Este lunes se conoció sobre la excarcelación del activista cannábico Mario Cerdas Salazar, la información la dio a conocer su hermano. El abogado pasa a cumplir su sentencia en un régimen semi institucional. A pesar de que su condena persiste celebramos este cambio en sus condiciones.

Cerdas ha sufrido durante los últimos siete años de una persecución sistemática por su defensa del uso medicinal del cannabis. En 2015 allanaron su casa en cinco ocasiones, fue arrestado y obligado a cumplir prisión preventiva por 6 meses.

Resultado de ese proceso fue declarado inocente en primera instancia, pero la Fiscalía apeló el fallo. se mantuvo en prisión preventiva desde agosto de 2019, mientras se realizaba un segundo juicio, donde fue declarado culpable y sentenciado a 8 años de cárcel (noviembre 2020). Tras la apelación de Mario la Sala Tercera declaro inadmisible su recurso de casación en octubre pasado.

Esta persecución política revela el papel represivo y prohibicionista del Estado y el sistema judicial, posturas que han demostrado ser un fracaso. Con esta posición se persigue y encarcela a los sectores populares, mientras que no se combate al narcotráfico y, por el contrario, debido a su ilegalidad, les aseguran un mercado a las organizaciones criminales.

A inicios de año se aprobó una ley que permite el cultivo y comercialización del cáñamo con usos medicinales e industriales, legislación que, aunque representa un paso adelante se asegura de generarle un enorme negocio a los empresarios. Aún hay mucho camino por recorrer. En aras del respeto a la autonomía personal, el derecho al desarrollo libre de la personalidad y la seguridad y salud pública es necesario avanzar en la discusión para la regulación del uso recreativo del cannabis y las sustancias psicoactivas.

Es importante impulsar el autocultivo o los cultivos responsables y asegurar su uso sin riesgos. Para esto hay que eliminar las absurdas y obsoletas políticas prohibicionistas y así evitar el sangriento mercado ilícito de los carteles y la adulteración del producto con fines comerciales. Además, es necesario un proceso de educación para eliminar la estigmatización hacia las personas consumidoras y abordar los problemas de drogadicción como un asunto de salud pública y no penal.