Perú: Castillo debió retroceder con el toque de queda

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  • El crecimiento y la agudización de las protestas pese a la medida represiva hicieron que tuviera que dar marcha atrás con el toque de queda el día mismo en que fue anunciado.

Redacción

El detonante de las movilizaciones fue un súbito aumento de los combustibles, y sus protagonistas fueron en primer lugar los transportistas de la zona de Junín. En la noche del 4 de enero, la noticia del decreto de Estado de emergencia y la prohibición de circular tomaron por sorpresa a los millones de habitantes de la ciudad de Lima y el puerto de Callao, aledaño a la capital.

Desde el 28 de marzo, los transportistas venían protagonizando fuertes bloqueos. Llegaron a la capital, como hemos dicho, sobre desde la zona de Junín, que es parte de las sierras centrales de Perú. Allí se concentran los mayores niveles de pobreza extrema del país andino, con una fuerte composición social de campesinos pobres.

Son 44 los diferentes puntos de cortes en las rutas del país y 86 los que se encuentran parcialmente interrumpidos. Las subas de combustibles devinieron en aumentos de los precios de artículos de primera necesidad de todo tipo, notoriamente los alimentos, lo que desestabilizó el país y desató protestas en varias ciudades que trascendieron a los transportistas.

Los primeros en sumarse fueron los agricultores pobres. El malestar entre los campesinos se venía gestando hace ya tiempo, y se vio apenas interrumpido por las breves esperanzas de cambio en el gobierno de Castillo. Su principal reclamo es que se ponga fin a los privilegios de los grandes importadores de insumos agrícolas, que aplastan a los pequeños agricultores con su competencia y los aumentos de los precios.

Así, uno de los epicentros de las protestas fue Huancayo el pasado 1 de abril. La ciudad es parte de la zona de Junín, donde Castillo obtuvo una amplia mayoría en las elecciones del año pasado y de donde es oriundo el partido que lo llevó al poder, Perú Libre.

La ciudad se vio completamente paralizada por la protesta y el gobierno de Castillo respondió con represión. Según algunas fuentes, habría hasta cuatro muertos desde que comenzaron las protestas y la violencia policial. Pese a la represión, la furia de la movilización alcanzó varios edificios públicos y la casa de Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre.

La crisis se extendió como flama en hierba seca. Los trabajadores rurales de las zonas de Ica mantenían ayer 4 de abril cortada la ruta Panamericana en rechazo a la carestía de la vida y por condiciones ultra precarias de trabajo. El aumento del costo de vida dio lugar también allí a saqueos y movilizaciones nocturnas.

El gobierno ensayó primero una respuesta puramente hostil, intentando asociar las movilizaciones con el fujimorismo y la extrema derecha que lo acorrala en el Parlamento. “Se anuncian paros y bloqueos en las carreteras, malintencionados y pagados algunos dirigentes y algunos cabecillas, es necesario decirles que pondremos orden en las próximas horas” dijo en un tono beligerante.

Sin embargo, la represión policial parece haber tenido el efecto exactamente contrario al que buscaba. A veces, la represión logra infundir temor y enviar a sus casas a la mayoría de los movilizados; ese es su objetivo primordial. Pero cuando esto no sucede, la calle responde con furia y le da aún más impulso a lo que el gobierno buscaba evitar.

Pero viendo que las cosas no se calmaban, Castillo hizo algunos intentos de contener la situación con algunas concesiones menores. Su principal anuncio fue el de la eliminación temporaria de un impuesto a los combustibles, como manera poco efectiva de contener las subidas de los precios. Esta medida intenta paliar la situación económica precaria de amplias masas sin tocar los intereses y las ganancias empresarias, en un típico movimiento de un gobierno como este. Pero la efectividad de semejante medida es muy cuestionable y nada dijo el mandatario sobre los aumentos de los precios de artículos de primera necesidad.

Ahora, responde con un estado de sitio en la capital y la zona aledaña, dejando bien en claro su fundamento represivo: públicamente afirma que se suspenden las garantías constitucionales, como la de la inviolabilidad del domicilio. No se permite circular a la mayoría de la gente, salvo «esenciales» en un esquema parecido a las restricciones debidas al Covid-19. Pero en este caso lo que se busca contener es la protesta popular incitada por la política económica de Castillo.

