Tras 7 meses de conflicto, la guerra en Ucrania podría estar entrando en su etapa más virulenta hasta el momento. Tras la recuperación de Jarkov por parte de las tropas ucranianas, Putin decidió cambiar de estrategia. El martes la Duma legalizó un paquete de medidas que le permite al gobierno ruso poner todo el aparato productivo, militar y civil del país en función de la guerra. La obligatoriedad de los empresarios a producir según las necesidades del frente bélico y fuertes penas de cárcel para los otkazniki (objetores, los soldados que se nieguen a ir a la guerra) son algunas de ellas.

Casi al mismo tiempo se anunció la decisión de los gobiernos prorrusos de Dónetsk y Lúgansk, y de las autoridades militares de facto de Zaporiyia y Jersón, de convocar a referéndums de anexión a la Federación Rusia entre el 23 y 27 de septiembre.

La idea detrás de los referendos es legalizar una eventual declaración de guerra. Hasta el momento, Rusia está invadiendo Ucrania bajo la figura de la «operación militar especial». Y una «operación militar» sólo involucra a un sector de las Fuerzas Armadas. Una guerra, por otro lado, involucra necesariamente (y de forma coercitiva) a todo el Ejército, e inclusive a sectores de la población civil.

Finalmente, Putin decidió no esperar a los referendos. El decreto de «movilización parcial» anunciado ayer es un paso concreto hacia el «estado de guerra».

Es cierto que por el momento no se trata de una movilización de población civil, sino únicamente de reservistas militares «con experiencia en combate». Aún así estamos hablando de un universo de 300.000 hombres rusos. Al mismo tiempo, aquellos militares que estaban combatiendo en Ucrania y que tenían contratos próximos a vencer verán sus funciones extendidas «hasta el final del periodo de movilización parcial».

Y el decreto de Putin deja la puerta abierta a aumentar la convocatoria cuando lo crea necesario. «Según este texto, cualquier persona puede ser llamada a filas, excepto los empleados del complejo militar-industrial», señaló la politóloga Ekaterina Shulman. Es imposible saber con exactitud cuáles serán las dimensiones concretas de la movilización y qué tan rápido se realizará, especialmente porque varios puntos del decreto son de carácter secreto. Pero el medio Novaya Gazeta señaló que la convocatoria final podría ascender hasta 1 millón de ciudadanos rusos movilizados al frente.

La partición de Ucrania

En el mensaje televisado en que anunciaba el decreto de movilización, Putin dió un mensaje muy claro. «La liberación de todo el territorio de Donbás sigue siendo el objetivo inamovible de la operación». Desde el fracaso de la toma de Kiev en febrero, Putin viene retrocediendo posiciones territoriales pero fortificando el Donbás y zonas aledañas en el sur del país (Jersón, Zaporiyia y el terreno ya anexado de Crimea).

El mandatario ruso volvió a referirse al Donbás como «el territorio histórico de Novorossiya [nueva Rusia]». Esta es la denominación, junto a «pequeña Rusia», que se dió al este ucraniano bajo el Imperio de los zares. De esta forma Putin coloca su reclamo sobre el Donbás en la tradición colonialista «paneslava» de los viejos zares, que reclamaba para Rusia la potestad de suprimir cualquier atisbo de autonomía nacional en Ucrania.

En realidad, el valor del Donbás para el putinismo no radica en ningún reclamo nacional ni identitario. Por encima de cualquier ligazón lingüística o cultural, se trata de una región históricamente ligada a Moscú en términos económicos y productivos. El Donbás es la región más rica de Ucrania, portadora de un fuerte conglomerado minero e industrial que contrasta con las regiones productoras de granos del oeste del país.

Tras la prédica nacionalista de Putin aparece en realidad una disputa geopolítica con la OTAN. «Las formaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania operan en realidad bajo el mando de los asesores de la OTAN», dijo en el mismo mensaje televisado. Esto último no deja de ser cierto. Tras algunas semanas de apabullante avance ruso en febrero y marzo, la dinámica de los enfrentamientos parece comenzar a darse vuelta a partir del suministro de armamento y, sobre todo, de inteligencia y logística al ejército ucraniano por parte de la OTAN.

Cruje el mapa geopolítico

«Pedí a China que utilizara su influencia sobre Rusia para poner fin a su guerra en Ucrania», decía Jans Stoltenberg, director de la OTAN, a través de Twitter tras reunirse con el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi en el marco de la Asamblea General de la ONU.

No es ningún secreto que la guerra en Ucrania no será cerrada gracias a la diplomacia. Pero los gestos de los últimos días por parte de los aliados de Rusia dan cuenta de un escenario poco favorable a Putin. En la última reunión de la Organización de Cooperación de Shangái (OCS), China y la India tomaron distancia de Putin respecto a la incursión en Ucrania. Las consecuencias económicas y comerciales de la guerra (inflación, escasez de energía y alimentos) ya están configurando una tormenta perfecta que podría golpear fuertemente sobre las economías más débiles.

