• La proyección del Ministerio de Trabajo es que un 40% de las personas del sector privado se vean afectadas, pero esta cifra tiene trampa ya que no se contabilizan los cerca de 1 millón de trabajadores y trabajadoras en la informalidad ni al 12% que ya estaba desempleada antes de la crisis.

Por Johan Madriz

La situación del empleo en el país es crítica. Elementos estructurales de la matriz productiva nacional ya mantenían niveles de desempleo abierto del 12.4% y esa cifra promete aumentar agudizada por el parón de la economía resultado de la emergencia pandémica.

Ante la crisis económica y financiera el gobierno de Carlos Alvarado se ha puesto las pilas a ingeniar soluciones, solo que estas van en un solo sentido beneficiar a los grandes capitales mientras la clase trabajadora y los sectores populares son atacados.

A las empresas se les sostiene con la exención del pago de impuestos, cargas sociales y servicios públicos, con la reducción del costo laboral mediante las suspensiones y flexibilidad. Mientras tanto las y los trabajadores pierden sus empleos, son suspendidos o les reducen sus salarios. Pero ¿cuál es la magnitud de la afectación?

¿Cuántas son las personas que perdieron su trabajo?

El primer dato importante es: no se sabe. Esa es la respuesta que ofrece el gobierno sobre la afectación real al empleo que está generando la emergencia. Todos los y las jerarcas consultados esbozan la misma respuesta no hay datos, esto a pesar de que tanto el Ministerio de Trabajo como la CCSS, a través de Sicere, mantienen la información actualizada de las planillas de todas las empresas.

Tratando de superar este obstáculo se puede formar una visión aproximada a través de la información generada por diferentes entidades que están gestionando variados mecanismos de contención para las personas afectadas económicamente por la emergencia.

La primera fuente serían las Operadoras de Pensiones Complementarias que fueron habilitadas para la entrega anticipada del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) a las personas con suspensión de contrato o reducción salarial.

Al 13 de abril las operadoras informaron que han entregado ₵1,585 millones y han recibido 12,460 solicitudes de trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, esta fuente es poco precisa ya que no aplica a las personas que trabajan en la informalidad, requiere realizar un proceso en una de las operadoras (muchas personas ni siquiera saben a cuál están adscritos) y ofrece, en general, montos bajos ya que la mayoría de personas realiza el retiro quinquenalmente.

Otra fuente es el Ministerio de Trabajo que informa sobre las solicitudes patronales de suspensiones y reducciones que deben ser avaladas por la Dirección de Inspección del Trabajo. Esta oficina ofrece datos ligeramente superiores a la anterior al indicar que 18,321 empleados formales han visto afectado su salario, de estos un 51% seria por suspensión de contrato y un 49% por reducción de salario. Sin embargo, no se ofrece información de las personas despedidas.

Esta oficina si permite una proyección a futuro de mayores afectaciones debido a que desglosan las solicitudes pendientes de aprobar. Estas serían 1,563 de suspensión de contratos que significan 20 mil empleos y 1,574 para reducir jornada y salario para 37 mil personas. Es decir, potencialmente se sumarian 57 mil personas más, llegando a 75 mil.

La tasa de rechazo de las solicitudes patronales es sumamente baja, siendo que la mayoría de las peticiones son aprobadas (en caso de rechazo las empresas pueden acudir a los despidos sin restricciones), lo que significaría que la cifra de 75 mil personas arriba esbozada tiene muchas posibilidades de ser real.

Un elemento a tener en cuenta es que la ley que autoriza las reducciones de jornada habilita esta opción por tres meses con posibilidad de prórroga por dos periodos iguales, es decir por nueve meses. Como ejemplo, las personas que sean sometidas a esta figura durante abril podrían permanecer en esta condición hasta enero del próximo año, una situación insostenible para quienes dependen de su salario. A contramano el gobierno está ofreciendo un bono únicamente por tres meses.

