Para nadie es un secreto que el principal medio de transporte de la clase trabajadora en Costa Rica son los autobuses. El sistema de trenes fue desmantelado con las reformas neoliberales dejando como únicas salidas para amplios sectores el contar con un vehículo particular o viajar en bus.
Del mismo modo, el sector autobusero es una de las capas de la burguesía nacional que tiene un gran peso; por ejemplo, nunca se ha logrado resolver la sectorización del transporte público, o bien, impulsar otras formas de transporte público (como el tren, a pesar de que este también era un proyecto que se apoyaba en los intereses burgueses).
En este caso, semanas atrás se desató una polémica por el proyecto de ley 22.530 el cuál fue presentado por Erwen Masis, ex-diputado del PUSC. Con este proyecto se buscaba que la vida útil de los autobuses pasará de los 15 años a los 20 años, supuestamente para que los autobuseros lograrán superar “las dificultades de la pandemia”.
Cómo es de esperar el proyecto tiene el respaldo de la Canatrans (Cámara Nacional de Transportistas) y el apoyo del gobierno… aunque con algunos altibajos. De hecho, en un principio la administración de Chaves salió a apoyar el proyecto tal como estaba, sin embargo, semanas después, frente al descontento que se generó decidieron matizar su apoyo con un informe técnico del MOPT, pasando de apoyar 5 años de ampliación a sólo dos, cuestión que molestó a los empresarios autobuseros (1).
Y es que, frente al descontento -y el hecho de que, en medio de las discusiones se incendiaron dos buses- incluso fracciones como el PLN, PUSC, NR o el PLP, que también respaldaban el proyecto, se echaron para atrás. El año pasado cerró sin aprobarse el texto y con varias amenazas de la Canatrans de entrar en cierre técnico en enero de este año.
Si nos detenemos a considerarlo, esto se convertiría en otra “piedra en el costal” para los sectores trabajadores, con un servicio de transporte cada vez peor (basta recordar que, luego de la pandemia aún hay autobuseros que no han normalizado los horarios de transporte, o las rutas abandonadas sin ninguna responsabilidad por dejar de dar el servicio). Esto es algo, que por ejemplo, también se ve en las peores condiciones que ofrecen los autobuseros para el transporte de estudiantes.
Todo esto se resume, finalmente, en beneficios que el Estado le da a este sector de la burguesía, así como el intento de beneficiarlos con más vida útil en las unidades, o bien con el nuevo proyecto de ley presentado en la Asamblea. Según este el Estado se encargaría de comprar -de momento- una flotilla de autobuses… para alquilarlos a las empresas (2). O sea, estos mismos empresarios no se hacen cargo de sus inversiones, pero para que no se preocupen va a entrar el Estado a resolverles el problema.
Además, la Asamblea Legislativa se encuentra a punto de nombrar como defensor de los habitantes a Erick Ulate, reconocido por su estrecho vínculo con el sector autobusero.
En el país es necesario un sistema de transporte público que esté al servicio de la clase trabajadora, la juventud y las mujeres, con buses que cumplan con condiciones adecuadas para el transporte, muchos más horarios y cobertura (principalmente en zonas rurales), no para seguir garantizando las ganancias de la burguesía autobusera, como ocurre actualmente.
Notas.