Las subas de tasas de interés como respuesta a la inflación ya son las más altas en casi 40 años años en EEUU y la UE. Este cóctel, sumado a las contradicciones generadas por la pandemia, podría dejar a la economía global en la entrada de una nueva recesión.

El único gobierno que respaldó abiertamente a Putin fue el de Alexandr Lukashenko en Bielorrusia. El martes, el mandatario ordenó a que Consejo de Seguridad que las Fuerzas Armadas sean puesta en alerta «de acuerdo con los estándares de los tiempos de guerra» para impedir que las las fuerzas rusas «sean apuñaladas por la espalda» y pasó revista de la nueva «milicia nacional» que se está formando en su país. Por ahora, esto son sólo palabras. Pero la eventual entrada directa de un tercer Estado en la guerra podría abrirle las puertas a un conflicto de mayor envergadura, empujando a otros gobiernos a hacer lo mismo.

La sociedad rusa rechaza el guerrerismo y Putin impone un cerco interno

La respuesta de la sociedad rusa a la movilización está siendo de profundo rechazo. El día del anuncio de Putin se registró una inusual salida de ciudadanos rusos hacia Finlandia, el país fronterizo más accesible. El paso por tierra aumentó un 57% por encima de lo usual.

Al mismo tiempo se desató una ola de protestas en 38 ciudades del país. A pesar de la fuerte política represiva de Putin, que impuso penas de hasta 10 años para aquellos ciudadanos que «desacrediten» el accionar de las Fuerzas Armadas, miles de rusos marcharon en todo el país.

La represión del gobierno fue instantánea e incluyó 1.400 detenciones en todo el país. Además se tomaron acciones legales contra varios de los convocantes y varios detenidos recibieron una citación «a dedo» para marchar al frente mientras se encontraban retenidos en instalaciones policiales.

Las movilizaciones combinaron acciones espontáneas con convocatorias organizadas a través de las redes sociales. El principal convocante es el movimiento Vesná («Primavera»), una organización juvenil de filiación democrática – liberal. Esta organización ya había coordinado las movilización anti – guerra del 24 de febrero en la que hubo 2.800 detenidos, así como las del 13 de marzo (800 detenidos) y el 2 de abril (200 detenidos).

Desde el inicio de la guerra, 15.000 personas enfrentan multas o penas de cárcel por manifestarse contra la invasión. Una expresión clara del enorme malestar que existe entre la población rusa por la incursión de Putin sobre Ucrania.

Guerra y política: Putin juega con fuego

«Ahora la guerra llegará realmente a todos los hogares y a todas las familias. La guerra ya no está ‘en algún lugar ahí fuera’, ha llegado a nuestro país, a nuestros hogares, a nuestras familias».

Con estas palabras convocaba Vesná a las movilizaciones ocurridas el día miércoles. El decreto guerrerista de Putin puede generar un viraje en el curso de la guerra, pero también podría marcar un punto de quiebre en la conciencia política de millones de rusos.

Es claro que desde el inicio de la guerra la percepción de los hechos por parte población rusa no fue homogénea. A pesar de la campaña de desinformación y nacionalismo ideológico de Putin (las clamas por la «desnazificación» y la protección del «territorio nacional») existen sectores que no ven con buenos ojos la invasión y destrucción de un país hermano.

Desde el punto de vista militar, Putin tenía dos opciones: avanzar hacia la declaración de guerra abierta y la movilización militar o dar por perdidas las posiciones ganadas desde el 24 de febrero.

Desde el punto de vista político, la situación es mucho más compleja. Perder el dominio del Donbás sería una derrota irremontable para Putin. Rusia saldría sin ninguna ganancia concreta de una guerra iniciada por motus propio y en la que perdió 50.000 soldados, además de millones de rublos.

Putin no puede ganar la guerra (ni mantener el dominio del Donbás) sin decretar la movilización. Pero decretando la movilización podría hacer estallar un descontento masivo dentro de Rusia, lo que podría hacer peligrar no sólo sus planes de guerra, sino el futuro de su proyecto político.

La represión interna es un rasgo constitutivo del bonapartismo putinista. Pero, hasta ahora, Putin poseía los relativos éxitos económicos y la construcción de un proyecto nacionalista como herramientas de legitimación interna. Eventuales reveses militares podrían por tierra con el proyecto imperial de Putin. Y el desgaste de las sanciones, la inflación y la retracción económica, sumado a las contradicciones que impondrá la «economía de guerra» en la vida cotidiana de la población, podría degradar las condiciones de vida de millones de rusos. Y, junto con ellas, la popularidad de Putin frente a su base social.