• Los denunciantes alegan que las autoridades eclesiásticas fueron “permisivos, complacientes y cómplices”.

Johan Madriz

Este viernes se realizará la audiencia preliminar de una demanda contra la iglesia católica costarricense por encubrir los abusos sexuales y violaciones contra menores de edad por parte del exsacerdote Mauricio Víquez Lizano.

La demanda fue interpuesta por tres victimas en un proceso civil ordinario por daños y perjuicios en el que solicitan una indemnización por ₵300 millones. Los tres hombres eran monaguillos y denuncian que los abusos sucedieron entre 1993 y 2003 dentro de instalaciones y vehículos de la iglesia. También interpusieron un proceso penal pero los tribunales determinaron que los casos estaban prescritos.

El principal demandado es José Rafael Quirós, arzobispo de San José, y quien durante décadas fue vicario general de la Curia Metropolitana, puesto en el cual habría recibido los reportes sobre las acciones de Víquez, sin embargo, se permitió que el sacerdote siguiera sus labores y más bien, posteriormente, fue ascendido hasta llegar a ser el representante de la institución.

Los denunciantes alegan que las autoridades eclesiásticas fueron “permisivos, complacientes y cómplices”. En la demanda, además, se les acusa de que “han hecho caso omiso de las mismas [acusaciones], teniendo una conducta arbitraria, negligente y absolutamente contraria a la tutela de los derechos humanos”[1].

De hecho, alegan que producto de esa complicidad a Víquez se le advirtió de las denuncias en su contra, permitiendo que se fugara del país en enero de 2019 y se refugiara en México. Posteriormente fue localizado y extraditado. Actualmente se encuentra detenido a la espera de un juicio penal acusado de violación a menor de edad, abuso sexual agravado y corrupción agravada.

Las acusaciones de sacerdotes pedófilos en todo el mundo han llenado los titulares desde hace décadas y del mismo modo las denuncias por encubrimiento de las jerarquías. Recientemente se dio a conocer un informe en el que se detalla que en la iglesia católica francesa se cometieron 300 mil abusos en 70 años y que la impunidad es la norma.

En el país se da la misma tónica de complicidad que, además, encuentra un amparo político en la confesionalidad constitucional del Estado. De esta forma se hace necesario, una vez más, plantear la pelea por un Estado laico, de la mano de la reivindicación porque todos los sacerdotes abusadores y encubridores sean procesados y castigados.

[1] “Iglesia Católica a un paso de juicio por aparente encubrimiento de delitos sexuales en Costa Rica”. En www.ameliarueda.com