A su regreso de la cumbre del G7 en Japón, este lunes Biden celebraba sendas reuniones con el líder de la bancada republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Las negociaciones volvieron a retomarse luego de varios días de desentendimiento total. El tiempo apremia, queda poco más de una semana para que el país no entre en cesación de pagos.

La crisis se desata en el marco de que el gobierno perdió la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término, en una situación de alta polarización política con pocos antecedentes en la historia reciente.

Por eso, no sorprende que la oposición más furiosa a negarse a elevar el techo de la deuda sea del sector republicano que responde al expresidente Trump, quienes están dispuestos a forzar el default si los Demócratas no se comprometen a llevar adelante un fuerte recorte del gasto.

Por su parte, el establishment republicano referenciado en la figura de McCarthy se muestra al menos dispuesto a negociar, pero no deja de exigirle al gobierno un recorte que reduzca los gastos al nivel de 2022, lo que significa un ajuste de unos 130 mil millones de dólares.

Para Biden esto sigue estando muy lejos de una propuesta aceptable, sobre todo porque implicaría recortar muchas de las «políticas sociales» que han sido el caballito de batalla de la gestión demócrata, por ejemplo el cobro de cheques de seguridad social.

El gobierno propone un esquema «mixto» que incluye algunos ajustes del gasto (como reducir subsidios a petroleras y grandes farmacéuticas) combinado con subida de impuestos a las grandes corporaciones y a los milmillonarios, y de esa manera en una combinación de ajuste con mayor recaudación reducir el déficit.

Las propuestas de mayores impuestos corporativos y a los millonarios parecen más una moneda de cambio fácil de entregar para poder llegar a un acuerdo con los republicanos que una realidad. Eso lo demuestra que Biden se «acordó» de lanzar estas propuestas con la crisis de deuda ya desatada.

Si Republicanos y Demócratas no llegan a un acuerdo para el 1 de junio, el país no tendría forma de afrontar sus gastos y entraría oficialmente en cesación de pagos, algo que nunca ocurrió en la historia. Las consecuencias económicas de este hecho implicarían un cimbronazo al sistema financiero global: si la deuda mejor calificada del mundo, la de los bonos del Tesoro, entra en default, ¿qué queda para el resto?

Además de dejar impaga la deuda, si esto ocurre es muy probable que el gobierno tenga que cerrar («shutdown»), algo que sí ocurrió en otras oportunidades, dejando a toda la administración pública federal paralizada, ya que el gobierno queda incapaz de pagar los salarios de trabajadores y funcionarios, así como gastos corrientes de funcionamiento del Estado.

Las negociaciones continuaran de manera frenética durante estos últimos días. Por supuesto que el eventual default no le conviene por sí mismo a ninguno de los dos sectores de la política estadounidense, pero la polarización política que atraviesa el país de costa a costa no deja tampoco demasiado margen de maniobra para los dirigentes, que observan la situación con los ojos puestos en las elecciones presidenciales del año próximo.

Si los republicanos fuerzan el default, o si Biden hace realidad sus advertencias de que recurrirá a la 14° enmienda de la Constitución -que le permitiría saltearse la aprobación del Congreso de aumentar el techo de deuda- significaría un salto en calidad en la crisis política y en los niveles de polarización.