Johan Madriz
Desde inicios de junio el gobierno de Daniel Ortega avanzó en una escalada de represión de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de este año. Se han arrestado a múltiples activistas y opositores, incluyendo candidatos presidenciales, para allanar el camino a una nueva reelección.
Desde ya, hay que tener claro que en las elecciones de noviembre la clase trabajadora no tiene ninguna opción. Además del nefasto oficialismo dictatorial, todos los demás candidatos son representantes del empresariado y el imperialismo, o, académicos con un programa burgués.
De esta forma estos arrestos no responden a un giro izquierdista de Ortega para demarcarse de la oposición patronal e imperialista, sino que responden a un accionar dictatorial del gobierno para asirse al poder. Por esto rechazamos los arrestos, no en defensa de esas candidaturas, sino, porque estas detenciones cristalizan un ataque contra las libertades democrático burguesas más elementales y tienen como objetivo amedrentar al pueblo explotado y oprimido para que no salga a luchar.
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El 2 de junio fue arrestada Cristiana Chamorro Barrios acusada de “gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos”. Ella es precandidata presidencial y lidera las encuestas, además, es hija de Violeta Barrios de Chamorro, quien derrotó a Daniel Ortega en las elecciones de 1990, con lo cual se puso fin al primer periodo de gobierno del sandinismo. Actualmente se encuentra en arresto domiciliario.
Días después (el 5 de junio) se detuvo a Arturo Cruz por presentar “fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”. Él también es precandidato presidencial y fue embajador del gobierno de Ortega en Estados Unidos entre 2007 y 2009. Permanece en prisión y lo estará, inicialmente, por 90 días.
Dos precandidatos más fueron detenidos el 8 de junio: Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García. El primero es politólogo y el segundo es ex viceministro de Hacienda y Crédito Público y secretario de Coordinación y Estrategia en el Gobierno de Enrique Bolaños, además, es familiar de la expresidenta Chamorro. Ambos son acusados de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”. Por su parte, Maradiaga denuncia haber sido golpeado durante su captura.
El 8 de junio también fue puesta bajo arresto domiciliario Violeta Granera que aspiró a la Vicepresidencia en las elecciones de 2016 y pertenece al opositor Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). El día 9 se arrestó al exvicecanciller José Pallais.
Estas son solamente las acciones más notorias, ya que, se evidencia un operativo represivo generalizado contra la oposición al gobierno, especialmente contra las y los activistas que participaron de la rebelión de 2018. Por ejemplo, en las últimas semanas se han interrogado al menos a 30 periodistas a modo de intimidación.
Leyes a la medida
Todas estas acusaciones están sustentadas en un cuerpo legal aprobado tras la rebelión de 2018 y que pretende asegurar a Ortega en el poder, eliminando toda oposición. Una de estas es la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Esta ley le prohíbe derechos políticos, como postularse a cargos de elección, a quien sea señalado como “golpista” o “traidor de la patria”, y para ello se debe: “encabecen o financien un golpe de Estado”, “que fomenten o insten a actos terroristas”, “que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, “que se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización” y que “exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua”.
Es evidente que hay que repudiar los golpes de Estado, actos terroristas y la intervención imperialista en países subyugados, sin embargo, la excusa de los “asuntos internos” ha dado pie, a través de la historia, a que se haga la vista para otro lado ante represiones, masacres y dictaduras. El quid de esto es que esta ley está en clave nacionalista y orteguista dando paso a que su aplicación sea según los criterios antojadizos del gobierno.
Como complemento y sustento también se aprobó la Ley de Agentes Extranjeros que obliga a inscribirse como tal a cualquier ente, organismo o persona que reciba financiamiento internacional. Además, la Ley Especial de Ciberdelitos establece penas de cárcel de hasta 10 años por publicar o difundir “noticias falsas” en medios de comunicación o redes sociales.
Estas leyes son el sustento de las encarcelaciones. Ortega calificó la rebelión popular de 2018 como un intento de golpe de Estado y esta legislación le permite una justificación jurídica para sofocar cualquier intento de movilización o protesta. Además, de que inhibe a cualquier persona que haya participado de las movilizaciones como candidatos.
Elecciones con solo un candidato
Este operativo de detenciones tiene el objetivo de imposibilitar la participación electoral de estas figuras de la oposición burguesa, allanando el camino a un proceso electivo con un único contendiente. Por el momento, además del FSLN, solo Ciudadanos por la Libertad, mantiene opción de postular candidatos.
Ortega, ha encontrado necesarias estas medidas por varios factores. Una es que se encuentra en una posición de mucha debilidad, la crisis económica del país y la represión tras la rebelión de 2018, le han restado apoyo, tanto de sectores populares como de la iglesia católica y los empresarios. El único punto de respaldo fuerte son las fuerzas represivas, policía y ejército, que gozan del favor gubernamental. Según las últimas encuestas, antes de la ola de detenciones, el apoyo al oficialismo era de solo 20%.
