Ataque a las pensiones: aumento de edad y disminución del monto

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Johan Madriz

Este miércoles la Junta Directiva de la CCSS dejó en firme el plan de ajuste sobre las pensiones del IVM que afecta a 1.5 millones de cotizantes.

Como se ha analizado en este espacio el régimen de pensiones obligatorias públicas es uno de los objetivos de la burguesía para desmantelar las conquistas sociales. De esta forma, a través de múltiples medidas se debilita el IVM para darle mayor relevancia a otras formas de cotización como las pensiones voluntarias individuales.

La reforma aprobada ayer consta de tres aspectos:

  1. Pensiones anticipadas: se elimina la posibilidad de pensión anticipada para los hombres. Actualmente existe esa posibilidad cumpliendo los criterios de tener 61 años y 11 meses y haber cotizado 462 cuotas, de esta forma la única opción de retiro sería a los 65 años con 300 cuotas.

En el caso de las mujeres se aumenta la edad para acceder a esta opción, pasa de 59 años y 11 meses a 63 años.

  1. Calculo de la pensión: actualmente el monto de referencia se calcula sobre las ultimas 240 cuotas (20 años) a valor real (presente). Esto se modifica para calcularlo sobre los mejores 300 salarios (25 años) de toda la vida laboral.
  2. Premio por postergación: aumenta la edad en que aplica esta medida. Actualmente por cada año de postergación de la pensión después de 240 cuotas (20 años) se aumenta 1% el salario promedio de referencia, ahora se aplicaría después de 300 cuotas (25 años).

Según información de la CCSS el 60% de las personas que cotizan utilizan el beneficio de retiro anticipado. Aparte de, según el gerente de Pensiones la reforma implica una disminución de la pensión IVM entre 5% y 7%. De esta forma se configura un nuevo ataque contra la clase trabajadora al aumentar la edad para jubilarse y disminuir el monto de la pensión, aumentando los niveles de explotación.

Los jerarcas elogian este ajuste por que evita que se aumenten los montos de cotización, aunque realmente lo que se hace es un traslado del aumento a términos de extensión de los requisitos y aplicado solo a la parte obrera, obviando la responsabilidad patronal y estatal en el mantenimiento del régimen jubilatorio. Además, hay que tener presente que previamente este aspecto si se había modificado. Hay una hoja de ruta que implica incrementos cada tres años (tentativamente hasta el 2029) del porcentaje que cada persona trabajadora aporta, para llegar a un 4.50% (desde un 3.84% en 2019). La última subida se aplicó en enero del 2020 para situar la cotización en un 4% del salario.

Por otro lado, la institución, refiriéndose a la modificación de la cantidad de salarios para el cálculo de la pensión, expresa que se pretende “premiar a quienes son constantes en su cotización”. Declaración que es una completa cachetada contra las y los trabajadores y que demuestra un completo distanciamiento de la realidad, como si dependiera de las personas trabajadoras poder cotizar ininterrumpidamente durante su vida. Por el contrario, el gobierno no resuelve el tema del desempleo, el subempleo o la informalidad.

Solo el ajuste en el rubro de pensiones anticipadas implicaría, según la CCSS, un no desembolso de ₵30 mil millones anuales. Sin embargo, al mismo tiempo en la Asamblea Legislativa se tramita un proyecto que pretende condonarle deudas a los empresarios, perdonándoles multas, recargos e intereses a las empresas morosas por concepto de los aportes del IVM, el SEM y Ley de Protección al Trabajador, mientras que en los aportes a Fodesaf, INA, IMAS y Banco Popular, además, se les dispensa de pagar el principal.

Esta es la lógica empresarial de que la crisis del país debe ser pagada por los de abajo mientras a los de arriba más bien se les perdonan las deudas, profundizando el desbalance de las finanzas de la seguridad social.

Hay que exigir la no aprobación de esta ley, que el gobierno y las patronales cancelen las millonarias deudas con la CCSS, que no se pague la deuda externa y en manos privadas y que se impongan impuestos a las grandes riquezas y a las ganancias empresarias. Que sean los grandes capitales los que financien las pensiones de los sectores trabajadores que se dejan la vida bajo la explotación capitalista.

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