La cara visible del golpe es Dina Boluarte, ex vice presidenta del propio Castillo y que fue junto a él candidata por el partido Perú Libre, lo cual le ha valido el mote de traidora.

El gobierno golpista cuenta con el apoyo de las fuerzas armadas y la policía, la burguesía y sus medios de comunicación, todo el staff político derechista y reaccionario entre los que se encuentran Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el actual intendente de Lima, López Aliaga (Renovación Popular),además del imperialismo de EEUU, que reconoció de manera exprés a Boluarte apenas horas después de su asunción. El ejército y la policía vienen llevando adelante una brutal represión con alrededor de 60 asesinados con balas de plomo en las protestas que se llevan adelante en diversos puntos del país. Se trata de una de las mayores matanzas de la historia reciente de este país en eventos directos de choques.

Pero a la par del golpismo se desarrolla una enorme rebelión popular (campesina, rural, originaria y en segundo lugar de trabajadores organizados en la CGTP, a los que podría estar incorporándose con fuerza sectores universitarios de distintos puntos de Perú que han convocado a movilizaciones en repudio a la irrupción de la policía en la emblemática Universidad de San Marcos en Lima). Es tal vez la mayor rebelión popular que haya conocido Perú en décadas[1]. Rebelión popular que al igual que las últimas rebeliones en Chile, Colombia y Ecuador y en contraste con las rebeliones de los 2000, no dan lugar a renuncias rápidas de los gobiernos, sino que tienden a mantenerse en pie hasta iniciar un proceso electoral, lo cual no quita su riqueza.

Tanto la magnitud de represión y la reafirmación de la continuidad del gobierno golpista, como la intensidad y magnitud de la rebelión popular que tiene entre sus principales consignas “¡Fuera Boluarte y el congreso golpista!” y “¡Asamblea Constituyente ya!” nos dan la pauta del “choque de planetas” que se ha abierto en Perú.  Una situación en la que conviven dos tendencias contrapuestas cuya dinámica se encuentra en desarrollo, sin definición en lo inmediato, y en la que no es claro que sea posible una mediación. Por caso, el gobierno de Boluarte ha establecido el adelantamiento de elecciones para el 2024, un sector parlamentario de centro exige el adelantamiento para este año, mientras que la exigencia de la calle es la renuncia inmediata del golpismo.

Desarrollamos a continuación una serie de definiciones sobre el proceso abierto, con los cuidados de la distancia respecto del país que nos obliga a no dar definiciones tajantes respecto de los elementos más coyunturales del proceso.

Un choque de tendencias irresuelta

La movilización de los “Cuatro Suyos”[2] o de la “Toma de Lima” iniciada la semana pasada continúa por estas horas con la llegada de delegaciones de distintos puntos del país diariamente. A esto se suma el paro general convocado días atrás por la CGTP (Confederación General de Trabajadores de Perú, dirigida por la burocracia del PC, pero actualmente desbordada por el activismo, aunque no nos queda claro la magnitud del paro propiamente dicho).

Es un hecho que la rebelión tiene fuertes puntos de apoyo en el interior del país, principalmente en el Sur: Puno, Cuzco y Arequipa. En las ciudades principales de estos departamentos se han llevado sucesivos intentos de tomas de aeropuertos, y fue en la ciudad de Juliaca (Puno) donde la brutal represión de las fuerzas represivas dejó el saldo de 18 manifestantes muertos y cientos de heridos el 9 de enero pasado. El hecho tuvo como respuesta categórica la ampliación de la rebelión a nuevos puntos del país. También al Norte/centro y Noroeste del país Lambayeque, Cajamarca y Piura se encuentra en pie de lucha. En total unos 160 cortes de ruta son llevados adelante día a día en todo el territorio, poniendo al país en una virtual paralización.

Por el contrario, Lima concentra la clase media y a la burguesía del país, donde el fujimorismo de Keiko obtuvo el 60% de los votos en las últimas elecciones presidenciales, y que tiene actualmente como intendente a López Aliaga (también competidor en las últimas elecciones presidenciales y tercero en la contienda), un empresario ultra reaccionario y militante del Opus Dei que le disputa al fujimorismo el electorado derechista. Fuera de Lima, los conos sur/norte/este/oeste (una suerte de “Gran Lima”) concentran las “poblaciones jóvenes” o villas miseria de trabajadores pobres. Recordemos que en Perú tiene alrededor del 78% de trabajadores informales (precarizados).

Este elemento capitalino de derecha es sin dudas un contrapeso a la rebelión y un punto de apoyo para el golpismo que no se ha quebrado hasta el momento. Más allá de esto la irrupción de la policía en la Universidad de San Marcos, cuyos estudiantes habían abierto las puertas y dado alojamiento en la Universidad a los sectores movilizados del interior del país, ha generado el repudio de sectores de clase media limeña.

