- La Asamblea Legislativa aprobó el informe de los Papeles de Panamá sugiriendo que para atacar la evasión hay que bajarle los impuestos a los empresarios y recortar en salarios y pensiones.
Johan Madriz
Este miércoles la Asamblea Legislativa aprobó el informe de mayoría de la comisión investigadora de los Papeles de Panamá (43 votos a favor, cero en contra y ocho ausentes).
La comisión se creó tras el escándalo de evasión a nivel mundial y que implicaba a múltiples empresas y figuras políticas de la burguesía nacional. Según el semanario Universidad dentro de las personas involucradas estaban 2 exvicepresidentes, 1 exdiputada, 3 exdiputados, 4 exministras, 10 exministros, 2 exviceministros, 1 exdirector de tributación, 1 cónsul y 3 presidentes o directores de instituciones públicas. Además, un 23% de las personas citadas están vinculados al PLN, PUSC, PAC y Movimiento Libertario.
Las investigaciones legislativas responden más a una pantomima mediática que a un proceso investigativo real o con intensión de tomar acciones. A esto se le suma que involucrados directos (como el exdiputado Otto Guevara) estuvieron incluidos en la “investigación”.
Así, el informe es un montón de papel con buenas intenciones (o no tanto, como veremos). Se hacen recomendaciones como aprobar la renta global, tomar acciones contra las sociedades fantasma, mejorar las políticas anti evasión y seguir las recomendaciones al respecto de la OCDE.
Además de ese saludo a la bandera no pierden la ocasión para plantea una reforma tributaria “comprensiva, integral, suficiente, inclusiva y progresiva, que atienda gasto e ingreso”, es decir, se justifica la evasión fiscal por el sistema impositivo del país, que ya de por si recae sobre impuestos indirectos (como el IVA) que afectan, principalmente, a los sectores populares y que favorece a las grandes empresas que pueden reportar cero ganancias durante años sin que nadie vea algo sospechoso.
Pero, la caradurez es que de alguna forma los legisladores llegaron a la conclusión de que la fuente de la evasión son los salarios públicos y las pensiones (¿?), por eso recomiendan ajustar los “temas de empleo público y pensiones con cargo al presupuesto”.
De esta forma, la burguesía recomienda que para no evadir necesitan una reforma tributaria que sea comprensiva, es decir, que les bajen los impuestos. Al mismo tiempo entienden que hay un problema fiscal que hay que resolver, pero no con sus ganancias escondidas en paraísos fiscales, sino, recortando en pensiones y con la ley de empleo público. Una obra maestra de cómo darle la vuelta a la tortilla sin salir quemado.
Referencias
http://www.asamblea.go.cr/glcp/doc_relevantes_de_actas/0Informe%20final%201.%20Exp.%2019.973.%20Papeles%20de%20Panam%C3%A1.pdf#search=papeles%20de%20panama
Costa Rica: “Panama papers” – El mundo clandestino de las “offshore” y los negocios de la burguesía
Víctor Artavia
El 03 de abril, varios medios de comunicación internacional revelaron el caso de los “Panamapapers”. Los reportajes evidenciaron una red internacional de sociedades offshore que, a pesar de ser legales, en muchas ocasiones son utilizadas para evadir el pago de impuestos y limpiar capitales ilícitos.
Este mundo clandestino congrega solamente a los “ricos y famosos” (políticos, empresarios, crimen organizado, directivos de la FIFA, etc.) y expone la forma en que la burguesía se enriquece exigiendo más impuestos indirectos y explotando trabajadores, a la vez que recurre a cualquier cantidad de maniobras para hacerse más rica utilizando el Estado para confeccionar leyes que le permitan desangrar las finanzas públicas y pagar menos impuestos.
¿Qué son las sociedades offshore?
