La ultraderechista primera ministra Giorgia Meloni acaba de decretar en Italia el Estado de Emergencia en la cuestión migratoria. Es una medida con 6 meses de alcance, que implica para empezar la apertura de nuevos centros de deportación. El objetivo: uno por cada región del territorio italiano. Para ello, el gobierno destinara 5 millones de euros para esta política anti migrantes.

Se trata de una política expulsiva hacia personas migrantes y refugiadas que llegan al continente europeo escapando de las guerras, crisis económicas y ecológicas, todas ellas producto de la barbarie que impone el capitalismo en sus propios territorios.

Esta orientación racista y xenófoba, clásica de sectores de ultraderecha como el de Meloni, ya tiene varios antecedentes en su gobierno. El febrero pasado, 91 personas refugiadas murieron en un naufragio en Calabria, a 150 metros de la costa italiana. Esto ocurrió luego de que Meloni se negara en noviembre de 2022 a dar puerto a embarcaciones con cientos de personas migrantes que se encontraban a la deriva y de poner en marcha un decreto que dificultaba las labores de rescate a cargo de ONGs.

Más poderes para su gobierno

Nello Musumeci, a cargo del nuevo Ministerio «del Sur y del Mar» creado por Meloni tras su asunción, ha asegurado que la medida «permite derogar algunas normas del ordenamiento vigente«.

Por demás, el Estado de Emergencia permite al gobierno tomar medidas sin pasar por la aprobación del Parlamento.

En este sentido, el discurso antimigratorio, xenófobo y racistas, también da paso a giros autoritarios del régimen político, que permitan un control más profundo del gobierno sobre los sectores populares. Todo en perfecta sintonía con la tradición política del partido de gobierno, Fratelli d’Italia, los herederos directos del fascismo de Mussolini.