Perú: la destitución de Castillo es un golpe parlamentario encabezado por el fujimorismo

La crisis institucional crónica del país parece no tener fin. La extrema derecha logra destituir a Castillo, acusado de corrupción, para intentar abrir un curso político más reaccionario.

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El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue destituido esta tarde por un golpe parlamentario organizado por la extrema derecha fujimorista.

Más temprano, Castillo había anunciado la «disolución del parlamento» y el establecimiento de un «estado de excepción» para tratar de evitar lo que fue el tercer intento por parte del parlamento de destituirlo, lo que finalmente sucedió.

Castillo venía siendo duramente golpeado por denuncias de corrupción impulsadas por la extrema derecha. Pero, además, su legitimidad venía en picada luego de no haber respondido a ninguna de las demandas populares de las que se había hecho eco en su campaña, con las que finalmente obtuvo el triunfo en segunda vuelta el año pasado contra Keiko Fujimori, la hija del dictador que gobernó el país en la década de los ’90.

El golpe se da en continuidad con una crisis institucional crónica que el país arrastra hace largas décadas. En la historia reciente, desde la caída de la dictadura de Fujimori prácticamente ninguna fuerza política pudo pilotear de manera «normal» la gestión capitalista del país. Castillo viene a engrosar la lista de todo un prontuario de presidentes que no finalizan su mandato constitucional.

Cabe recordar que, sólo desde 2016, hubo por lo menos otros tres presidentes destituidos por el congreso: Kuczynsky, Vizcarra y Merino. La guerra sistemática entre el poder ejecutivo y el legislativo se ha convertido en el rasgo principal de la crisis del régimen político peruano, incapaz de poner en pie un sistema político burgués más o menos estable.

La asunción de Castillo había estado marcada por el rechazo popular al retorno del neoliberalismo autoritario de Fujimori al poder. Desde que asumió, su gobierno fue una y otra vez bombardeado por la extrema derecha para intentar derrocarlo. El primer intento fue apenas cuatro meses después de su asunción.

Y lo logró finalmente hace unas horas, cuando el congreso -controlado por el fujimorismo y aliados- aprobó la moción de vacancia, que destituye al presidente y ordena que el poder pase a manos de su sucesor, en este caso la hasta recién vicepresidenta Dina Boluarte. El golpe parlamentario estuvo también apoyado por las FF. AA. y el Tribunal Constitucional, que llamó a desobedecer al «gobierno usurpador» de Castillo.

Un golpe conservador y una crisis sin fin

En nombre de «la lucha contra la corrupción», el golpe impulsado por la derecha tiene una connotación claramente conservadora y reaccionaria, a pesar de que Castillo no dio ninguna respuesta a la situación de las mayorías populares peruanas.

Prácticamente no hay sector de la política capitalista peruana que no esté manchada por escándalos de corrupción, muchísimo menos el desastroso fujimorismo que, además de corrupto, gobernó a través del terror, cometiendo gravísimas violaciones de DD. HH.

Por eso, las acusaciones de corrupción son lanzadas a diestra y siniestra entre todos los sectores para intentar saldar las disputas de poder que no pueden solucionar mediante los canales institucionales «normales» de un país capitalista. Por lo tanto, la destitución de Castillo no tiene nada que ver con una supuesta «inhabilidad moral», sino con un intento de la extrema derecha de abrir un curso político más autoritario y reaccionario, lo que no pudo lograr a través de las elecciones.

Contra la embestida del fujimorismo, Castillo optó por una maniobra de disolución del parlamento, recurriendo a las mismas instituciones profundamente deslegitimadas para intentar frenar a la derecha.

Por supuesto, son esas instituciones a las que recurrió Castillo las mismas que conspiraron para derrocarlo, por lo que la maniobra estaba destinada al fracaso desde el minuto cero.

Muy lejos estuvo Castillo de intentar convocar a la movilización popular para frenar la avanzada fujimorista. Él mismo socavó sus posibilidades de hacerlo, toda vez que durante su gobierno continuaron las políticas neoliberales y no atendió a ninguna demanda de la clase trabajadora y sectores populares peruanos. En abril de este año habían estallado una serie de protestas contra los aumentos de combustibles, que el gobierno respondió con represión.

Sin el apoyo de la base social popular que lo llevó a la presidencia, por un lado, ni el de ninguna de las instituciones del régimen político, por otro, Castillo quedó sólo. El estado de excepción fue un último manotazo de ahogado de un presidente que, a pesar de su retórica reformista, nada cambió.

Pero eso no significa que las mayorías populares que llevaron a Castillo al poder -en gran parte en rechazo a Fujimori- apoyen su destitución, mucho menos a la extrema derecha. Se abre ahora un nuevo período en donde la derecha intentará hacer propio al nuevo gobierno de Boluarte, pero que comienza con cero legitimidad popular.

Mientras Castillo es detenido y Boluarte asume la presidencia, se viven horas decisivas donde será fundamental que la clase trabajadora y las mayorías populares salgan a la calle en repudio al golpismo y en rechazo a lo que será el intento del fujimorismo de instaurar un curso mucho más reaccionario y autoritario. La crisis institucional crónica del país parece no tener fin.

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