Por Antonio Soler

Así lo anunció Paulo Guedes, ministro de economía, en una reunión en Estados Unidos. También amenazó con tomar medidas de la dictadura de los 60′.

Hace apenas unas semanas, Guedes se mostraba confiado con sus planes de ajuste. Pero la persistencia de la calle en Chile, que tiene al régimen contra las cuerdas, y su contagio a Colombia, parecen hacerlo hecho cambiar de opinión. En una reunión con el gabinete de Trump dijo que: “Es verdad que se ha desacelerado. Cuando todo el mundo empieza a salir a la calle sin motivo aparente, dices: ‘Mira, para no darles un pretexto vamos a ver, vamos a entender lo que está ocurriendo” según reflejó el diario Estadão. 

Así, el mega paquete de ajuste conocido como «Plano Mais Brasil» quedaría congelado hasta el año que viene, esperando un mejor momento, con las calles más frías. A la vez, los datos de la economía brasilera no paran de darle malas noticias al gobierno. El real cayó a un mínimo histórico respecto al dólar y el resto de las monedas de intercambio internacional. El anuncio de que el déficit de cuenta corriente de Brasil fue mucho más alto al esperado fue una bomba para la gestión bolsonarista que le deja poco margen para avanzar.

No obstante, a tono con el ultraderechismo de Bolsonaro, Guedes amenazó también con medidas de la dictadura militar en el caso en que hubiera movilizaciones en Brasil. “Sean responsables, practiquen la democracia. ¿O democracia es sólo cuando su lado gana? Cuando el otro lado gana, a los diez meses, ¿ya llamas a todos para ocupar la calle? ¿Qué responsabilidad es esta? No se asusten si alguien pide el AI-5. ¿No ha sucedido una vez? ¿O fue diferente? Llevar a la gente a ocupar las calles para romperlo todo. Eso es estúpido, estúpido, no a la altura de nuestra tradición democrática.”

El «AI-5» (Acta Institucional 5) fue el decreto de la dictadura militar que en la década de los 60′ le dio el poder al presidente para cerrar el Congreso, intervenir gobierno estaduales y municipales y suspender todos los derechos básicos individuales. Fue el decreto del poder represivo sin límites de la dictadura militar.

Reproducimos un análisis de Antonio Soler, columnista de Esquerda Web de Brasil y dirigente de Socialismo o Barbarie-Tendencia del PSOL, sobre el «Plano Mais Brasil», el plan de ajuste suspendido.

Una declaración de guerra contra la clase trabajadora brasilera

Jair Bolsonaro y Paulo Guedes (Ministro de Economía) entregaron al Senado Federal, para tramitar, tres proyectos de enmiendas constitucionales titulados por el gobierno como “Plan Más Brasil – La Transformación del Estado”.

El paquete de enmiendas constitucionales, también llamado pacto federativo, que corresponde a todos los niveles (federal, estadual y municipal) de la federación y poderes de la república (ejecutivo, legislativo y judicial) significa una serie de ataques escandalosos a los servicios públicos y de beneficios para el capital financiero. Esa [es una verdadera constituyente fiscal reaccionaria que se suma a la Enmienda Constitucional del Techo de Gastos [1], aprobada durante el gobierno de Temer, que viene a terminar de poner todo las finanzas públicas al servicio del capital rentista.

“Es muy dura la vida cuando no se tiene una organización política. Estoy intentando hacer lo mejor que puedo”. (Paulo Guedes, Ministro de Economía)

De la enorme cantidad de medidas contenidas en las tres PECs, vamos aquí a señalar algunas que nos parecen las más contrarias a los intereses de los trabajadores y favorables a la clase dominante, principalmente al capital rentista.

Entre las enmiendas se destaca la creación de la “situación de emergencia fiscal”. En esta, cuanto el gobierno federal tuviera proporcionalmente en su presupuesto más déficit fiscal que inversiones en “obras”, situación en la que nos encontramos hoy, una cláusula prohíbe automáticamente aumentos de los gastos públicos, inclusive en funcionarios de los tres poderes, durante dos años. En la situación fiscal actual sería inmediatamente implantada esa cláusula regresiva de la cual saldríamos recién después de 2024.

Con eso, además de continuar sin ninguna medida para enfrentar la situación calamitosa de la salud y educación pública de millones de brasileros, los trabajadores del sector público podrían ver su jornada laboral y sus sueldos reducidos en un 25%, así como, suspendidos los reajustes salariales y ascensos. Según el gobierno, el objetivo de esa medida es obtener un ahorro de 50 billones de reales en diez años, valor que “podría”, según el gobierno, ser usado en gasto público, pero, como veremos abajo, toda esa “reforma” tiene como único objetivo atender a los intereses del capital financiero.

Con ese paquete, nuevos préstamos, renegociaciones de las deudas de los estados y  municipios con estado serán prohibidas a partir de 2026. Lo que, en una situación de crisis financiera como la actual, deja estados y municipios huérfanos, pues sin la ayuda federal, estos entes federados no pueden emitir títulos para generar liquidez. Para “compensar” esa situación, como el ejemplo del gobierno federal, estados y municipios podrán planificar sus presupuestos.

Se acaba el piso de porcentajes de fondos que deben ser destinados para salud y educación. Actualmente la Constitución Federal define que un 12% debe ser dedicado a salud y un 25% a educación en el caso de los estados, y los municipios deben garantizar un 12% para salud y un 25% para educación.

