Los políticos con cargos de representación popular y las altas jerarquías de las instituciones públicas ostentan numerosos privilegios, salarios millonarios y pensiones de lujo. Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) queremos acabar con esto, pues consideramos que una primera medida para garantizar que un presidente o diputado realmente sea un “representante popular” pasa porque gane un salario igual al de un trabajador calificado. 

En los últimos años se han revelado grandes escándalos de corrupción como el Cementazo o Cochinilla que muestran los negocios ocultos entre políticos y empresarios, por lo que encontramos fundamental tomar medidas fuertes para sancionar a los grandes corruptos que amasan fortunas con el saqueo de los recursos públicos. La Procuraduría ha estimado el daño social en 138 mil millones de colones en el caso del Cementazo y en 59 mil millones de colones el daño social y material de Cochinilla.

El caso de los Papeles de Panamá reveló los esquemas offshore de evasión fiscal donde se vieron implicadas figuras ligadas al PLN, el PUSC, el PAC y el Movimiento Libertario, además de múltiples empresarios. 

En las últimas campañas electorales prácticamente todos los grandes partidos políticos han sido acusados y/o condenados por irregularidades en el financiamiento de sus campañas. El PAC tiene en firme una condena por 807 millones de colones por estafar al Estado con contratos de servicios especiales falsos. El Movimiento Libertario debe pagar 400 millones de colones por estafas en la elección del 2010 y al momento no parece tener ninguna intención de cumplir. Por su parte, el PUSC, el PASE, el PAC, Restauración Nacional, Republicano Social Cristiano y Alianza Demócrata Cristiana se encuentran bajo investigación del TSE por presuntas estafas.

Todo esto se combina con un Estado capitalista sumamente corrupto, con una casta política que vive con jugosos “salarios”. 

Por eso, desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) planteamos:

1. Basta de privilegios a los políticos. Quienes ostenten la presidencia de la República, las jerarquías de los ministerios, las jerarquías de la Contraloría y la Procuraduría, los altos cargos de las superintendencias, las instituciones públicas y las empresas del Estado, los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, los magistrados y magistradas del TSE, los alcaldes y alcaldesas de las municipalidades y los miembros de los Consejos Universitarios de las universidades públicas deben ganar el salario equivalente a un trabajador calificado según la escala salarial de montos mínimos. Además, se deben ajustar sus pensiones bajo este mismo criterio.
2. Revocabilidad de puestos. Todos los cargos de elección popular deben estar sometidos a la revocabilidad de su puesto por quienes les eligieron en caso de comprobarse delitos relacionados con corrupción, prevaricato, crímenes de odio, acoso, hostigamiento, violación o femicidios.
3. Prohibición de negocios en paraísos fiscales. Establecer una prohibición para las personas citadas anteriormente de mantener cuentas, inversiones o participación en empresas domiciliadas en territorios considerados paraísos fiscales.
4. Revelación de patrimonio. Todas las personas citadas anteriormente deben hacer de conocimiento público la composición de su patrimonio: declaraciones de impuestos, propiedades, participaciones accionarias, bonos, etc. 
5. Eliminación de inmunidad por corrupción. Eliminar el privilegio de la inmunidad de las personas miembros de los supremos poderes en casos de corrupción.
6. No más combustible gratis para diputados y diputadas. Hay que eliminar el privilegio de 500 litros de combustible mensual gratuito que reciben las y los parlamentarios. Esta medida se debe extender al resto de altos jerarcas en la función pública.
7. Fin a las pensiones de expresidentes y exdiputados. Suprimir los regímenes de pensiones de lujo de expresidentes y expresidenta y exdiputados y exdiputadas, trasladando a estas personas al IVM con los montos equivalentes a un trabajador calificado.
8. Establecimiento de un régimen sancionatorio. Recientemente la Asamblea Legislativa se auto aprobó un reglamento sancionatorio sobre hostigamiento sexual cuyo castigo máximo es una “amonestación ética pública”, lo cual es ridículo y más bien resulta una ofensa. Por eso es necesaria la aprobación de un régimen que destituya a los diputados y diputadas en casos de corrupción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, acoso, hostigamiento y violencia hacia las mujeres, discriminación y otras faltas graves incompatibles con el desempeño del cargo. 
9. Jueces electos popularmente. El Poder Judicial se ha visto envuelto en múltiples tramas de corrupción y tráfico de influencias, esto se debe, en parte, a que las y los jueces son electos a dedo, según sus intereses, por los políticos que manejan el gobierno. Por esto proponemos cambiar la forma de elección a una de votación popular, donde se tengan que demostrar sus atribuciones y rendir cuentas, además, debe existir la posibilidad de revocatoria del mandato bajo el mismo mecanismo de la elección. 
10. Prohibición de candidaturas misóginas. Hay que establecer una prohibición para presentarse a cualquier cargo de elección popular de las personas condenadas por femicidio, violencia de género, abuso o acoso sexual.
11. Eliminar modelo de concesión de obra pública. Es necesaria la derogatoria de la Ley de Concesión de Obra Pública que solo sirve para enriquecer a un puñado de empresas privadas. Deben ser el MOPT, el ICE y el AyA quienes desarrollen la infraestructura del país.
12. Incautación de bienes a los corruptos. Confiscación de los bienes y cuentas bancarias a los corruptos como forma de compensación social.
13. Cárcel efectiva para corruptos. Los funcionarios y empresarios envueltos en actos de corrupción deben cumplir cárcel efectiva y común.
14. Prescripción de delitos de corrupción. Establecer la no prescripción de los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
15. Bajar el monto de defraudación. Actualmente para que un delito se considere fraude a la Hacienda Pública y sea elevado a un juicio penal debe ser por un monto que supere los 500 salarios base (más de 220 millones de colones), no se toman en cuenta intereses, multas o recargos y el monto se considera por cada año fiscal. Proponemos reducir ese monto a dos salarios base y eliminar la fragmentación en periodos fiscales, para que pueda sumarse la afectación total.
16. Responsabilidad para cómplices. Establecer que la misma responsabilidad civil y penal para las personas físicas o jurídicas que participen o coadyuven a cometer un delito de fraude tributario.
17. Responsabilidad solidaria de empresarios y grupos económicos. Establecer la responsabilidad solidaria por deudas, obligaciones o sentencias tributarias de los socios y las empresas de un mismo grupo económico.
18. Financiamiento público a partidos políticos. El modelo de financiamiento actual de los partidos políticos permite la intromisión de las grandes empresas en el proceso electoral. Los partidos deben ser financiados mediante la contribución estatal y de forma anticipada, en lugar del sistema de liquidación de gastos actual a posteriori, aunque siempre manteniendo control sobre el uso de los recursos. Además, se deben eliminar los bonos de deuda.
19. Espacios de publicidad gratuitos para los partidos. Establecimiento de franjas horarias en radio y televisión y espacios en prensa gratuitos y en igualdad de condiciones para todos los partidos políticos.