción gubernamental para brindarle soluciones. La falta de servicios básicos, la pobreza y el hacinamiento son parte de las situaciones que atraviesan esta comunidad. Además, está rodeada por dos ríos altamente contaminados, una planta de tratamiento de aguas residuales y un depósito de basura.

 

Estas 200 familias están siendo desalojadas y reprimidas por el delito de ser pobres, por no tener suficiente dinero para comprar un terreno y una casa. El Estado es cómplice y garante, a través de las fuerzas represivas, de la defensa de la propiedad privada sin importar el costo, en lugar de atender las necesidades de las personas trabajadoras. Ante la falta de cualquier tipo de asistencia social y la falta de perspectivas esta aparece como la única solución para estas personas.

Según el último informe del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) del 2018, existe un déficit habitacional en 180 mil viviendas, además, señala que unas 24 mil personas viven en cuarterías o “tugurios”. Por su parte un estudio de la Escuela de Arquitectura de la UCR determina que el 8,5% de las viviendas son inhabitables (donde habitan 440 mil personas).

 

A pesar de este panorama el gobierno de Carlos Alvarado decide recortar en ese sector para ajustarse a las normas de la regla fiscal y cumplir los compromisos firmados con el FMI. El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) sufrió un recorte de ₵16.500 millones en el presupuesto del 2020 y de ₵20.800 millones en el de 2021, además, el Ministerio de Hacienda ha obstaculizado el giro de ₵28 mil millones que si estaban presupuestados. Esto condujo a la institución a suspender la recepción de nuevas solicitudes de bonos de vivienda.

El gobierno simplemente se lava las manos y no asume su responsabilidad como perpetuador de las condiciones que empujan a cientos de personas a vivir en asentamientos informales ante la precariedad de sus condiciones de vida. A personas se les debe asegurar una solución de vivienda acorde con sus necesidades.

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