12 mil familias serán desalojadas en los próximos meses

Hay una emergencia habitacional de enorme magnitud y el gobierno no atiende la situación, las pocas soluciones que brinda tardan años en concretarse.

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“Tenemos información confirmada de 44 cantones, 33 de los cuales nos informan tener asentamientos con orden de desalojo y en su conjunto agrupan a más de 12.000 familias”. Esta información suministrada por el Ministerio de Vivienda da cuentas de la gigantesca cantidad de personas que esta en riesgo de ser desalojada de sus viviendas en asentamientos informales durante los próximos meses.

En los últimos años cientos de personas se vieron empujadas a trasladarse hacia estos asentamientos debido a los efectos económicos producidos por la pandemia. Así lo confirmó Irene Campos, exministra del Mivah: “se acrecentó de una forma muy acelerada con la pandemia y es que al disminuir los ingresos familiares, muchas familias ya no pudieron alquilar y eso los hizo ir a precarios y asentamientos informales. Algunos de ellos están sumamente densos y además empezaron a llegar a sitios como riberas de ríos, calles públicas y hay una gran cantidad de desalojos, que además se acumularon porque durante la pandemia hubo suspensión de estos”.

Los desalojos sucederían, como es la tónica, sin que el gobierno asuma responsabilidades en la consecución de soluciones habitacionales para estas personas y así lo reconoce la exministra: “no es que yo hago un desalojo y en ese momento les digo ‘bueno, ustedes familias desalojadas vénganse para acá’. No hay. Y un proyecto de vivienda requiere mucho tiempo, no es de la noche a la mañana”. Durante la primera etapa de la pandemia se suspendieron las ordenes de expulsión, sin embargo, esto fue una medida temporal y no incluyó la atención de la problemática de fondo que es la falta de ingresos y de viviendas.

Esta desidia está sustentada tanto en aspectos económicos (ajuste fiscal) como políticos y es que al parecer para las autoridades las personas que viven en estos asentamientos son una carga y están ahí porque quieren. Al respecto son muy categóricas las declaraciones de Marcelo Solano, director de la Policía Municipal capitalina que se opuso desde un primer momento a la moratoria: “enviamos una comunicación formal a los ministerios de Seguridad y Salud a través del Comité Municipal de Emergencias de San José en la que advertíamos de que esa directriz de suspensión de desalojos podía significar un detonante para que mucha gente se animara a continuar con el proceso de invasión de tierras. Dichosamente, hubo una ligera rectificación y el año pasado pudimos intervenir algunos lugares”.

A modo de respuesta son muy pertinentes las palabras de dos mujeres que fueron desalojadas a inicios de marzo de un terreno en La Carpio. Una, Janeth Carrillo, comentó que “son personas sin casa y desempleadas”, mientras que Maryeri Martinez explicó que “sabemos que ese terreno no es de nosotros, pero el dueño no está aquí”. La existencia de los “precarios” es responsabilidad directa de un Estado que genera las condiciones para su existencia, que perpetua las desigualdades y condena a miles a la pobreza y el desempleo. Mientras tanto los grandes millonarios acumulan riqueza, especulan en el mercado inmobiliario y mantienen terrenos, edificios y casas ociosos.

Hay una emergencia habitacional de enorme magnitud y el gobierno no atiende la situación, las pocas soluciones que brinda tardan lustros en concretarse. Según el último informe disponible del Mivah (2018), existe un déficit habitacional de 180 mil viviendas, además, señala que unas 24 mil personas viven en cuarterías o “tugurios”. Por su parte un estudio de la Escuela de Arquitectura de la UCR determina que el 8,5% de las viviendas son inhabitables (donde habitan 440 mil personas).

A pesar de este panorama el gobierno anterior decidió recortar en ese sector para ajustarse a las normas de la regla fiscal y cumplir los compromisos firmados con el FMI. El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) sufrió un recorte de ₵16.500 millones en el presupuesto del 2020 y de ₵20.800 millones en el de 2021, además, el Ministerio de Hacienda obstaculizó el giro de ₵28 mil millones que si estaban presupuestados. Esto condujo a la institución a suspender la recepción de nuevas solicitudes de bonos de vivienda.

A esta problemática sobre la adquisición de vivienda propia se le suma el tema del alquiler. Según el Índice de Precios de Alquiler de Vivienda del Inec el costo de este rubro viene en ascenso desde el año pasado y en lo que va de este se ha acelerado, presionando los ingresos familiares. En diciembre de 2020 el indicador tenía un valor de 100, tardó ocho meses (agosto de 2021) para alcanzar los 101, cuatro meses después (diciembre de 2021) llegó a 102 y para colocarse en 103 requirió solo dos meses más (febrero de 2022). De acuerdo con la ley de arrendamientos los precios pueden actualizarse cada año según la inflación, hasta un tope de 10%.

Según especialistas, esta situación ha conllevado a que quienes no pueden cubrir los aumentos en los alquileres o ven comprometidos sus ingresos regresen a la casa de sus padres o familiares, decidan rentar una vivienda entre varias familias o trasladarse a asentamientos informales. La Encuesta Nacional de Hogares de julio 2021 estima en cerca de 902 mil las personas que viven en casas o apartamentos alquilados, representados, mayoritariamente, por los quintiles segundo y tercero que hacen parte de los grupos más pobres y que tienen menos margen en su presupuesto para enfrentar estas oscilaciones inflacionarias, por lo que la afectación les golpea más fuertemente.

Es urgente declarar una emergencia habitacional que destine recursos a la reparación y construcción masiva de viviendas para los sectores populares, así como, atender a las personas en asentamientos informales de forma integral, brindándoles soluciones de acuerdo con sus necesidades y, por supuesto, detener los desalojos de inmediato. Para esto es imperativo luchar en las calles contra el plan de ajuste del gobierno y el FMI que sustentan los recortes y la desatención de las poblaciones vulnerables.

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