Por otro lado, la necesidad de evadir las posibles consecuencias de la corrupción, el enriquecimiento y, por supuesto, las masacres y encarcelamientos de la rebelión de 2018 lo “obligan” a perpetuarse en el poder, caso contrario podría ser juzgado.
De esta forma, ha aprovechado el puño que significa controlar el aparato gubernamental, manejar el tribunal electoral y al poder judicial, para asegurarse limpiar el camino a su elección. Además, se beneficia de que la oposición esta disgregada y no encuentra una figura que logre aglutinar, lo más cercano a esto sería la candidatura de Cristiana Chamorro Barrios, justamente la primera encarcelada. Y hay una explicación para este absentismo, es que ninguno de los candidatos refleja las demandas expresadas con la rebelión, todos, por el contrario, son traidores a esta.
De esta forma no defendemos a ninguna de estas personas en cuanto sus posiciones políticas, ya que representan los intereses empresariales e imperialistas y ninguno representa una opción para la clase trabajadora y los sectores oprimidos. Por ejemplo, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que comanda Cristiana Chamorro ha reconocido que recibe fondos de la USAID, agencia del gobierno de los Estados Unidos que históricamente ha financiado a los amigos y aliados de ese país, evidentemente, a cambio de conseguir políticas que les sean favorables y aseguren los objetivos del Consenso de Washington, el FMI, el Banco Mundial y otros organismos imperialistas internacionales.
Una barrera de la rebelión de 2018 es que a pesar de la fuerza y la combatividad no logró articular ningún tipo de organismo político con independencia de la burguesía. El proceso reivindicó la tradición nicaragüense de tranques y toma de ciudades, con elementos embrionarios de doble poder, pero sin una coordinación nacional que profundizara las acciones. Finalmente, la falta de referentes políticos conllevó sumarse a espacios dirigidos por sectores que previamente eran los aliados del gobierno.
“La rebelión popular espontanea que surgió y se comenzó a articular en el movimiento campesino y el movimiento universitario, fue, con el transcurso del tiempo cooptada por la empresa privada a través del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), por la iglesia católica y por algunas ONG. […] Precisamente la labor tanto del COSEP como de la iglesia católica coadyuvo al régimen a controlar las protestas, en vista de que mientras el régimen respondía con fuego de fusil, de metralla y lanzacohetes, los organismos de la empresa privada, las ONG y la iglesia católica llamaban a [las y] los manifestantes, a [las y] los protestantes, a que siempre demostraran su lado pacífico”.
“La mesa de diálogo es presentada como la “única solución” para fortalecer la democracia, pero es una emboscada en función de los intereses de la burguesía nica y las instituciones del régimen, algo que queda manifiesto con la composición de la mesa, donde los estudiantes y sectores en lucha (que han puesto los muertos) son minoría, mientras que abundan los juristas, representantes de la prensa, rectores universitarios, “dirigentes sindicales” pro sandinistas, representantes de las cámaras patronales, etc.”.
De esta forma estos candidatos no son producto de la rebelión, sino que, al contrario, fueron participes de su derrota.
Fuera Ortega
De la misma forma en que no apoyamos a ninguno de los candidatos de la oposición, tampoco respaldamos al gobierno de Ortega. Este es uno capitalista, cipayo del imperialismo, dictatorial y represor, que no representa a los sectores populares
Gobierno capitalista de ajuste: “En materia de las políticas económicas el régimen de Daniel Ortega no ha variado en relación a las políticas que los gobiernos desde 1990 hasta 2007 habían implementado o mejor dicho de las políticas de ajustes del Fondo Monetario Internacional, a lo que se le denomina políticas neoliberales. El régimen de Daniel Ortega ha sido una continuidad de los otros gobiernos, es decir, que la retórica del antiimperialismo es solamente eso, es un discurso demagógico para arengar las bases del Frente Sandinista, las pocas bases que tiene en los sectores populares, es para arengarla”.
Gobierno represor: “Por primera vez desde la revolución de 1979 el sandinismo perdió el control de las calles”. “En la actualidad el país vive bajo un estado de excepción no decretado”. “El régimen se ha logrado sostener en el poder no porque haya obtenido el respaldo popular o haya podido cambiar la correlación de fuerzas políticas en la sociedad, sino que ha sido sobre la base de la represión mano militari”. La rebelión dejó alrededor de 400 personas muertas, cientos de prisioneros políticos y miles de exiliados. Incluso la CIDH ha señalado que pueden existir crímenes de lesa humanidad.
La salida es por la izquierda
Repudiamos los batacazos antidemocráticos del gobierno de Ortega y exigimos la liberación de los presos políticos. Pero también abogamos por derrotar al gobierno Ortega-Murillo, no a través de partidos o figuras de la burguesía, sino que es necesario levantar una organización que represente los intereses de las y los luchadores que se dejaron el cuerpo en la rebelión, que luche por una salida democrática y por abajo, para lo cual es necesaria una Asamblea Constituyente para refundar el país desde los explotados y oprimidos, en la perspectiva de construir una Nicaragua socialista y verdaderamente independiente del imperialismo.