Un gobierno débil y corrido a la derecha

Mientras anunciaba el fin del toque de queda, el palacio parlamentario se encontraba rodeado por la movilización, apenas contenido por la policía en sus puertas.

A mediados de febrero, Castillo ya había anunciado el estado de emergencia en Lima y Callao y el envío de las fuerzas armadas para «luchar contra la delincuencia». Fue una medida populista reaccionaria para intentar contentar a su oposición por derecha y la clase capitalista y los sectores medios que lo ven con desconfianza.

Sus posiciones y decisiones se caracterizan por zig zags permanentes desde su asunción, cada vez más marcadamente hacia la derecha. Si comenzó con una retórica tibia de cambiar algunas cosas sin tocar los intereses de nadie, frente a la presión ejercida por la derecha institucionalmente sus giros fueron sistemáticamente más y más reaccionarios.

La política económica clásica neoliberal de décadas de Perú no fue ni mínimamente tocado. Un gobierno débil que cede permanentemente al poder de la clase dominante y sus fuerzas políticas se ha visto alejado también una y otra vez de sus primeros aliados. Sin lograr estabilizarse ni por algunas semanas, los cambios de Gabinete día tras día, semana tras semana, las rupturas con sus funcionarios y soportes, lo han puesto al borde de la destitución no una sino ya dos veces.

Las crisis entre poderes vienen ya de al menos una década de cruzar al sistema político. La extrema derecha fujimorista, con su presencia minoritaria pero importante en el Congreso, ha logrado una y otra vez imponer el desgobierno, en un intento de ser el único partido capaz de gobernar al país pese al rechazo mayoritario de las masas peruanas de lo que representa. Si bien la iniciativa de destituir a Castillo ya fracasó dos veces, lo pone en un lugar evidente de debilidad, como una pluma que puede volar al primer soplido más o menos fuerte.

Y la respuesta de Castillo ha sido sistemáticamente hacer suya la agenda de la derecha, con ajuste económico, concesiones a los ricos y represión a todos los demás. Así, logra alejar a sus aliados, enfurecer a quienes lo votaron y dejar insatisfechos a sus rivales, que piensan que podrían estar haciendo lo mismo pero más y mejor. 

La derecha aprovecha el río revuelto

Con un país en llamas por un estallido que le es ajeno, la derecha (fundamentalmente el fujimorismo) intenta imponer su propia agenda poniendo a los suyos en la calle. Franjas de clases medias limeñas se movilizaron con consignas diferentes de los transportistas y campesinos y trabajadores rurales. La principal, la renuncia de Castillo. 

La crisis se desató inmediatamente después de que fuera derrotada la moción de «vacancia» en el parlamento, impulsada por Fujimori y sus aliados para destituir a Castillo. Si por el momento son arrollados por la fuerza de la movilización y gritan lo suyo en una calle llena de gritos y humo mientras nadie los escucha, no se puede esperar que necesariamente esto dure mucho. Sus figuras y líderes tienen el megáfono de ser parte de la voz oficial de la política capitalista peruana.

Luego del anuncio del toque de queda, convocaron a un cacerolazo que fue minoritario y poco tuvo que ver con las protestas callejeras; si bien tuvo bastante acatamiento en ciertos barrios de la clase media en Lima.

Pero también funcionarios del progresismo hacen lo suyo. Incluso funcionarios de alguno de los breves gabinetes de Castillo están siendo parte de la dura crítica del gobierno. «Desgobierno» es una palabra que está en boca de muchos de ellos, que intentan contener la crisis a la vez que critican las iniciativas destituyentes del fujimorismo.

Quienes fueran aliados de Castillo, sus ex ministros incluso, critican que no tome ninguna medida contra el régimen político o que nada haga contra el «modelo neoliberal». Claro que lo hacen desde el punto de vista de quien se sienta en un alto sillón de funcionario pensando que estaría haciendo las cosas mejor.

Movilizaciones populares en la mayoría del país -los verdaderos protagonistas de estas jornadas-, barrios de clase media enardecidos contra el «comunismo», fujimoristas intentando revivir su fracaso parlamentario, ex ministros criticando a uno y otro… Parece haber, en medio de este caso, dos cosas claras: la primera, la movilización popular trasciende los armados y conspiraciones palaciegas parlamentarias; la segunda, Castillo parece quedarse más y más sin un solo aliado.

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