• Se aprobó ley para “flexibilizar las jornadas de trabajo”, con lo cual se reducen las mismas y los salarios de los sectores trabajadores.
• No a los despidos y la precarización de las condiciones salariales.

Por Redacción

Este sábado se aprobó el proyecto de ley para “flexibilizar las jornadas de trabajo”, con lo cual se reducen las mismas y los salarios de los sectores trabajadores. El proyecto permite reducir hasta un 75% las jornadas laborales, y si una “empresa con una afectación de al menos 20% en sus ingresos, en comparación con el mismo periodo del año anterior y como resultado del Covid-19, tendrá potestad de reducir hasta en un 50% las jornadas laborales de sus empleados” [1].

Heidy Valencia, referente del Nuevo Partido Socialista y Las Rojas, declaró: “Hoy los partidos patronales avanzaron en medidas anti-obreras aprovechando la pandemia del COVID-9. Villalta demostró de qué lado de la política e historia está. Prefirió cerrar filas junto al gobierno, la burguesía y la UCCAEP para que se rebajen los salarios de trabajadores y trabajadoras frente a posibles despidos.

“No hay oposición de izquierda en la Asamblea que proponga medidas para proteger nuestros empleos y salarios. Frente a la pandemia atacan los derechos laborales, mientras los empresarios gozan de moratorias. Villalta se alineó a la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias.

“Estas medidas capitalistas son brutales ataques contra la clase trabajadora que no pueden quedar sin respuesta. Desde abajo tendremos que enfrentar al gobierno, la jauría neoliberal, el FA y las burocracias sindicales que guardan silencio”.

Esta aplicación de contratos con menos horas laborales reduce significativamente el salario y la capacidad de consumo de la clase trabajadora, por lo que se atacan las condiciones de vida y se promueve el endeudamiento. Bajo esta misma lógica, también pretenden flexibilizar los requisitos del artículo 75 del Código de Trabajo, que permiten suspender los contratos laborales de forma temporal para agilizar el proceso y que los patrones puedan interrumpir el pago de salarios cuando decidan cerrar la empresa. Asimismo, la Ministra de Trabajo, insiste en que las personas trabajadoras que tengan días de vacaciones disponibles pueden utilizarlos durante este periodo de cierres preventivos o pueden solicitar el adelanto de días de vacaciones.

Este conjunto de medidas demuestra que Carlos Alvarado y su gabinete están cerrando filas para que en esta coyuntura que vaticina recesión económica, las ganancias de los grandes empresarios no se reduzcan enormemente, pero sí se atacan los salarios, empleos, derechos laborales y las condiciones de vida del grueso de la clase trabajadora del país.

Ante este avance es necesario luchar por la prohibición de los despidos mientras dure la emergencia provocada por la pandemia. En el sector privado comienzan a producirse despidos por la caída de la actividad económica, particularmente en el turismo y el comercio. De esta forma, la crisis provocada por el COVID-19 es recargada sobre la clase trabajadora, ante lo cual el gobierno solamente tiene propuestas de ayuda para los empresarios. Por eso hay que exigir que se prohíban los despidos mientras dure la pandemia.

Además, hay que posicionarse contra la precarización de las condiciones laborales. El gobierno y los partidos burgueses pretenden utilizar esta coyuntura para aprobar medidas que precarizan las condiciones laborales alegando que es para evitar despidos. Por ejemplo, ya se especula con la presentación de un proyecto de ley de flexibilización laboral en los sectores más afectados por la crisis. Nos oponemos a esta medida, que tiene por objetivo avanzar en la agenda de ajuste del gobierno de Alvarado.