Offshore significa “fuera de la costa”. Con este término se denominan a las empresas o sociedades que se registran legalmente en un país donde no realizan ninguna actividad productiva y, muy importante, son paraísos fiscales pues no pagan impuestos (y si lo hacen son montos bajísimos) y garantizan la confidencialidad de los accionistas, pues no solicitan ningún registro público de sus accionistas.
Las sociedades offshore son jurídicamente legales, pero todo su funcionamiento está pensado para que sean utilizadas como pantallas que permitan evadir el pago de impuestos y limpiar capitales procedentes del narcotráfico y otras actividades ilícitas (como la trata de mujeres y tráfico de armas).
Su mecanismo es muy sencillo: se constituye una “empresa de papel” en un paraíso fiscal, cuya existencia física se reduce a un rótulo o un casillero de correo, pero no cuenta con trabajadores a su servicio. La empresa tiene una estructura legal montada y/o administrada por terceros (muchas veces un bufete de abogados), quienes se profesionalizan en idear formas para evitar el pago de impuestos en los países de origen de los accionistas que representan.
Es toda una ingeniería empresarial y formalmente legal para que los grandes capitalistas evadan impuestos, creando varias sociedades offshore que, en un mismo día, pueden traspasarse sumas multimillonarias de un mismo grupo de accionistas para borrar el rastro de donde proceden los capitales. De esta forma, un grupo de empresarios radicado en Costa Rica o Argentina, pueden tramitar sus fortunas en paraísos fiscales mediantes las sociedades offshore y ahorrarse cientos o millones de dólares en el pago de impuestos.
El Fondo Monetario Internacional estimó que, en 2015, el dinero oculto en estos paraísos fiscales rondaba los 7,6 billones de dólares, suma que iguala el Producto Interno Bruto de Reino Unido y Alemania juntos (1).
Los papeles de Panamá y el caso de Costa Rica
Este caso desnudó la existencia de una red de sociedades offshore administradas por el bufete Mossack Fonseca, cuyo centro de operaciones está en Panamá, país que desde hace muchos años figura en la lista de paraísos fiscales.
Dicho bufete se especializa en este tipo de trabajos desde 1977 y es uno de los más prestigiosos a nivel mundial. Esta empresa cobra alrededor de dos mil dólares anuales por montar las “empresas de papel”, es decir, conseguir las personas que figuran en las actas notariales como miembros de las Juntas Directivas de las sociedades offshore. Aunado a esto, el bufete cobra mil dólares por “consolidar la presencia física” de las mismas en territorio panameño…colocando un rótulo en su edificio de oficinas.
Lo anterior explica un rasgo central de las sociedades offshore: son empresas con mucho papeleo pero sin ninguna vida productiva real. Por eso una misma oficina puede servir de domicilio legal de miles de empresas, entre las cuales se intercambian miles de millones de dólares para garantizar que nadie pueda determinar fácilmente en donde se originó esta riqueza.
Entre la lista de clientes de Mossack Fonseca figuran grandes personalidades políticas y empresariales: “12 líderes mundiales pasados y actuales, así como la de otros 128 políticos y funcionarios públicos de todas partes del orbe y de un sinnúmero de empresarios, traficantes de droga, celebridades y estrellas deportivas” (Semanario Universidad, 04 de abril de 2016, p. 5). Vladimir Putin, presidente de Rusia; Mauricio Macri, presidente de Argentina, Xi Jinping, presidente de China; el padre de David Cameron, primer ministro del Reino Unido; David Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia; Petro Poroshenko, presidente de Ucrania; son algunos de los políticos atendidos por Mossack Fonseca.
