El Congreso de Perú aprobó este martes la reforma constitucional que permite adelantar las elecciones a abril de 2024.

En un acuerdo entre las fuerzas del oficialismo, y la principal oposición, la extrema derecha fujimorista, el Congreso aprobó con 93 de los 89 votos necesarios la reforma que recorta el mandato de la actual presidenta, Dina Boluarte.

Boluarte se desempeñaba como vicepresidenta de Pedro Castillo, quien fue destituido en un golpe parlamentario el pasado 7 de diciembre.

Tras la destitución de Castillo estallaron decenas de protestas, bloqueos y movilizaciones en todo el país, que el gobierno respondió con la militarización del país y una brutal represión. A la fecha se registran 27 muertos y más de 500 heridos por el accionar de las fuerzas represivas.

La represión profundizó la crisis política y algunos funcionarios de Boluarte presentaron su renuncia. Para intentar descomprimir la situación, Boluarte anunció una renovación del gabinete, que comenzó con el despido del primer ministro Pedro Angulo.

Pero el descontento popular y el hartazgo con todo el régimen político continúa expresándose en las calles, a pesar de la represión. El gobierno y la oposición fujimorista intentan apaciguar la bronca con un lejano y brumoso adelantamiento a elecciones, que sería recién en 2024.

No es esta la agenda que expresan las calles. En los bloqueos y las movilizaciones se exige la disolución del congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que rediscuta por completo el podrido régimen político del país, incapaz de salir de una crisis que arrastra hace años.

Pero tanto el gobierno como el fujimorismo -que es el sector político más fuerte del país al mismo tiempo que despierta un férreo rechazo entre las masas trabajadoras y populares del Perú- se oponen por principio a ese programa, ya que cuestiona precisamente al régimen del cual ellos son parte fundamental.

En cambio, las fuerzas del régimen intentan que con el adelantamiento de las elecciones se supere superficialmente la crisis y se desarmen las movilizaciones. Se trata simplemente de una bomba de humo para que nada cambie realmente, precisamente cuando las calles exigen cambios de fondo. El régimen busca simplemente reciclarse buscando por enésima vez un nuevo (y no tan nuevo) personal político que lo encabece.

Las últimas encuestas han revelado que una enorme mayoría estaría a favor de un adelantamiento de las elecciones «siempre y cuando vayan acompañadas de una reforma política y electoral», según informaba el diario El Comercio. Los resultados expresan el hartazgo de una mayoría social contra un régimen político que se reveló no sólo incapaz de resolver las cuestiones sociales y económicas más fundamentales, sino incluso de sobrevivirse a sí mismo.