Toma del Capitolio: habría pruebas suficientes para acusar penalmente a Trump

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  • “Sabían que era ilegal y lo hicieron de todos modos”. Lo afirmó Liz Cheney, la vicepresidenta de la comisión de la Cámara de Representantes que investiga lo ocurrido.

Redacción

Representantes de la Comisión Parlamentaria que investiga el intento de toma del Capitolio por parte de seguidores de Donald Trump aseguraron que habría «pruebas suficientes» para acusar penalmente al ex Presidente por los hechos.

Lo aseguró en las últimas horas Liz Cheney, que integra dicha comisión a pesar de pertenecer también al Partido Republicano, al igual que Trump.

Según Cheney, la Comisión recopiló información suficiente como para mostrar que tanto Trump como su entorno sabían perfectamente lo que sucedería aquel 6 de enero de 2021.

«Sabían que era ilegal y lo hicieron de todos modos», afirmó Cheney, vicepresidenta de la comisión de la Cámara de Representantes que investiga lo ocurrido.

El objetivo de la acción, que terminó con más de 700 detenidos y cinco muertos, era «tratar de detener el recuento de los votos electorales, tratar de interferir en ese procedimiento oficial», según afirmó la representante Republicana.

No obstante, en sus declaraciones también admitió que no toda la Comisión está de acuerdo en presentar cargos penales contra el ex Presidente Trump, a pesar de que está conformada mayoritariamente por Demócratas. Cheney es una de los dos Republicanos que integran dicho organismo, y no cuentan con el apoyo de su partido.

En noviembre pasado ya fueron condenados algunos de los autores materiales del hecho, como el famoso «chamán de QAnon» que ingresó al capitolio vestido de bisonte.

Encubrimiento

La semana pasada las miras ya habían sido puestas nuevamente sobre Trump cuando se conoció un vacío en el registro oficial de comunicaciones del Presidente el 6 de enero de 2021.

Según la información a la que accedió la comisión parlamentaria que lo investiga, Trump habría ocultado sus comunicaciones desde las 11:17 hasta las 18:54 de aquel día. Precisamente durante todo el lapso en el que sus seguidores intentaron impedir por la fuerza la confirmación de la victoria de Joe Biden.

Se sospecha que durante esa brecha de casi ocho horas Trump haya utilizado canales alternativos de comunicación, salteándose los medios oficiales. Es impensable que mientras sucedía un hecho de esas características el Presidente no hubiera realizado ni recibido llamadas de ningún tipo.

De confirmarse, esto constituiría una violación a la Ley de Registros Presidenciales, que establece que las comunicaciones de los mandatarios son propiedad del Gobierno y que por lo tanto debe quedar registro de todas ellas.

La Ley de Registros rige desde 1978, luego del escándalo de Watergate que enchastró al entonces Presidente Richard Nixon.

Otros registros de la Casa Blanca indican que Trump habló con numerosas personas aquella tarde del 6 de enero. Uno de ellos fue su ex asesor Steve Bannon, quien un día antes había declarado para un podcast que aquel día «se desataría un infierno en el Capitolio».

Aunque la responsabilidad de Trump en aquella acción golpista sea evidente y las pruebas sean abrumadoras, es realmente dudoso que los intrincados canales institucionales por los que va la investigación puedan llegar a condenar -y quizás ni siquiera acusar- formalmente al ex Presidente.

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