Turquía: desastre natural, catástrofe capitalista

Tras la catástrofe, denuncian que 13 millones de edificios no cumplían el reglamento antisísmico. Las responsabilidades de Erdogan y de las empresas constructoras en la tragedia que se llevó más de 30.000 vidas.

0
33

Es sabido que los terremotos, sismos o seísmos amenazan a las poblaciones desde su aparición en este planeta. Nada puede hacer la humanidad para evitar el movimiento de las placas tectónicas. Pero a lo largo de la historia se han logrado enormes avances en términos de planificación y diseño urbano para mitigar sus consecuencias en términos económicos y, sobre todo, de pérdida de vidas humanas.

A una semana del enorme terremoto que azotó Siria y Turquía, el número total de muertos asciende a 35.000. Pero podría seguir aumentando con el paso de las horas y la renovación de las estadísticas. Sólo en Turquía se contabilizaron más de 30.000 fallecimientos, la inmensa mayoría del total.

En las últimas horas trascendieron denuncias en las redes sociales que señalaban la atención sobre el derrumbe de muchas construcciones sumamente recientes. La cadena de noticias británica BBC reunió y difundió varias fotografías que muestran enormes edificios derrumbados en ciudades como Malatya, Iskenderun y Antakya. Las edificaciones en cuestión fueron construidas hace pocos años, varias de ellas en 2019.

Edificio derrumbado en Iskanderun. Había sido inaugurado en 2019, en plena vigencia de las últimas regulaciones antisísmicas.

¿Qué es lo raro? Que desde hace 60 años existen en Turquía una serie de reglamentaciones anti – sísmicas que regulan la construcción vertical y que toda empresa constructora debería respetar. La legislación anti – sísmica sufrió varias renovaciones. La última fue tras los terremotos de 2018, aunque la normativa ya se había intensificado tras el sismo que dejó 17.000 muertos en la ciudad de Izmit en el año 1999.

Los especialistas señalan que, de cumplirse dicha reglamentación, cientos de miles de edificios no deberían haberse derrumbado.

Complejo de departamentos derrumbado en Antakya, inaugurado en 2019.

«La intensidad máxima de este terremoto fue violenta, pero no necesariamente suficiente para derribar edificios bien construidos» señaló David Alexander, académico en el sector de Planificación y Gestión de Emergencias del University College de Londres. «En la mayoría de los lugares, el nivel de sacudida fue inferior al máximo, por lo que podemos concluir que, de los miles de edificios que se derrumbaron, casi todos no cumplen ningún código de construcción antisísmica razonablemente esperado», continúa Alexander.

Responsabilidades

Estas denuncias sacan a la luz la responsabilidad de las empresas constructoras, del gobierno de Erdogan y del conjunto del régimen político turco sobre la catástrofe que azotó al país.

«El problema es que hay muy poca adaptación de los edificios existentes, pero también hay muy poca aplicación en las nuevas construcciones». Esto último se debe al sistema de amnistías de construcción que Erdogan y gobiernos anteriores vienen llevando adelante. La amnistía implica en términos prácticos que las empresas pueden incumplir toda norma antisísmica si está dispuesta a pagar una determinada tasa en forma de gravamen. El gobierno turco, en una señal de amistad a las empresas multimillonarias que lucran con el negocio inmobiliario, se ha mostrado dispuesto a intercambiar vidas por monedas.

Suele decirse que el valor de las vidas humanas es inconmensurable, pero en estos casos incluso las estadísticas pueden dar una dimensión del carácter criminal de gobiernos como el de Erdogan.

Según Pelin Giritlioglu, responsable de la Cámara de Urbanistas de Estambul, 75.000 edificios de la zona afectada por el terremoto en el sur de Turquía habían recibido amnistías de construcción.

Y esto no era ningún secreto. Días antes del terremoto, el Parlamento turco se preparaba para prorrogar una nueva amnistía. En 2020, tras un fuerte sismo en Esmirna, la BBC difundió que 672.000 edificios de esa provincia habían recibido amnistías. Hacia 2018, el 50% de los edificios del país habían sido construidos sin respetar ninguna normativa. Eso equivale a 13 millones de edificios.

Es casi imposible calcular la cantidad de vidas humanas que la negligencia capitalista y el hambre de ganancias pusieron en peligro para beneficiar a los especuladores inmobiliarios. Se trata por lo menos de la mitad de la población (unos 42 millones de personas) y probablemente mucho más teniendo en cuenta que la mayoría de las construcciones en cuestión eran torres de departamentos.

Pero una cosa es segura. El principal damnificado por esta escandalosa negligencia es el sector de menores ingresos de la población, los trabajadores turcos que (como en muchos otros países) dependen de los designios del mercado inmobiliario y de los pulpos de la construcción para acceder a una vivienda. Este fenómeno es universal. En todo el planeta la vivienda es un negocio en el que los empresarios ganan millones y la mayoría de la población pierde poder adquisitivo, estabilidad, seguridad y e incluso la posibilidad de acceder a una casa propia. En países afectados por los desastres naturales, como Turquía, el negocio inmobiliario genera además miles de muertes evitables.

Sumate a la discusión dejando un comentario:

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí