Por Luz Licht

Continúan por segunda semana consecutiva las protestas en la India contra la llamada “ley antimusulmanes” impulsada por el ultra reaccionario primer ministro Narenda Modi. Los muertos tras la represión del gobierno ya ascienden a seis y se cuentan por decenas la cantidad de heridos y detenidos en el país asiático.

El pasado miércoles 11 de diciembre la enmienda fue aprobada por la Rajya Sabah (cámara alta) del parlamento la enmienda a la ley de ciudadanía impulsada por Modi y su partido el BharatiyaJanata (PBJ) con un escaso margen de 125 a favor contra 105 votos en contra. Así se dio paso al proyecto que firmó al día siguiente el presidente RamNathKovin. Con epicentro en Nueva Dehli, capital del país, las protestas se extendieron rápidamente por varios estados, Calcuta, Bombay y Assam, entre otros. Las postales reviven las de calles repletas de manifestantes, como en otras partes del mundo, con represión, con resistencia, con lucha de clases.

La enmienda plantea el trámite más rápido para el otorgamiento de la ciudadanía a miembros de comunidades hindúes, sikhs, budistas, parisis y cristianos provenientes de Afganistán, Bangladesh y Pakistán que soliciten la misma. Quedan excluidos de este beneficio los miembros de la comunidad musulmana que soliciten la ciudadanía como afirman los opositores a la ley.

La sanción de la enmienda, según el ministro del Interior AmitShah, pretende “ayudar a los perseguidos de países de mayoría musulmana” y no apunta a quitar el estatus ciudadano a ningún sector en particular. El problema radica en que dicho ministro impulsa una política de gobierno reaccionaria más global, que tiene entre otros al Plan de Registro Nacional de Ciudadanos.

Este registro considera dos categorías de ciudadanos, por un lado a aquellos que acceden a la legalización de su situación excluyendo a los musulmanes, ahora considerados ilegales y carentes de protección ante la ley. Ahora deberán demostrar ser residentes originarios de la India, ya no pudiendo reclamar asilo en tanto refugiados de provenientes de Afganistán, Bangladesh y Pakistán. Quedar fuera del registro implica la posibilidad de ser expulsados del país, como ya lo sufrieron meses atrás 2 millones de habitantes musulmanes del estado de Assam.

Esta consagración de la discriminación religiosa y étnica ante la ley generó una enorme respuesta y repudio por parte de amplios sectores populares. Uno de los epicentros de las protestas es la Universidad JamiaMiliaIsamia, en Nueva Dehli, que fue tomada por sus estudiantes, sirviendo así de puntapié para que más universidades hicieran medidas de fuerza propias. La respuesta del gobierno fue la irrupción de la policía al campus para realizar detenciones arbitrarias e imponer el fin de la toma por la fuerza.

Otras de las medidas que marcan la dureza del gobierno de Modi son los cortes de internet, la imposición de toques de queda, calcos de las respuestas que se observan en otras regiones del mundo donde estallan protestas. Más allá de las diferencias culturales o políticas, la dureza de los ataques de los capitalistas encuentra la reacción de contingentes masivos, sobre todo de jóvenes, en las calles. En las universidades, como se ve en fotografías, se realizan asambleas que organizan los pasos a seguir de una lucha que lleva varios días convulsionando a la India.

Un antecedente que refuerza el argumento del carácter reaccionario y discriminatorio de la enmienda es la quita de la autonomía a la región de Cachemira (de mayoría musulmana) en agosto de este año. Con la derogación del artículo 370 de la Constitución y tras la militarización se procedió a partir la región en dos, quedó bajo control del gobierno central, avasallando un derecho vigente en ese territorio desde 1947.

La impronta hindutva (supremacista hindú) de Modi y el PBJ es harto conocida, tras las protestas señalaba que la policía ya sabe cómo visten los agitadores que provocan los disturbios (en clara referencia a los miembros de la comunidad musulmana). El problema es que no se trata de una retórica o discurso  que impulsa la xenofobia e islamofobia, sino una sistemática política supremacista cuasi fascista.

En un país de 1.300 millones se estima que la comunidad musulmana asciende a 200 millones de personas, tal política segregacionista y de odio puede fomentar conflictos étnico-religiosos de gravedad. Ya en el noreste se registró la alarma o temor de ser “invadidos” por poblaciones cercanas a los límites con Bangladesh, temiendo que la ocupación de la tierra provoque un nuevo equilibrio demográfico.

Sin embargo, la ley “antimusulmana” de Modi encuentra, pese a su cruenta represión, a grandes porciones de la población dispuestas a no dejar pasar sus políticas de odio. Los aires de rebelión y lucha que recorren el mundo muestran que los explotados y oprimidos se ponen de pie y están dispuestos a resistir y pelear.