Si la reciente irrupción de la policía militar en Universidad actuó como reafirmación reaccionaria frente a las movilizaciones provenientes de todo el país contra el gobierno golpista, el posterior retroceso y la liberación de los detenidos da cuenta de ciertos límites con los que se ha encontrado Boluarte y compañía. Una suerte de ida y vuelta en la que el gobierno de facto no logra imponer una derrota por la vía de represiva ni con la aplicación del Estado de Emergencia (desconocimiento de las libertades y derechos democráticos que rige desde fines del 2022) por un lado, y en la que la rebelión va desde el interior hacia la capital (algo parecido vimos recientemente en Ecuador y también en Colombia) pero sin llegar de momento a quebrar el “apoyo pasivo” de la capital al poder de facto.

Tampoco la matanza de Juliaca logro las pretensiones del golpismo que era infligir la derrota de la rebelión. Recordemos que en el caso del golpe del 2019 en Bolivia bajo Añez, las masacres de Sacaba (Cochabamba) y días después en Senkata (el Alto) impusieron una derrota a la resistencia anti golpista y sentó las bases para su triunfo.[3]

Fuera de la capital y algunas ciudades urbanas, el resto del país es mayormente rural/campesino y con un alto porcentaje de población que se reconoce como originaria-quechua (22%), en mayor medida mestiza (60%), y un porcentaje bajo de población que se reconoce como blanca (6%).[4]

Más allá de la falta de orgánica que ha evidenciado Pedro Castillo (a diferencia de Evo Morales y el masismo), queda claro que un elemento de movilización,además de la enorme desigualdad económica y social que atraviesa al país donde unos pocos son dueños de todo, está vinculado a la identidad campesina/originaria que empatiza con el origen rural del presidente destituido. Castillo, que ganó en el ballotage por muy pocos votos, fue atacado por su origen social por la derecha rancia, enfrento desde el inicio el intento de desconocimiento del resultado electoral, y luego 3 mociones de vacancia (mecanismo parlamentario que permite con mayoría especial destituir a un presidente y poner en su lugar a otro, sin adelantamiento de elecciones y que ha llevado a que el país tenga 6 presidentes en los últimos 4 años).

La maniobra de Castillo de disolver el parlamento (otro mecanismo legalizado en ciertos casos por la constitución reaccionaria) fue un intento de cortar el último intento de vacancia que se llevaría en el parlamento adelante al día siguiente. Como es sabido a la maniobra de Castillo se impuso el golpe parlamentario y fue puesto preso por la propia seguridad presidencial, hasta el día de hoy. Junto con la ausencia de puntos de apoyo entre sectores populares, recordemos que muchas de las promesas de campaña como la de una profunda reforma agraria y una Asamblea Constituyente postergadas en repetidas oportunidades,más las alianzas con sectores de derecha que integró a su gabinete, fueron cortando lazos con su base social.

Esto último nos reenvía a un problema de régimen vinculado a la constitución establecida por Fujimori tras el “autogolpe” del 92, cuando disuelve el parlamento y el poder judicial y, apoyado en la burguesía, las fuerzas armadas y el imperialismo, modifica la constitución en 1993 y sienta las bases para un país ultra neoliberal que persiste hasta hoy. Una constitución al estilo pinochetista en Chile, que políticamente habilita todo tipo de maniobras destituyentes parlamentarias, que legaliza la figura de terrorismo[5] y habilita la arbitrariedad absoluta.

Y que desde el punto de vista económico imposibilita, por ejemplo, la modificación ni anulación de los tratados de libre comercio, que han entregado los principales recursos del país a multinacionales yanquis entre otras. Un país de gran riqueza geográfica con costa, sierra y selva, y una de las mayores concentraciones de minerales en el mundo (aún tras siglos de expoliación por la colonia española), con tierras de suma fertilidad, biodiversidad, y salida al pacifico.

El fujimorismo consolidó una derrota de 30 años en el país que se pone en cuestión ahora, con la rebelión popular.

Un programa de los de abajo, frente a la vergüenza de Lula y Fernández

Estos días se llevó adelante la CELAC en Argentina. Lejos de todo barniz progresista, Alberto Fernández y Lula Da Silva, que hicieron resonantes discursos contra la derecha de métodos golpista en el caso local a raíz del intento de atentado contra Cristina Fernández y en el caso brasileño contra el intento farsesco de golpe reciente (en el sentido que la movilización reaccionaria y la toma de los palacios del Plan Alto no tuvieron apoyo de las Fuerzas armadas ni la burguesía), por el contrario se ocuparon de reconocer Dina Boluarte reclamando soluciones pacíficas, y dieron lugar a la participación de la canciller del gobierno golpista a las sesiones.

