Un nuevo proceso electoral se abre en el Ecuador a partir de la disolución de la Asamblea Nacional por parte del presidente Guillermo Lasso en mayo de 2023. Haciendo uso del decreto constitucional denominado “muerte cruzada”, el banquero pudo evadir el juicio político que ésta le tenía reservado. Sin embargo la figura constitucional de la muerte cruzada implica al mismo tiempo un llamado anticipado a elecciones. De este modo en agosto 2023 los ecuatorianos votarán los nuevos 137 representantes a la Asamblea y un nuevo presidente. Los comicios del 20 de agosto incluyen una consulta popular a fin de decidir la preservación de dos reservas naturales de la explotación de crudo, el  del Yasuní y el del Chocó Andino.

Ocho binomios se presentaron:

El excandidato presidencial y representante del movimiento indígena Yaku Pérez junto a la académica y docente Nory Pineda (Alianza Claro que se puede – Unidad Popular, Partido Socialista Ecuatoriano – Democracia Sí).

La ex asambleísta del correísmo Luisa González y el excandidato presidencial Andrés Arauz es la carta que se juega el expresidente Rafael Correa para las elecciones a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente (Movimiento Revolución Ciudadana).

El empresario y economista Jan Topic, junto a la abogada Diana Jácome (Alianza por un País Sin Miedo – Partido Social Cristiano – Sociedad Patriótica y Centro Democrático).

El exvicepresidente Otto Sonnenholzner y la ambientalista Erika Paredes (Alianza Actuemos, integrada por Avanza y SUMA).

El empresario y excandidato presidencial Xavier Hervas correrá de nuevo en estas elecciones de la mano de Luz Marina Vega, una médica indígena (Movimiento Reto).

El empresario Daniel Noboa, hijo del excandidato presidencial Álvaro Noboa, irá junto a Verónica Abad, vinculada a la innovación empresarial (Alianza Acción Democrática Nacional – Pueblo, Igualdad y Democracia y Mover).

El abogado y excandidato a la Asamblea por el correísmo Bolívar Armijos y la comunicadora Linda Romero (Movimiento Amigo – Acción Movilizadora Generando Oportunidades Ecuador).

El exlegislador y activista contra la corrupción Fernando Villavicencio junto a la ambientalista Andrea González Nader (Movimiento Construye Ecuador).

Una campaña entre violencia y  represión

La campana toma un cambio inesperado a raiz del asesinato de uno de los candidatos a la eleccion, Fernando Villavicencio, periodista conocido por develar casos de corrupción en la función publica durante los gobiernos de Correa y Moreno. Es, sin duda, un crimen político que busca impactar en un resultado que anuncia de manera muy anticipada el retorno del progresismo al poder. Un resultado que el correísmo viene trabajando desde las elecciones municipales de febrero. Ya contaba con una presencia relativamente influyente en la Asamblea.

Tras los acontecimientos, el presidente Guillermo Lasso estableció el estado de urgencia en todo el país. Esto implica que todos los eventos públicos quedan prohibidos y se establece un toque de queda a partir de las 18hs, así como una presencia extendida de militares y policías en lo largo del territorio durante 60 días. Lasso también solicitó la presencia de sus aliados del FBI para continuar las investigaciones en relación al asesinato de Villavicencio.

Si bien el gobierno pretende que la campaña continúe y dejó muy claro que las elecciones se realizarán según el calendario previsto, no se sabe bien qué forma tomará la continuidad del proceso electoral. En suma, la campaña cobra cierto tinte represivo, la población queda completamente fuera de juego y sin jugar ningún rol.

Un narco gobierno en crisis

Lo cierto es que los elementos de degradación social y política se vienen cocinando en el país desde el 2019. Todos recordamos la grave crisis humanitaria que atravesó el país bajo la gestión de Lenin Moreno en relación a la pandemia y una crisis económica profunda en razón del endeudamiento con el FMI y los organismos internacionales. Las elecciones del 2021 fueron organizadas por la burguesía y para la burguesía, dejando al banquero Guillermo Lasso en el poder.

Su gestión no representó más que la continuidad del modelo de Moreno. La degradación social y política alcanzó niveles extremos y esto se expresó en la crisis carcelaria. Hubo 14 verdaderas masacres en 28 meses, amotinamiento y retención de policías tras la ruptura de la alianza entre los grupos carcelarios (Lobos y los Tiguerones).

Seguido de esto, en febrero de 2023 el periodista Anderson Boscan y la policía antinarcóticos revelan vínculos del cuñado del presidente, Danilo Carrera, con el narcotráfico y la mafia albanesa. Grupos criminales podrían haber aportado a la campaña de Lasso con grandes sumas de dinero a cambio de cargos públicos. La investigación avanzó incluso a determinar la intervención en instituciones claves como el servicio de aduanas para permitir el paso libre de drogas y armas; o cargos en el Ministerio de Energía, para el control de minas donde el narco lavaba el dinero.

