Las caravanas se desplazan de a grupos grandes y grupos masivos desde hace días hacia la capital del país. El sur y las sierras indígenas vienen protagonizando lo que es una verdadera movilización por todo el país hacia Lima.

La tensión y la preocupación crecen entre los funcionarios del gobierno golpista. La «Marcha de los Suyos» (los cuatro puntos cardinales y las cuatro grandes regiones de la tradición inca) ya es ampliamente masiva y popular antes de empezar. También es llamada la «toma de Lima» lo que serán dos días de movilización y paro general convocado por la Confederación de los Trabajadores del Perú, los 19 y 20 de enero.

Sumida en la preocupación, la presidente no votada por nadie dijo: “Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes el 18 y 19,yo los llamó a tomar Lima, sí, pero en paz en calma. Los espero en la casa de gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen”.

Pide «paz» para por adelantado intentar hacer responsable de la violencia golpista a los movilizados. Hay ya casi 50 muertos desde que comenzaron las protestas, todas del lado de quienes rechazan a Boluarte. Además, esa violencia represiva se le impone al país para hacer gobernar a gente no electa por nadie. Si no hay «paz» en Perú no es responsabilidad de los protagonistas de la rebelión.

La campaña internacional de la prensa capitalista intenta presentar las movilizaciones como meras simpatizantes del débil gobierno de Pedro Castillo. Intentan no poner el foco así en la profunda ilegitimidad de las instituciones de la democracia capitalista pos fujimorista. Desde la caída del dictador, no hubo un solo gobierno medianamente fuerte o legítimo. Las movilizaciones expresan el hartazgo de que siempre se gobierne contra la voluntad popular.

Por eso las consignas van mucho más allá de que el gobierno de Boluarte debe irse, de la convocatoria a elecciones, la disolución del parlamento golpista y la libertad de Castillo. Millones están exigiendo una Asamblea Constituyente que transforme de pies a cabeza el régimen político del país. Una de las promesas no cumplidas del gobierno de Castillo fue, precisamente, ponerle fin a la Constitución de 1993 impuesta por el dictador Fujimori.

El golpismo intenta imponerse con la violencia 

Ya son 49 los muertos por la masacre que ordenó el gobierno de Boluarte desde que el congreso destituyó a Castillo, el pasado 7 de diciembre. Sin embargo, desde la semana pasada las manifestaciones y los bloqueos han ido en aumento, replicándose en más de 100 puntos del país.

La declaración del Estado de Emergencia y la intervención militar intenta responder de manera aún más violenta y asesina a la oleada de movilizaciones, que rechazan el golpe parlamentario contra Castillo, exigen un llamado inmediato a elecciones y en algunos casos también la convocatoria a una Asamblea Constituyente y el repudio a todo el régimen político.

El Estado de Emergencia implica la suspensión de los derechos constitucionales de inviolabilidad del domicilio y libertad de tránsito y reunión, por lo que el gobierno intenta girar hacia un régimen marcadamente autoritario.

El epicentro de las protestas es el sur del país, de mayoría Quechua y Aymara, un sector históricamente marginado por los sucesivos gobiernos y las élites de Lima. En esa región es donde Castillo concentró la mayor cantidad de votos y donde más tenazmente se expresa el repudio a la ultraderecha representada en la familia Fujimori.

La crisis de todo un régimen

Tras la caída de Fujimori, las principales fuerzas políticas de la burguesía se sucedieron unas a las otras sin que ninguna haya podido establecer una hegemonía política clara en el país. No sólo cada uno de los partidos respecto a sus rivales, sino del régimen como tal: los propios partidos, la propia «oferta» del personal político capitalista del país nunca logró conformar un «elenco estable» que encarne de manera más o menos representativa ciertos intereses de clase, fracciones de clase y sus relaciones de fuerzas.

La dictadura cayó con un enorme repudio popular, prácticamente unánime en las clases trabajadoras y populares, pero manteniendo un importante apoyo en las pequeñas burguesías urbanas, en particular en Lima.

Para las clases dominantes -la burguesía comercial limeña y la relacionada con la explotación de recursos naturales en el interior- el fujimorismo del cual habían sido aliados durante una década se había vuelto insostenible políticamente. En plena hegemonía de la globalización neoliberal, en Perú todavía subsistía una dictadura que parecía anacrónica a su propio momento histórico, del estilo de las que tanto proliferaron en Latinoamérica dos o tres décadas antes, en los ’60 y los ’70. El mundo había cambiado profundamente desde entonces.

Pero si Fujimori cayó, no así el fujimorismo, que continuó existiendo como una fuerza parlamentaria hasta hoy. De hecho, y este es un punto central que explica la crisis, la derecha fujimorista subsistió como la única fuerza política fuerte y relativamente estable del régimen, que mantiene una importante base social de apoyo en las clases medias y una parte de la burguesía.

Eso es lo que explica que, prácticamente durante veinte años, todo gobierno que llegaba a través de las elecciones era brutalmente embestido por el parlamento, donde siempre el fujimorismo se mantuvo como una fuerte minoría. Casi siempre escudándose en los casos de corrupción, el fujimorismo apostó -y sigue apostando- a volver al poder evitando que cualquier otro gobierno pueda hacer pie. Una cosa extraña en un país latinoamericano: en Perú el Poder Legislativo es el más fuerte de los tres, y el Ejecutivo el más débil. La inversa suele ser la regla.

El régimen político está así hace años en un impasse: el fujimorismo es la única fuerza capitalista fuerte, pero es resistido por una parte de la burguesía, por un lado, y masivamente por las mayorías populares, por el otro.