El gobierno inicialmente quería eliminar el valor mínimo destinado a salud y educación, pero ante la resistencia desistió de la propuesta. Pero con las nuevas enmiendas, en los fondos de estados y municipios para educación y salud, se pone fin al  piso mínimo fijado para ambas áreas, quedando a criterio de los intendentes y gobernadores decir en cuál de las dos áreas la fijación del porcentaje mínimo será revertida.

La medida ya prevé que partir de 2026 serán prohibidos nuevos beneficios tributarios superiores al 2% do PIB, el excedente de la recaudación y del superávit financiero serán destinados a la amortización de la deuda pública. Además de eso, los 281 fondos públicos que totalizan 220 billones de reales serán liberados para la reducción de la deuda pública que hoy está cerca de los 4 trillones de reales.

Además de esa prohibición, el gobierno quiere reducir de 40% a 14% el porcentaje de recursos del FAT (Fondo de Amparo al Trabajador) destinado al BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), lo que significa la reducción de la capacidad del estado para invertir en el desarrollo económico y un absoluto fortalecimiento de los bancos privados.

Las PECs [Propuestas de Enmienda Constitucional] atacan frontalmente los derechos y condiciones mínimas de subsistencia de los empleados públicos, que en su mayoría ya se encuentran con salarios arrasados, el empeoramiento exponencial en os servicios públicos con la reducción de personal, principalmente en los sectores que atienden a la mayoría de la población como la salud y educación.

Como vemos, el presidente neofascista Bolsonaro y el ministro banquero Guedes proponen con esta verdadera constitución fiscal reaccionaria e imponer en silencio sin la mínima consulta popular, la restricción de la mínima posibilidad de inversiones en una situación económica de recesión crónica, y mienten descaradamente cuando hablan sobre la creación de políticas de estímulo a la producción y el consumo.

Un gobierno de espaldas a las necesidades básicas del pueblo para favorecer al capital

Toda ese “ahorro” significa, en realidad, la dilapidación de la riqueza, asfixia de los servicios públicos y de las inversiones  productivas con el fin de la amortización de una deuda pública que sabemos es fruto de tasas criminales de interés al servicio del gran capital.

En relación a esas PECs fiscales, el gobierno tiene prisa y pretende aprobar todo el conjunto de medidas antes de abril del próximo año para que su tramitación y votación no sea influenciada por el calendario electoral.

Pero, la PEC que crea de hecho el “estado de emergencia” y que establece, sin sombra de dudas, un ataque estratégico sobre los derechos de los trabajadores y los servicios públicos de la población, el gobierno lo quiere aprobar este año.

Datos divulgados el día de hoy (6), apuntan a nuevos 4,5 millones en la extrema pobreza, un record de acuerdo con el IBGE.

Estamos ante una devastación total del estado brasilero y de los derechos de los trabajadores. Es necesario inmediatamente oponer una dura resistencia contra esa hecatombe que la clase dominante quiere imponer a los trabajadores.

Ya dijimos que las centrales y partidos pelegos (CUT y PT, respectivamente) al no llamar a continuar la lucha permitieron que la “reforma” Previsional avanzase hasta llegar a su votación y aprobación prácticamente sin resistencia en el Senado. La política de esas direcciones es la responsable por esa inmensa derrota para los trabajadores, y animó más al bloque reaccionario que está en el poder dándole continuidad a sus ataques.

Tomar las calles para derrotar este paquete e imponer una correlación de fuerzas distinta

Las declaraciones fascistas del diputado e hijo de Bolsonaro (Eduardo Bolsonaro) de que podrían usar un nuevo AI-5 (Acto Institucional Número Cinco que significó el auge de la censura y represión durante la dictadura militar) para contener una posible rebelión como la de Chile, las denuncias de involucramiento del presidente directamente en la muerte de Marielle Franco, o desastre ambiental causado pelo derramamiento de petróleo en el océano, además de una serie de otros hechos, aumenta enormemente la bronca contra el gobierno y su política.

Bronca que pode ser acrecentada aún más si las centrales sindicales y las organizaciones políticas que se dicen de izquierda hicieran una amplia campaña de esclarecimiento de la perversidad que significa ese paquete a los trabajadores. Las contradicciones del gobierno a cada paso se amplían y pueden impulsar el enfrentamiento a esa propuesta de devastación de los derechos y de los servicios públicos, un verdadero saqueo para beneficiar exclusivamente al capital financiero.

Por eso, desde Socialismo o Barbarie, creemos que es urgente que la izquierda socialista, comenzando por la dirección de nuestro partido (PSOL), impulse desde abajo la exigencia a todas organizaciones que dicen representar a los trabajadores para que se muevan inmediatamente en el sentido de organizar acciones de rechazo a este paquete de enmiendas constitucionales.

Es fundamental, sin perder tiempo, convocar asambleas en todos los lugares de trabajo, organizar comités de base en todas las ciudades y marcar inmediatamente un día nacional de movilización y organizar una huelga general para barrer ese reaccionario y hediondo paquete de enmiendas constitucionales y derrotar este gobierno en las calles.

[1] Esa enmienda constitucional aprobada en el gobierno de Michel Temer que prohíbe por 20 años el reajuste de gastos públicos por inflación para los gastos primarios (el pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública no son gastos primarios) y las inversiones públicas en salud y educación.