• El servicio de transporte público, que es esencial para la clase trabajadora, empezará a sufrir suspensiones o interrupciones, dejando en vilo las posibilidades de movilización de miles de personas.

Johan Madriz

Este jueves 31 de marzo entró a regir un nuevo aumento en los combustibles. La gasolina regular pasa de ₵804 a ₵889, la super de ₵822 a ₵909, el diésel aumenta ₵121 saltando de ₵724 a ₵845 y el gas GLP usado principalmente en las cocinas se incrementa en ₵1.004 (de ₵10.226 a ₵11.230). Marzo cierra como el mes con el incremento mensual más alto en los últimos 15 años. El diésel muestra una suba de 25,9% con respecto al precio fijado a principios del mes, la gasolina regular tiene una variación de +18,9% y la super de +18,8%.

Los combustibles tienen la característica de ser una materia prima que afecta los precios de toda la cadena productiva. Por ejemplo, está estrechamente ligado a las tarifas de transporte público que son un componente muy delicado en las economías familiares de la clase trabajadora. Al respecto el Consejo de Transporte Publico aseguró que los incrementos en los precios de las gasolinas podrían “paralizar” los servicios de transporte. Su director, Manuel Vega, señaló que “consideramos que un aumento tal y como se está proponiendo podría traer eventualmente, para el caso de Costa Rica, una paralización a nivel productivo, iniciando principalmente en el transporte público”.

En la misma línea, la Cámara Nacional de Transporte (Canatrans) ya expresó que diversas empresas del sector estarían interrumpiendo sus servicios. Mencionaron que las empresas Autotransportes Los Corales (Limón), Periférica (San José), Metrocoop (Hatillo), Conatra (Desamparados), Tapachula, Autotransportes Pavas y Biusa que maneja la interlinea Uruca-Escazú, estarían renunciando a sus concesiones, en el caso de las ultimas tres el Consejo de Transporte Publico confirmó las gestiones al respecto.

Según Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la cámara, las autobuseras estarían “prácticamente en un paro técnico y esto obligaría a las empresas a reducir sus esquemas de operación y frecuencia de servicios”. Además, señaló que, desde mayo de 2020 hasta ahora, el costo de llenar el tanque de una unidad se incrementó entre un 111% y 136%, por lo que advierte que se requerirán incrementos en las tarifas de autobuses de por lo menos un 16% para compensar los gastos en combustibles. Al respecto, resaltó que “ya no estamos hablando de un posible escenario ni de una especulación. Se trata de la cruda realidad que vive el país, que hace cada vez más difícil garantizar la continuidad del servicio […]. La única opción viable para mitigar el impacto de esta crisis es aprobar la suspensión temporal del cobro del impuesto para el sector de transporte publico modalidad autobús, ya que tendría un mínimo impacto en las finanzas del Estado. Hablamos de aproximadamente un 0,0135% del total de sus ingresos, pero si representaría una ayuda enorme para el 56% de los costarricenses que utilizan el autobús”.

De esta forma, el servicio de transporte público, que es esencial para la clase trabajadora, empezará a sufrir suspensiones o interrupciones, dejando en vilo las posibilidades de movilización de miles de personas. Además, estos ajustes presionarán de forma importante el Índice de Precios al Consumidor que, ya de por sí, venia mostrando una tendencia alcista desde el año pasado. En febrero el indicador tuvo una variación positiva de 1,09% y con respecto al mismo mes de 2021 suma 4,90%. Es impulsado, según el efecto ponderado de su variación porcentual y su efecto, por las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas (24,32), transporte (14,82) y alquiler y servicios de la vivienda (12,51). Además, la gasolina fue el bien que más influyó en el aumento del índice.

Al respecto, este miércoles la Asamblea Legislativa aprobó un texto sustitutivo al presentado por Presidencia relacionado al impuesto único a los combustibles. La versión del gobierno implicaba la suspensión de la actualización trimestral del tributo por 12 meses, es decir, congelar el monto actual. En la nueva propuesta se reduce en ₵100 por litro el impuesto a la gasolina y el diésel, lo que implicaría una rebaja de entre 11% y 12% del precio actual. Esta medida estaría vigente por seis meses y sería prorrogable por un periodo igual. Además, se exoneraría completamente del pago del tributo a los operadores de transporte público y al sector agrícola. El monto de esa reducción tributaria tendría que ser compensada con nuevos recortes del gasto y Hacienda estimó que sería por un monto cercano a los ₵200 mil millones.

Tanto el gobierno como la Asamblea Legislativa no desaprovechan ninguna oportunidad para propinar ataques a los sectores populares y beneficiar al empresariado. Esta medida beneficia principalmente al sector empresarial con la atenuación del costo por combustible y la exoneración fiscal, lo cual no tendrá una correspondencia con la baja en las tarifas del trasporte público. Además, es una disposición coyuntural e insuficiente ya que no aborda los elementos estructurales que han llevado a un alza constante de la inflación, por lo que está en función de tratar de frenar la afectación para las empresas, pero no en contener el golpe que significan los aumentos de precios en el bolsillo de los sectores populares. Lo cierto es que el país es uno de los más caros en la región y a contramano los ingresos de los sectores trabajadores vienen en picada, siendo hoy día menores, en términos reales, a los de hace una década.