• El pasado martes 13 de abril, el gobierno japonés anunció que verterán al Océano Pacífico el agua contaminada que se acumuló en la planta de Fukushima.

Virginia Bertoldi

El plan indica que progresivamente se desecharán millones de litros de agua que fue tratada pero que aún tienen isótopos radiactivos. Los países vecinos y pesqueros locales se opusieron a las medidas.

La prefectura de Fukushima es el foco radiactivo del desastre nuclear en 2011 como consecuencia de un terremoto y tsunami escala 9. Por entonces murieron más de 19 mil personas. Desde entonces el gobierno mantuvo el agua en las instalaciones en cientos de enormes tanques de almacenamiento. El propietario de la planta dijo que el espacio para construir más tanques y almacenar toda el agua se está terminando.

Movilizaciones en Japón y otros países rechazan la medida anunciada.
El agua que quedó es la mezcla de la utilizada para enfriar los reactores y la que se filtra del subsuelo. Ya fue tratada para eliminar el grueso mayor de elementos radioactivos, como el cesio y estroncio, pero aún permanece el tritio (un isótopo del hidrógeno). Los tanques de Fukushima Daiichi poseen una capacidad límite de 1,37 millones de metros cúbicos y reciben algo de 170 toneladas por día. Cada tanque tarda en llenarse entre siete y diez días y entre todos ya tienen almacenados 1,25 millones de metros cúbicos.

Desde ya que esta medida provocó reacciones en los países vecinos de Asia-Pacífico. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China convocó al embajador de Japón en Pekín, Tarumi Hideo. Le presentó una nota de protesta donde expresaba que el gobierno japonés no tiene en cuenta los problemas que pueda generar al medio ambiente marino y la salud pública internacional. Corea del Sur convocó al embajador de Tokio en Seúl, para una reunión de emergencia y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, estudia la posibilidad de presentar una demanda ante instancias internacionales.

Las Naciones Unidas ya le dijeron a Japón el mes pasado que liberar el agua en el océano violaría los derechos humanos de los ciudadanos japoneses y sus vecinos coreanos.

Movilizaciones en Japón y otros países rechazan la medida anunciada.
Anteriormente, el gobierno japonés estudió otras opciones para desechar el agua contaminada. Una era evaporarla en la atmósfera o inyectarla en depósitos en el subsuelo. Finalmente, con el apoyo de Rafael Grossi, director general de la Organización Internacional de la Energía Atómica, decidieron arrojar el agua al mar de “manera controlada”, argumentando que es una metodología que se usa en la mayor parte del mundo. Los activistas ambientalistas criticaron que este argumento es simplemente elegir la opción más barata.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que «el océano no es el basurero de Japón, el océano Pacífico no son las alcantarillas de Japón», y que el país nipón «no debería permitir que todo el mundo pague por la forma en que administra sus aguas residuales nucleares».

Las comunidades pesqueras japonesas, que aún se encuentran complicadas por el desastre de hace 10 años, han expresado que esta decisión puede afectar la fauna marina, y por lo tanto la actividad pesquera de la zona.