En el caso de Costa Rica, la lista de clientes del bufete está compuesta por empresarios relacionados con grandes compañías como Florida Bebidas, Productos de Concreto y Holcim, Grupo La Nación, UCAEEP, Crhoy, etc. Además implica a políticos que estuvieron en gobiernos anteriores, como María Luisa Ávila (ministra de Salud 2006-2010), Javier Chaves Bolaños (ministro de Obras Públicas 2002-2006), Leonel Baruch (ministro de Hacienda 1998-2002); Rodolfo Jiménez Borbón (vice-ministro de Hacienda 2002-2006). También figuran Otto Guevara, actual diputado por el Movimiento Libertario, y Karla González, ministra de Obras Públicas de la última administración de Oscar Arias, quienes desde su bufete crearon la sucursal de Mossack Fonseca en Costa Rica.
En la mayoría de los casos detectados por el Semanario Universidad hay un “modus operandi” similar: “una complejísima y opaca trama de dinero que se moviliza a través de sociedades y corporaciones radicadas estratégicamente en distintos países y jurisdicciones fiscales y que se relacionan entre sí como un cuerpo de cajas chinas, en donde cada una es propietaria de la siguiente, pero al final todas están bajo control de un beneficiario final en Costa Rica” Semanario Universidad, 04 de abril de 2016, p. 11).
Un ejemplo es el accionar de la junta directiva de Gibraltar Holdins, quienes distribuyeron sus dividendos del año 2000 mediante un fideicomiso creado en Panamá, evitando pagar el 15% de impuestos que se exige en Costa Rica. Así, casi que de forma mágica, este grupo de capitalistas costarricenses evitaron pagarle impuestos al fisco costarricense.
La hipocresía de la burguesía
El mundo clandestino de las sociedades offshore ejemplifica cómo la burguesía construye las leyes a su conveniencia, creando un “universo notarial” mediante el cual desangra el fisco de sus respectivos países y hace pasar por legales capitales provenientes del crimen organizado, así como en otras ocasiones utilizan el Estado para legitimar los ataques contra el salario de los trabajadores o perpetuar la opresión sobre las mujeres, etc.
Esto no es algo anómalo o excepcional en la historia del capitalismo, por el contrario, es parte íntegra de su funcionamiento. Vale recordar que durante la II Guerra Mundial, los bancos suizos (otro paraíso fiscal) sirvieron para resguardar las fortunas de los peores criminales de guerra nazi.
En el caso de Costa Rica es repugnante que los mismos empresarios que atacan las convenciones colectivas del sector público, irrespetan los derechos laborales en la empresa privada (pago de horas extras, derecho a vacaciones, seguro social, etc.) y abogan por más impuestos indirectos, figuren entre la lista de clientes de Mossack Fonseca. El caso del Grupo Nación es muy elocuente, pues este medio de comunicación es el abanderado en la lucha contra las convenciones colectivas que califican de “excesos”, pero sus accionistas son burgueses que recurren a este mecanismo para no pagar impuestos que podrían utilizarse en financiar la educación y salud pública.
Ante esto, reiteramos nuestro llamado a construir un Encuentro Nacional de Lucha (ENL) contra los ataques del gobierno y las patronales, incorporando como un eje la pelea contra los evasores fiscales a quienes hay que confiscarles sus bienes y encarcelarlos, así como para oponerse al plan fiscal que impulsa el gobierno del PAC que apuesta por capitalizar este escándalo para avanzar con su agenda contra los trabajadores, instaurando más impuestos indirectos o sobre el consumo.
Desde el Nuevo Partido Socialista creemos que estas denuncias exponen la podredumbre de la burguesía, reafirmando nuestro planteamiento de luchar por la refundación social del país desde los de abajo, para lo cual es fundamental sacar del poder a los empresarios y banqueros que utilizan el Estado para enriquecerse y proseguir con la explotación en sus empresas. Para eso invitamos a nuestros lectores a sumarse al NPS y la construcción de la corriente internacional Socialismo o Barbarie, herramienta que construimos para ser expresión política de los explotados y oprimidos.
Nota
- Los datos para esta nota los extrajimos de la edición especial del Semanario Universidad sobre el tema. Este periódico hizo parte de la red de medios de comunicación que realizó la investigación de los Papeles de Panamá.
