• No hay ninguna fuerza por la cual la clase trabajadora, las mujeres y la juventud puedan confiar.

Johan Madriz

Este fin de semana se realizarán elecciones generales en Nicaragua, para elegir al presidente, 90 miembros de la Asamblea Nacional y 20 miembros del Parlamento Centroamericano. Este proceso es una completa farsa, ya que, el presidente Daniel Ortega se ha encargado de borrar a toda la oposición y de reprimir a los sectores en lucha, permitiendo la participación solo de partidos colaboracionistas para mantener una fachada democrática.

El sistema electoral y la campaña política se han moldeado según los intereses de Ortega para reelegirse por tercera vez consecutiva, con lo cual se consuma una dictadura capitalista. Ante este escenario no hay ninguna fuerza por la cual la clase trabajadora, las mujeres y la juventud puedan confiar y ningún partido por el que puedan votar.

En estas elecciones, además del nefasto oficialismo dictatorial del FSLN, todos los demás partidos son representantes del empresariado y el imperialismo, o, académicos con un programa burgués: Partido Liberal Independiente (PLI), Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) y Alianza por la Republica (Apre).

Todos estos partidos son señalados de “zancudos”. Este término proviene desde la dictadura de Anastasio Somoza García y es la forma en la que popularmente se le denomina a los “chupa sangre” que viven de saquear al pueblo y que se prestan al juego del régimen para obtener beneficios, es decir, los partidos colaboradores que existen en el papel pero que en la vida real prácticamente son inexistentes.

Borrar a la oposición y los sectores en lucha

Desde hace meses se han arrestado a múltiples activistas y opositores, incluyendo candidatos presidenciales, para allanar el camino a una nueva reelección de Ortega.

Estos arrestos no responden a un giro izquierdista de Ortega para demarcarse de la oposición patronal e imperialista, sino que responden a un accionar dictatorial del gobierno para asirse al poder. Por esto, en su momento, rechazamos los arrestos, no en defensa de esas candidaturas, sino, porque estas detenciones cristalizan un ataque contra las libertades democrático-burguesas más elementales y tienen como objetivo amedrentar al pueblo explotado y oprimido para que no salga a luchar.

Con esta purga se cancelaron tres partidos políticos bajo la acusación de violar la Ley Electoral y, al menos, siete aspirantes presidenciales fueron arrestados por “traición a la patria”, lo que les inhabilita a presentarse como candidatos. Además, otros dos aspirantes fueron lanzados al exilio.

Estas son solamente las acciones más notorias, ya que, se evidencia un operativo represivo generalizado contra la oposición al gobierno, especialmente contra las y los activistas que participaron de la rebelión de 2018.

Todas estas acusaciones están sustentadas en un cuerpo legal aprobado tras la rebelión de 2018 y que pretende asegurar a Ortega en el poder, eliminando toda oposición. Una de estas es la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Esta ley le prohíbe derechos políticos, como postularse a cargos de elección, a quien sea señalado como “golpista” o “traidor de la patria”, y para ello se debe: “encabecen o financien un golpe de Estado”, “que fomenten o insten a actos terroristas”, “que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, “que se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización” y que “exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua”.

Es evidente que hay que repudiar los golpes de Estado, actos terroristas y la intervención imperialista en países subyugados, sin embargo, el quid de esto es que esta ley está en clave nacionalista y orteguista dando paso a que su aplicación sea según los criterios antojadizos del gobierno.

Como complemento, y sustento, también se aprobó la Ley de Agentes Extranjeros que obliga a inscribirse como tal a cualquier ente, organismo o persona que reciba financiamiento internacional. Además, la Ley Especial de Ciberdelitos establece penas de cárcel de hasta 10 años por publicar o difundir “noticias falsas” en medios de comunicación o redes sociales.

Estas leyes son el sostén de las encarcelaciones. Ortega calificó la rebelión popular de 2018 como un intento de golpe de Estado y esta legislación le permite una justificación jurídica para sofocar cualquier intento de movilización o protesta. Además, de que inhibe a cualquier persona que haya participado de las movilizaciones como candidatos.

Elecciones con solo un candidato real

Este operativo de detenciones tuvo el objetivo de imposibilitar la participación electoral de estas figuras de la oposición burguesa, allanando el camino a un proceso electivo con un único contendiente real. Como mencionamos el resto de los partidos simplemente sirven de fachada democrática.

Ortega, ha encontrado necesarias estas medidas por varios factores. Una es que se encuentra en una posición de mucha debilidad, la crisis económica del país, la pandemia y la represión tras la rebelión de 2018, le han restado apoyo, tanto de sectores populares como de la iglesia católica y el empresariado. El único punto de respaldo fuerte son las fuerzas represivas, policía y ejército, que gozan del favor gubernamental. Según algunas encuestas, antes de la ola de detenciones, el apoyo al oficialismo era de solo 20%.

Por otro lado, la necesidad de evadir las posibles consecuencias de la corrupción, el enriquecimiento y, por supuesto, las masacres y encarcelamientos de la rebelión de 2018 lo “obligan” a perpetuarse en el poder, caso contrario podría ser juzgado.

De esta forma, ha aprovechado el puño que significa controlar el aparato gubernamental, manejar el Tribunal Electoral y al Poder Judicial, para asegurarse limpiar el camino a su elección. Además, se beneficia de que la oposición esta disgregada y no encuentra una figura que logre aglutinar. Y hay una explicación para este absentismo, es que ninguno de los candidatos refleja las demandas expresadas con la rebelión, todos, por el contrario, son traidores a esta.

No defendemos a ninguna de estas personas en cuanto sus posiciones políticas, ya que representan los intereses empresariales e imperialistas y ninguno representa una opción para la clase trabajadora y los sectores oprimidos.

Una barrera de la rebelión de 2018 es que a pesar de la fuerza y la combatividad no logró articular ningún tipo de organismo político con independencia de la burguesía. El proceso reivindicó la tradición nicaragüense de tranques y toma de ciudades, con elementos embrionarios de doble poder, pero sin una coordinación nacional que profundizara las acciones. Finalmente, la falta de referentes políticos conllevó sumarse a espacios dirigidos por sectores que previamente eran los aliados del gobierno.

De esta forma estos candidatos no son producto de la rebelión, sino que, al contrario, fueron participes de su derrota.

Fuera Ortega: la salida es por la izquierda

De la misma forma en que no apoyamos a ninguno de los candidatos de la oposición, tampoco respaldamos al gobierno de Ortega. Este es uno capitalista, dictatorial, represor y que, a pesar de sus poses antiimperialistas, aplica la agenda neoliberal, cumpliendo a fondo con la agenda del Banco Mundial y el FMI.

Con este circo electoral se consuma una dictadura capitalista, por lo que abogamos por derrotar al gobierno Ortega-Murillo, no a través de partidos o figuras de la burguesía, sino que es necesario levantar una organización que represente los intereses de las y los luchadores que se dejaron el cuerpo en la rebelión, que luche por una salida democrática y por abajo, para lo cual es necesaria una Asamblea Constituyente para refundar el país desde los explotados y oprimidos, en la perspectiva de construir una Nicaragua socialista y verdaderamente independiente del imperialismo.