• Luego del cierre técnico del SINAC, a causa del desfinanciamiento, siguen los ataques contra el medio ambiente.

• PUSC, MINAE y SINAC presentan un proyecto de ley para privatizar las Áreas Silvestres Protegidas.

Sthefanny Zúñiga

El lunes 26 de julio el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca (negacionista del cambio climático) dio a conocer que, junto al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), presentaron un proyecto de ley para “potenciar” las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) (borrador del proyecto, 1).

El proyecto se tramita en el expediente 22.604 y se titula “Reforma Integral a la Sección II de la Ley de Biodiversidad No. 7788 sobre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y otras Reformas Parciales”. Dentro de la propuesta se pretende poner al SINAC a “producir ingresos propios”, obtener dinero de fideicomisos, dar en concesión a empresas privadas las ASP y crear “alianzas público-privadas”, siempre en beneficio de los negocios capitalistas.

En cuanto a las condiciones, en el artículo 51, se indica lo siguiente: “Dentro de las áreas silvestres protegidas estatales, se autoriza al SINAC a otorgar, mediante permisos de uso, contratos y concesiones los servicios y actividades para la visitación…”, con lo cual se pretende lucrar con la protección del ambiente.

En notas anteriores se ha señalado que el SINAC viene siendo desfinanciado y desmantelado desde hace años y actualmente se encuentra en un cierre técnico. Véase “Cierre técnico del SINAC: ganan los capitalistas que devastan el medio ambiente” y “Áreas protegidas sin protección por recortes del gobierno”.

Esta es una forma tradicional de las élites para privatizar los servicios: primero desfinaciarlos y hacerles parecer inservibles e ineficientes, para que luego aparezca el heroico sector privado a “salvar el día”; en este caso privatizando el patrimonio natural de la humanidad, que son nuestras zonas protegidas y que ante un panorama de crisis climática es clave mantener bajo el control de las mayorías sociales.

Esta no es la única propuesta que tiene como objetivo privatizar las áreas protegidas en Costa Rica, pues también se encuentra el proyecto de Ley DUA, que afectaría a las personas campesinas y abre la posibilidad para que las empresas adquieran territorios dentro de las Áreas Silvestres Protegidas. (2)

Ya desde principios de los 2000 se han hecho varios intentos, por ejemplo, en 2005 se denunciaba “la creciente entrega de concesiones al sector privado, para que brinde distintos servicios a los turistas en las áreas protegidas, lo cual constituye una privatización encubierta.” (3)

La Ley de Biodiversidad, en su artículo 39 permite la concesión de “servicios no esenciales”, entiéndase “los estacionamientos, los servicios sanitarios, la administración de instalaciones físicas, los servicios de alimentación, las tiendas, la construcción y la administración de senderos, administración de la visita y otros que defina el Consejo Regional del Área de Conservación.” (3)

Posterior a esta polémica, en el 2011, el Programa Kioskos Socioambientales denunciaba lo siguiente: “el expediente 17.211 Ley de Áreas Silvestres Protegidas pretende la privatización de esas áreas y en algunos aspectos roza con la Constitución Política y pretende el establecimiento, por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), de plantas hidro y geotérmicas.” (4)

Tampoco se debe dejar de señalar que uno de los elementos por los cuales se quiere desmantelar las ASP es para privatizar sus “ganancias” y dar cada vez más derechos a capitalistas particulares sobre el medio ambiente natural es decir privatizarlos. Además, el desmantelamiento de la protección ambiental es funcional a los intereses de las empresas extractivistas, muchas dedicadas a los monocultivos de las grandes empresas exportadoras, contaminantes, evasoras y corruptas. También, las grandes constructoras cuestionadas por el “caso cochinila” como H-Solís y MECO, que destruyen los ríos para extraer materiales para la construcción.

Ante este panorama desde el ¡Ya Basta! hacemos un llamado a los sectores ecologistas, estudiantiles y a los movimientos sociales y sindicales a organizarnos por la defensa de nuestro medio natural de vida, un patrimonio de la humanidad que no deben apropiarse los capitalistas, y que es lo que nos queda para enfrentar la crisis ecológica y del cambio climático.

Contrario a las propuestas de los capitalistas desde la izquierda debemos luchar para cobrar impuestos a las grandes empresas y ganancias capitalistas para financiar todas las actividades que implica la protección ambiental. Al mismo tiempo hay que poner bajo el control democrático el patrimonio natural, sobre todo con la centralidad de la clase trabajadora como guardaparques, científicos, educadores ambientales y comunidades aledañas.

Notas:

1. Borrador de Proyecto de Ley. https://drive.google.com/file/d/1Zt-6wksofKQMel0XEuIQTog7HQQl4jbA/view?usp=drivesdk

2. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/agricultores-fronterizos-afirman-que-proyecto-de-ley-dua-busca-lucrar-con-el-ambiente/

3. Semanario Universidad. https://historico.semanariouniversidad.com/pais/parques-nacionales-revelan-privatizacin-solapada/

4. Kioskos Socioambientales. http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/noticias/noticias-ambientales/1009-manejo-compartido-de-areas-protegidas-es-privatizacion.html