• El exdiputado y exprecandidato presidencial por el PLN, Antonio Alvarez Desanti, perdió un arbitraje por $100 millones contra Panamá en el caso de un complejo turístico que pretendía construir en territorio indígena protegido.

Johan Madriz

El exdiputado y exprecandidato presidencial por el PLN, Antonio Alvarez Desanti, perdió, junto a un grupo de inversionistas, un arbitraje por $100 millones contra Panamá en el caso de un complejo turístico que pretendían construir en territorio indígena protegido.

El caso se remonta a 2009 cuando Alvarez Desanti inició negociaciones para la compra de un terreno de 685 hectáreas en la costa caribeña con la abogada panameña Evisilda Martínez, quien no era la propietaria de la finca.

En esos momentos el inmueble se encontraba en medio de un proceso judicial de reclamo por parte de tres indígenas, bajo la asesoría del bufete de Martínez, quienes reclamaban su uso y posesión. Los juzgados les dieron la razón en un trámite inusualmente expedito de cuatro meses y determinaron otorgarles los títulos de propiedad.

De esta forma, continuaron los negocios hasta que en 2010 firman el contrato de compraventa por $197 mil con la empresa Consorcio Desarrollo Turístico Cañaveral SA (Decsa), que en ese momento estaba controlada por Martínez. Posteriormente la abogada le vendió Decsa, por varios millones de dólares, a la empresa Alvarez y Marín Corporación SA, de la cual Alvarez Desanti es propietario.

Tras la compra se destaparon las irregularidades en todo el proceso, por lo que el caso se elevó a instancias judiciales, hasta que en 2013 las autoridades determinaron la expropiación sin indemnización ya que el terreno se encontraba dentro del área protegida indígena Ngäbe-Buglé.

Debido a esto, los inversionistas deciden demandar al Estado panameño alegando inseguridad jurídica y reclamando una indemnización de $100 millones por no poder llevar a cabo el proyecto de hoteles ecoturísticos que pretendían realizar.

Finalmente, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial falló a favor de Panamá. El bufete Hogan Lovells, que representó a ese país, comunicó que “el tribunal determinó que los demandantes violaron la ley panameña y las protecciones especiales otorgadas a las comunidades indígenas en Panamá. La violación de la ley se consideró grave, lo que impidió a las demandantes obtener protección en virtud de los tratados aplicables”[i].

El resultado de este arbitraje, por parte de un órgano caracterizado por su parcialidad hacia el empresariado, es consecuencia de las contundentes pruebas en contra de un negocio a todas vistas irregular y reafirma la protección especial de los pueblos indígenas y su derecho a la tierra.


[i] “Panamá derrota a Antonio Alvares Desanti en arbitraje por más de $100 millones”. En www.diarioextra.com

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