Johan Madriz
Un estudio de la Escuela de Arquitectura de la UCR señala que 440 mil personas viven en edificaciones inhabitables, correspondiendo a un 8.5% de casas en mal estado. Además, durante el 2020 la construcción de viviendas tuvo una caída de 16.7% con respecto al 2019, significando que solo se construyeron 18 mil casas. En cuanto al área de construcción la reducción es de 33%.
Si la baja ya de por si es significativa, lo es aún más considerando que el dato de referencia ya era uno malo, esto porque el sector viene de varios años de decrecer continuamente.
Según el estudio, una de las posibles causas seria la disminución de ingresos producto de la pandemia, evidenciando una huella más de la crisis del país, a la que se le suman los altos niveles de desempleo y pobreza.
El sector de vivienda social ha sido fuertemente afectado por los recortes del gobierno en su plan de ajuste. Hace unos meses el Banhvi había comunicado que suspendía las nuevas solicitudes de bonos, deteniendo al menos 5 mil tramites, debido a los recortes presupuestarios y la reticencia del Ministerio de Hacienda en girar los pocos recursos si aprobados.
Otro dato que aborda el estudio es con respecto a las viviendas que también se convirtieron en centros de trabajo. En este rubro hubo un incremento al pasar de 5.5% a 14.2% de la población ocupada. Este asunto es importante, porque implica un traslado de costos de las empresas e instituciones a las y los trabajadores, en cuanto en la mayoría de los casos no existe un reconocimiento monetario por el desgaste y el acondicionamiento de las casas como lugares de trabajo.
Esta es una emergencia habitacional, como lo señala uno de los investigadores: “todos los años crece la cantidad de familias y entonces cada año aumenta la necesidad de vivienda. El año pasado en lugar de crecer la cantidad de viviendas construidas, decreció. Eso se refleja en un mayor déficit habitacional. Entonces, independientemente del porcentaje, sí es significativo, ya que son más familias que están sin una casa”.
Hay que exigirle al gobierno recursos suficientes para la construcción de vivienda popular. Pero, también, que sea el Estado el que construya, ya que, lo contrario significa enriquecer a empresas privadas que solo buscan ganancias a cualquier costo. Para esto las grandes empresas y fortunas deben pagar más impuestos que financien la obra pública para eliminar las deficiencias habitacionales.
