Actualmente se llevan adelante los alegatos del fiscal Diego Luciani, quien pedirá una pena de entre 6 a 15 años de prisión contra la ex Presidenta, así como la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En la causa se investigan presuntos hechos de corrupción relacionados con la obra púbica en la provincia de Santa Cruz, durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.

El principal apuntado en la causa es el empresario Lázaro Báez, de quien se sospecha fue ampliamente beneficiado en decenas de licitaciones de obra pública en esa provincia. Entre los acusados por la fiscalía también se encuentra Julio de Vido, en aquel entonces Ministro de Planificación, y José López, ex secretario de Obras Públicas y famoso por haber «revoleado los bolsos».

Entre la oposición de derecha que fantasea hace años con ver a Cristina tras las rejas por la «Corrupción K» y el kirchnerismo que denuncia «lawfare«, las interpretaciones de ambos lados de la grieta plantean de manera excluyente que se trataría o bien de un caso de corrupción, o bien de una persecución política contra CFK. Pero la realidad ha dado sobradas muestras de que ambas alternativas no tienen nada de excluyentes. Por el contrario, en el capitalismo argentino se encuentran históricamente imbricadas.

De los eslóganes a la realidad

Hace ya años que una parte de la política nacional se juega en torno a la posición que se tenga alrededor de los problemas legales que acucian a la actual vicepresidenta.

La oposición de derecha agrupada en Juntos por el Cambio y que reúne mayoritariamente el apoyo de las clases medias acomodadas fervientemente antikirchneristas han construido todo un discurso alrededor de las acusaciones de corrupción. Bajo la forma de una serie de eslóganes que pasaron ya a formar parte de los lugares comunes del debate político en nuestro país: «se robaron todo», o en su forma aun más amarillista, «se robaron un PBI», y como olvidarnos de las infinitas variantes que permite combinar la letra K con casi cualquier palabra que sirva para denotar desprecio al kirchnerismo.

Del otro lado, el kirchnerismo ha elaborado su propio «relato». Cristina Fernández ha dedicado horas y horas de sus discursos a lo que ella considera el «partido judicial», el «lawfare» y la persecución política a través de las causas judiciales. Incluso ha convocado a sus bases militantes a movilizaciones a los tribunales de Comodoro Py.

Lo cierto es que, para ambos bandos de la política burguesa en nuestro país, los eslóganes vienen a ocultar una realidad que es muy incómoda para uno u otro lado de la grieta. En el capitalismo, corrupción de funcionarios aliados con empresarios y utilización política de la justicia no solo no se excluyen: son prácticamente la norma.

A menos que se sea deshonesto o ingenuo, es sabido que los hechos de corrupción son patrimonio común de todos los gobiernos. Esto no tiene nada que ver con algún supuesto «declive moral» de la clase dirigente de nuestro país. Sino por una razón mucho más material: son una fuente inagotable de millonarios negocios para políticos y empresarios.

El llamado «capitalismo de amigos» es prácticamente una parte orgánica del capitalismo como tal. Todo un sector bien orgánico de la clase capitalista argentina se ha dedicado históricamente a los negocios con el Estado. Lo único que necesita un empresario inescrupuloso, ávido de ganancias fáciles y que se siente impune (probablemente con razón) es un funcionario igual de inescrupuloso y con fuertes ambiciones de enriquecimiento personal. Afortunadamente para los primeros, de estos últimos suele haber de sobra. Y si no los hay, se los promueve.

En la historia Argentina los casos de este tipo no conocen de divisiones menores como la «grieta». Sin ir más lejos, uno de los grupos empresarios más identificados con los negocios con el Estado ha sido el de la familia Macri. Los negocios de Franco Macri empezaron nada menos que con la última dictadura militar. Fue entonces que, entre otras cosas, su holding creció de 7 a 47 empresas y fue uno de los grupos empresarios beneficiados con la estatización de las deudas privadas en 1982. Parte de esos negocios estuvieron directamente relacionados con la obra pública. Luego, Mauricio y continuó (y continúa) con la tradición familiar de hacer negocios con el Estado.

No sólo durante el menemismo. Inclusive el propio Franco Macri no tuvo problemas en seguir haciendo negocios con los Kirchner. En marzo de 2007, por ejemplo, el gobierno de Kirchner le otorgó sin licitación la concesión del tren Belgrano Cargas a SOE (Sociedad Operadora de Emergencia), que era una empresa del grupo Macri. Por su parte, IECSA (la constructora de los Macri) ganó varias licitaciones de obra pública en aquellos años, entre ellas parte de la construcción de la autopista Rosario-Córdoba.

De las tramoyas que actualmente se juzgan entre los gobiernos kirchneristas y empresarios tipo Lázaro Báez no hace falta ahondar mucho, además de las miles de horas de radio y televisión ya dedicadas al tema. Se trató de un típico esquema de asociación entre un sector del empresariado y los funcionarios del Estado para hacer negocios con la obra pública. Lo más probable es que los Kirchner hayan incurrido en este tipo de prácticas, pero es por demás hipócrita y oportunista escuchar al macrismo indignarse ante la corrupción estatal de la que ellos han sido un actor central en la historia moderna de nuestro país.

¿Justicia Independiente o Lawfare?

El tema, entonces, no es tanto saber quienes son los honestos (ninguno de ellos) sino entender que la propia clase capitalista y su personal político utilizan estas corruptelas para sus propias disputas e intereses políticos.

En este punto, las denuncias de Cristina Fernández acerca de que las causas por las que se las investiga tienen motivaciones políticas son evidentemente ciertas. La «justicia independiente», en el Estado burgués, es una ficción. Como casta enquistada en lo más alto del poder del Estado, la Justicia tiene estrechos lazos con la clase dominante, así como claros intereses políticos.

Es por eso que lo que está en juego es algo más que una condena por casos de corrupción (que, insistimos, son reales). Se trata de una forma de saldar a través del Poder Judicial disputas políticas entre distintos representantes de los capitalistas. Esto acarrea un grave problema: incluso para los estándares de la limitada democracia burguesa, es escandalosamente antidemocrático.

Esta intencionalidad es tan clara que el Fiscal (del que se supo que era asiduo jugador de fútbol en la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri) no sólo solicita una condena a prisión contra CFK, sino también su inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. Esto significaría que la vicepresidenta no podría volver a ser candidata ni ejercer de funcionaria.

De esta manera, el antidemocrático Poder Judicial que no elije nadie y ostenta cargos vitalicios utiliza sus facultades para resolver disputas políticas que le corresponde hacer a la sociedad de manera democrática. Si la clase trabajadora repudia la corrupción de los funcionarios del Estado, esto no es lo mismo a que lo haga un Fiscal o un Juez, obviamente involucrados hasta la médula en las disputas políticas interburguesas, pero disfrazados de «imparciales».

Es por eso que el intento de inhabilitar a CFK para ejercer cargos públicos debe ser rechazado, aun cuando repudiemos enérgicamente la corrupción de políticos y empresarios que se enriquecen mientras el pueblo trabajador no llega a fin de mes. Se trata de cuentas que la clase trabajadora deberá saldar con su propia experiencia y a través de mecanismos democráticos, y no a través de un burócrata estatal enquistado en los retrógrados sillones del Poder Judicial.