Bono Proteger que no protege

La tercera fuente de información es la de solicitantes del bono Proteger. Este es un subsidio de entre ¢62,500 (por reducción de 50% o menos de salario) y ¢125,000 (por despidos, suspensión de contrato o reducción superior a 50%) que se brindaría por tres meses a trabajadores y trabajadoras que sufrieron suspensión de contrato, reducción de jornada o despido. También está habilitado para trabajadores y trabajadoras informales que han visto afectados sus ingresos por la emergencia.

En el primer día de funcionamiento de la plataforma digital donde se solicita el bono se recibieron 1.7 millones de visitas lo cual colapsó la página. El corte al 13 de abril era de 292,509 solicitudes procesadas. Este número es ampliamente mayor que los aportados por las otras fuentes y esto se puede explicar por la promoción como proyecto estrella del gobierno y supuesta “solución” para cientos de personas.

Un dato interesante que se desprende de estas cifras es que el sector privado formal representa justamente cerca de 1.7 millones de trabajadores y trabajadoras. Ante esto la Ministra de Trabajo minimizó la situación diciendo que es imposible que todo el sector este sufriendo afectaciones y, nuevamente, señalando que no existen datos precisos sobre la situación del trabajo. Sin poder afirmar categóricamente una cifra de afectación, lo real es que una gran mayoría de personas si está teniendo problemas ya que prácticamente todos los sectores productivos se encuentran detenidos.

Lo cierto del caso es que el bono actualmente tiene contenido presupuestario solo para 56 mil personas (¢21 mil millones) es decir solo para cerca del 19% de las personas que ya solicitaron el beneficio. En la Asamblea Legislativa se tramita un proyecto de ley para llegar a ¢296 mil millones y atender a 789,300 personas. Entonces, este sería el dato más aproximado brindado por el gobierno. La proyección del Ministerio de Trabajo es que un 40% de las personas ocupadas del sector privado se vean afectadas.

Pero nuevamente esta cifra tiene trampa ya que esta perspectiva es sobre las personas con empleos formales, donde se no se contabilizan los cerca de 1 millón de trabajadores y trabajadoras en la informalidad que existían al cierre del 2019 ni al 12% que ya estaba desempleada antes de la crisis. Esto se debe a que el bono Proteger solo atiende personas que demuestren que su situación se debe directamente a la emergencia pandémica.

La salida

Como buen representante de la burguesía Carlos Alvarado tiene un pie en Casa Presidencial y otro en la UCCAEP por eso todas las medidas que ha tomado el gobierno son en beneficio del sector empresarial.

El gobierno proclama “solidaridad” pero para esta aplican restricciones, no contempla a la burguesía. En contrario si implica sacrificios para las y los trabajadores, justamente los sectores que tienen décadas de estar cargando la crisis en sus hombros.

Los bonos por afectación del empleo son financiados a costa de que el sector publico no reciba aumento salarial este año, a costa de que el Ministerio de Educación redireccione cientos de millones a la atención de la emergencia dejando a miles de trabajadores y trabajadoras en interinazgo sin empleo, a costa del desfinanciamiento y cierre técnico del INAMU dejando en mayor indefensión a las mujeres.

Estas medidas son parte de las contra reformas con las que el gobierno venia poniendo al país en tono con las exigencias de la OCDE y que tienen como fin cargarle la crisis a la clase trabajadora y los sectores populares. Así la crisis no es causada por la pandemia sino potenciada por ella y las medidas que se han tomado para paliar sus efectos se colocan de espaldas a las y los trabajadores.

Ante esto son necesarias varias acciones de urgencia: la prohibición de despidos, suspensiones y reducciones, el no pago de la deuda para destinar esos recursos a la atención sanitaria y económica de la emergencia e impuestos al gran capital. No es de los salarios, del presupuesto de la CCSS o del INAMU de donde se deben sacar estos recursos para atender la emergencia.

*Las cifras utilizadas en este artículo son las registradas al 13 de abril de 2020.