• Estas personas no deben ser desalojadas hasta que se les asegure una solución de vivienda acorde con sus necesidades.

Johan Madriz

El Juzgado de Pavas ordenó el desalojo de 645 personas que viven en un precario ubicado en terrenos de la Junta de Protección Social (JPS) en ese distrito de San José.

En el fallo se le da un tiempo de 6 meses a estas personas para el abandono de 137 viviendas o de lo contrario el gobierno actuará con la fuerza. Ese plazo se cumple el próximo 1 de octubre. Además, se ordena que se les cobren los costos del desalojo.

El proceso judicial se interpuso desde 2014 ya que el terreno es parte de un área de protección ambiental, por lo que hay que protegerla y conservarla, pero también hay que asegurar el derecho de estas personas a una vivienda y una vida digna, lo cual no está siendo atendido por el gobierno.

Estas personas están siendo criminalizadas por el delito de ser pobres, por no tener suficiente dinero para comprar un terreno y una casa. En este caso la “Justicia” es cómplice y garante de un Estado que defiende la propiedad privada sin importar el costo, en lugar de atender las necesidades de las personas trabajadoras.

Según el último informe del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah)[i] del 2018, existe un déficit habitacional en 180 mil viviendas, además, señala que unas 24 mil personas viven en cuarterías o “tugurios”. Por su parte un estudio de la Escuela de Arquitectura de la UCR determina que el 8,5% de las viviendas son inhabitables (donde habitan 440 mil personas).

A pesar de este panorama el gobierno de Carlos Alvarado decide recortar en ese sector. El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) sufrió un recorte de ₵16.500 millones en el presupuesto del 2020 y de ₵20.800 millones en el de 2021, además, el Ministerio de Hacienda ha obstaculizado el giro de ₵28 mil millones que si estaban presupuestados. Esto condujo a la institución a suspender la recepción de nuevas solicitudes de bonos de vivienda.

El gobierno simplemente se lava las manos y no asume su responsabilidad como perpetuador de las condiciones que empujan a cientos de personas a vivir en asentamientos informales ante la precariedad de sus condiciones de vida. Estas personas no deben ser desalojadas hasta que se les asegure una solución de vivienda acorde con sus necesidades.


[i] “Compendio Estadístico de Vivienda 2018”. En www.mivah.go.cr

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