- La propiedad privada de las patentes de las vacunas ha desatado una feroz e irracional batalla legal multimillonaria entre los laboratorios para saber quien se “queda” con el invento de la vacuna. Negocian con la salud de millones.
Renzo Fabb
El mundo sufre un fuertísimo aumento de casos de Covid-19. En algunos casos rompiendo récords de contagios anteriores de la primera y segunda ola pandémica.
En este contexto, los esfuerzos mundiales deberían estar puestos en continuar con los planes de vacunación, sobre todo en aquellas regiones donde los porcentajes siguen siendo peligrosamente bajos. En África, se calcula que solo el 13% de la población está vacunada contra el Covid-19. Sin embargo las grandes corporaciones farmacéuticas tienen otra agenda.
Sucede que la propiedad privada de las patentes de las vacunas ha desatado una feroz e irracional batalla legal multimillonaria para saber quien se «queda» con el invento de la vacuna. En esa pelea están involucrados tanto gobiernos, como empresas y hasta científicos particulares.
En el mundo donde las vacunas quedaron a merced de los laboratorios privados y su sed de ganancias, se priorizaron las ganancias millonarias de las farmacéuticas por sobre un plan de inmunización democrático e igualitario que garantice vacunas para todos los países. Esta tendencia continúa hoy, con los contagios disparándose nuevamente y los laboratorios ocupados en asegurarse sus ganancias para los próximos años.
En muchos casos, estas disputas legales ocurren porque las farmacéuticas pretenden quedarse con descubrimientos que fueron, en realidad, producto de investigaciones estatales.
Uno de los principales litigios enfrenta nada menos que a la empresa Moderna y al gobierno de los Estados Unidos. Ambas partes se adjudican haber desarrollado el componente clave de la vacuna que permite la inmunización de quien la recibe. Lo cierto es que la vacuna de Moderna pudo desarrollarse a partir de investigaciones de organismos estatales y universidades.
Concretamente, la disputa estallo cuando el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) solicitó reconocer como co-inventores de la vacuna de Moderna a los científicos que trabajaron en investigaciones estatales y que permitieron el desarrollo de dicha vacuna. Moderna rechazó esta solicitud, asegurando que fueron sus propios científicos los que diseñaron la secuencia de ARN mensajero que produce la respuesta inmune del cuerpo contra el Coronavirus.
Por supuesto, la lucha no pasa sólo ni primeramente por una cuestión de reconocimiento. Se trata de una batalla económica donde están en juego miles de millones de dólares. Si Moderna logra quedarse con la patente de todos los componentes de la vacuna, tendría los derechos exclusivos de comercialización durante muchos años, sin competencia de alternativas genéricas.
Sólo durante los primeros nueve meses de este año, Pfizer y Moderna sumaban unos 35.000 millones de dólares en ganancias por la venta de sus respectivas vacunas. A partir del esquema de aplicación de dosis de refuerzo que está empezando a implementarse en todo el mundo, se espera que esas ganancias pueden llegar casi a duplicarse el año entrante.
Por su parte, Pfizer y BioNTech estan embarcado en su propia disputa legal, esta vez contra otra empresa más pequeña, Allele Biotechnology & Pharmaceuticals. Esta firma, procedente de California, demandó a Pfizer por el presunto uso de una proteína protegida por una patente perteneciente a Allele. En el mundo capitalista, las proteínas tienen dueño.
Pfizer y BioNTech rechazan la acusación, y ahora el litigio se resolverá en los tribunales de EE.UU. Se gastaran millones de dólares en buffets de abogados profesionales para intentar hacerse dueño de un descubrimiento científico. Mientras tanto, los desiguales porcentajes de vacunación en el mundo producen el surgimiento de nuevas variaciones del virus, con el potencial riesgo siempre latente de que las vacunas actuales dejen de ser efectivas.
Los reclamos por componentes de las vacunas podrían multiplicarse, sobre todo si algunos fallos judiciales comienzan a abrir la puerta para que se reconozcan a cada uno de los que colaboraron de alguna u otra manera para las distintas vacunas sean un realidad.
En este punto, la lógica de la propiedad privada choca de frente con la práctica científica efectiva. Los inventos y los descubrimientos científicos se apoyan siempre en investigaciones y avances anteriores. Mientras la ciencia tiende a funcionar como una comunidad científica, la propiedad privada capitalista le impone un chaleco de fuerza que impide su libre desarrollo.
No sólo el desarrollo de una vacuna implica un proceso complejo donde entran a jugar investigaciones y descubrimientos de distintos orígenes y procedencias. En general, muchos de estos desarrollos comienzan en organismos estatales. Los privados «aparecen» sólo una vez que de allí pueden ver un potencial producto para el mercado. Lo que desmiente a la ideología liberal acerca de la eficacia del mercado. Sin ir más lejos, la vacuna de AstraZeneca se desarrollo con un 97% de fondos provenientes del sector público. Sin embargo, la patente es privada.
Mientras tanto, el mundo vive una nueva oleada de casos de Covid-19 que ya están causando nuevamente consecuencias a la economía de los países, producto de los aislamientos y el retorno de algunas restricciones.
En vez de liberar de manera definitiva las patentes de las vacunas y avanzar con la inmunización de toda la población que continúa sin estar inmunizada, la respuesta de los gobiernos y las empresas es acortar los días de aislamiento para que los trabajadores contagiados vuelvan a sus puestos de trabajo lo antes posible. La humanidad superará la pandemia a pesar del capitalismo, y no gracias a él.