Una vergüenza completa que tuvo como contrapartida la movilización del Nuevo MAS junto al conjunto de organizaciones de izquierda y la comunidad peruana a las puertas del Sheraton, sede de sesiones de la concertación, para denunciar el golpe en curso y la represión feroz que vive nuestro país hermano.

La situación regional sigue en una suerte de tendencias irresueltas y de polarización entre las más reaccionarias y los capítulos que abonan el ciclo de rebeliones populares. En la que los sectores reaccionarios abiertamente golpistas al estilo Áñez, de maniobras al estilo impeachment en Brasil o el golpe parlamentario en Perú, o con gobiernos reaccionarios y oscurantistas que atacan las libertades democráticas como el caso de Bolsonaro, no han logrado hacer pie de manera prolongada pero su base social se ha ensanchado relativamente.  A la vez persiste una tendencia a la rebelión que se mantiene desde principios de siglo, que se ha recreado en los casos de Chile, Colombia, Ecuador y actualmente en Perú, con una movilización que no se ha visto hace décadas.

La apuesta a que la rebelión popular en Perú se profundice y abone al polo progresivo empieza por levantar las consignas de las masas movilizadas en Perú, como el repudio a la represión golpista que se ha cobrado la vida de más de 60 compañeros y compañeras. ¡Abajo el gobierno golpista de Dina Boluarte y por la disolución del parlamento reaccionario!Por la libertad Castillo, y la inmediata convocatoria a una Asamblea Constituyente Soberana que refunde al país sobre nuevas bases en favor de los de abajo, y que tire abajo la constitución fujimorista y reaccionaria impuesta con el golpe de Estado de Fujimori en 1993.

[1] Desde nuestro partido integrante de la corriente SoB hemos dialogado con compañeros del grupo “El Trabajo” de Perú con influencia en una sección de la CGTP al norte del país y presencia el Lima, compañeros de larga trayectoria militante en el lambertismo, que nos acercaban la definición que tanto la inmensidad de la rebelión popular como de la masacre que se desarrollan, no encuentran parangón histórico. Respecto de la represión, recordemos que Fujimori llevo adelante una brutal dictadura en la década del 90 y hasta el 2000 con un número de desaparecidos nunca clarificado pero que ronda los 80 a 90 mil desaparecidos, además de un plan de control de natalidad por el cual se sometió a miles de mujeres originarias y campesinas a la ligadura de trompas sin consentimiento. Aun así, los compañeros refieren a que no se han vivido matanzas en eventos de lucha de clases directos por parte de las fuerzas represivas de esta magnitud.

Los compañeros levantan correctamente la consigna de una gran Asamblea Nacional Popular en Lima y la construcción de un organismo centralizado para la dirección del proceso. Fuera de esto, nos parece extralimitada la caracterización de “semi insurrección” con la que trabajan, fundamentalmente por la ausencia precisamente de organismos centralizados y con “autoridad” que dirijan la acción. Nos inclinamos por la caracterización de rebelión popular, más ajustada al proceso en nuestra humilde opinión.

[2] Recordemos que el gobierno de Fujimori cayó luego del intento de una 3 reelección lo cual motivo la movilización llamada de los 4 Suyos en el año 2000. Una movilización de cientos de miles que terminó con el gobierno reaccionario. El nombre de 4 Suyos refiere a la denominación de las 4 regiones del Imperio Incaico, y que da la pauta del fuerte elemento originario existente en el país, fundamentalmente fuera de la capital.

[3] Por esos días una delegación de nuestro partido junto a Manuela Castañeira se hizo presente en territorio boliviano para solidarizarse con la resistencia al golpe. El clima de polarización se respiraba y se vivía con las movilizaciones anti-golpistas que bajaban desde el Alto encabezadas por los “Ponchos Rojos” y las “Señoras de pollera”, mientras que en la capital un movimiento social reaccionario repudiaba cualquier intento de solidaridad. No pareciera en lo inmediato haber un movimiento social reaccionario activo en Lima, aunque la distancia obliga a la prudencia. A la vez que no hay como en Bolivia un sector concentrado activo y reaccionario como fue y es Santa Cruz, dirigida por Camacho.

[4]María Sosa Mendoza: “La extrema derecha que gobernará Lima”; Nueva Sociedad.

[5] La figura de terrorismo fue parte el plan de aniquilamiento a la guerrilla “Sendero Luminoso” dirigido por Avigail Guzmán e iniciada en la década del 80, una ruptura maoísta del PCP cuyos ataques iban dirigidos no sólo al gobierno sino también la a la población civil. El que no se sumaba a Sendero Luminoso era considerado enemigo y podría sufrir ataques y hasta asesinato. El Fujimorismo finalmente triunfó en el aniquilamiento de la guerrilla. La figura de terrorismo conserva vigencia y se usa de excusa para catalogar de “terruco” (terrorista) a cualquier manifestación de descontento social.