Las protestas en Perú contra el gobierno de Dina Boluarte tuvieron su pico en la llamada «toma de Lima» y la convocatoria a un paro general por la CGT. Desde el lunes, miles de manifestantes provenientes de distintos puntos del país llegaron a Lima y colmaron la ciudad de manifestaciones contra el régimen.

El gobierno respondió al día siguiente mismo con la continuación de la represión generalizada. Se viralizaron las imágenes de la policía entrando de a cientos en la Universidad Mayor de San Marcos, donde el movimiento estudiantil había recibido a cientos de manifestantes del interior. Si hoy la mayoría de los 193 detenidos fueron liberados, la represión sigue golpeando.

La movilización, con protagonismo mayoritario de las sierras del sur, exigen la renuncia inmediata de Boluarte y las autoridades del Congreso, el llamado inmediato a elecciones y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Desde la destitución de Castillo por parte del congreso, el pasado 7 de diciembre, el repudio ha sido generalizado hacia todo el régimen político.

La central sindical difundió encuestas que aseguran que alrededor del 70% de la población votaría a favor en un referéndum para convocar una Asamblea Constituyente.

Desde el lunes, luego de que el gobierno habilitara la intervención militar en numerosos distritos del país, las protestas de cada región se propusieron confluir en una gran jornada unificada en Lima. Así sucedió finalmente la semana pasada. Miles de manifestantes llegaron a la capital en caravana y la huelga paralizó la capital.

La convocatoria a una protesta nacional unificada fue denominada Toma de Lima o también «La marcha de los cuatro suyos», en referencia a la división territorial incaica originaria.

El gobierno, ¿contra las cuerdas?

Boluarte y los demás partidos del congreso intentaron en un primer término apaciguar las protestas mediante un tibio y lejano adelantamiento de elecciones, de 2026 a 2024, pero no les funcionó.

Luego, el gobierno pasó sin mediación a la vía represiva más brutal, produciendo masacres contra el pueblo -ya son 50 los muertos- e incluso sacando a los militares a la calle en algunas regiones. Pero todo indica que el tiro les ha salido por la culata y las protestas no han hecho más que crecer, alimentadas por la indignación que causan los asesinatos en manos de la policía y los militares.

Si el recurso a las Fuerzas Armadas ya mostraba cierta debilidad política del gobierno, el fracaso en intentar contener las movilizaciones incluso a través de la represión más violenta puede abrir una crisis en el seno de la alianza de partidos del régimen que fueron partícipes del golpe contra Castillo.

Si Castillo no pudo resistir, no fue solamente porque no se apoyó en esas mismas masas populares para defenderse, sino también porque no cumplió ninguna de sus promesas con la que la población trabajadora e indígena del Perú le habían brindado su apoyo.

La crisis crónica que el régimen político peruano arrastra hace años puede tener una salida en la medida en que intervengan la clase trabajadora y los sectores populares en la situación, y esa oportunidad se presenta en las jornadas en curso.