Ecuador, un carrefour regional

Este contexto de degradación generalizada responde sin duda a problemas estructurales no resueltos en el país, que dieron lugar a grandes revueltas populares en 2019. Estas se replicaron en junio de 2022 contra las políticas antipopulares de Lasso. Estas movilizaciones, dirigidas por la Confederación de pueblos indígenas CONAIE, permitieron confluir sectores muy activos del feminismo y de la lucha por los derechos de la naturaleza en un gran paro general.

Las jornadas fueron masivamente reprimidas y culminaron con el “Acuerdo por la paz” firmado por el gobierno y la CONAIE con mediación de la Iglesia, tras 18 días de movilización. Por su parte, para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,​ Lasso aplicó un programa de reforma estructural que incluyó la aprobación de una ley de desarrollo económico que incluía más impuestos, la reducción del gasto público, el crecimiento de las reservas internacionales y la disminución de actividades del Estado.

En compensación, Lasso incrementó el salario básico y congeló el precio de gasolina y diésel. Lo cierto es que Lasso es un clásico representante local del FMI y que si bien su discurso es el de perseguir la corrupción y el crimen organizado, ha sido altamente eficaz en integrarlos por completo en su gobierno. Una gestión bastante clásica en el sentido del servilismo al capitalismo imperial estadounidense que no termina de encontrar unanimidad al interior de la pugna interburguesa bastante fragmentada. Esto último se puede percibir si se tiene en cuenta la cantidad de binomios que se presentan para agosto próximo con el mismo plan económico.

Sin embargo es central comprender que varios elementos de orden regional que  se conjugan en el territorio ecuatoriano: la instalación de un narco estado bajo el modelo uribista colombiano violentamente neoliberal y con vinculaciones a carteles internacionales importantes; y por otro lado la presión del retorno al progresismo marcado por las figuras de Lula y Petro.

La movilización por izquierda presenta límites concretos a la hora de lanzar un paro general y es que una buena proporción de los trabajadores o están sin empleo o en empleos informales y condiciones de pobreza. Si bien en 2019 el gobierno no logró pasar el aumento de la gasolina, en 2022 el entreguismo de la lucha efectuado por la dirección indígena representó una traición y fue seguido de una inmensa derrota que se sigue procesando en las capas populares. Del mismo modo, la movilización queda restringida o al feminismo o la ecología. No hay grandes peleas por las reivindicaciones más generales, por salario o las condiciones de trabajo.

A la vez, no hay un desborde hacia la extrema derecha como Milei o Bolsonaro, o por lo menos no todavía. Esto permite pensar que existe todavía cierto margen para desarrollar alternativas política radicalizada por izquierda del arco progresista, más allá de una posible victoria del binomio correista Luisa Gonzalez- Andrés Arauz. No esta de más añadir que muy probablemente el gobierno de una figura femenina permita desarrollos críticos por izquierda de los sectores feministas, pues la candidata del correismo se manifestó previamente en contra del derecho al aborto.

La salida viene de la mano de la organización

Nuestra corriente Socialismo o Barbarie  sigue de cerca la situación en el país andino así como los resultados electorales del próximo 20 de agosto. Insistimos en que es fundamental sostener un posicionamiento firme en torno a la protección de la preservación del Yasuní y del Chocó Andino en cuanto a la consulta popular.

Denunciamos la instauración del estado de urgencia como un intento de mantener el control sobre el proceso electoral por parte de sectores de la derecha y los intereses imperialistas en el país. Denunciamos la presencia del FMI, que viene a imponer sus intereses en medio de un proceso electoral que debe ser democrático.

La crisis global, sistémica/orgánica del Ecuador exige  una alternativa soberana que le permita una salida integral del sistema semicolonial. La corrupción – lastimosamente, una bandera de la derecha- sólo puede ser combatida de la mano de un programa anticapitalista y antiimperialista que ponga en el centro los intereses de las mayorías trabajadoras. Sólo de la mano de la organización de la clase trabajadora es posible la refundación del país sobre otras bases sociales para dar una salida integral al problema de la violencia y el narcotráfico. Es necesario organizar desde abajo las reivindicaciones ecológicas, feministas pero también presionar para incluir las reivindicaciones laborales en la agenda política. Sólo una política revolucionaria permitirá superar el espíritu corporativista, dividido, de las luchas y una verdadera unidad de acción para los jóvenes, mujeres, campesinos y trabajadores. Es necesaria una organización que visualice una perspectiva de base, representativa de lo más avanzado de los sectores en lucha para arrancar las reivindicaciones a cualquier gobierno de turno.

¡Abajo el estado de urgencia!

Fuera el FMI

Por una salida desde abajo

¡Organización popular!