• El gobierno francés quiere acallar las denuncias de la violencia represiva policial con más represión y censura.

Luz Licht

Philippe Poutou es un militante francés obrero y de izquierda, actualmente es el principal candidato de cara a las próximas elecciones presidenciales por el Nuevo Partido Anticapitalista (NPA) y fue elegido anteriormente como consejero municipal por Bordeaux. En el marco de una entrevista días atrás pronunció una frase que refleja una realidad conocida sobre todo por los jóvenes de los barrios populares y de origen inmigrante, principalmente magrebí, en Francia: «la policía mata».

Esto le valió que el mismísimo ministro del Interior, Gérald Darmanin, contestara furiosa e inmediatamente a los dichos, realizando una denuncia en su contra por considerarlos «insultantes e indignos de un miembro de la República». El ministro Darmain justificó su acción persecutoria e intimidatoria a través de Twitter, afirmando «En nombre del ministerio, y para defender el honor de todos los policías, es que presento esta denuncia».

Las afirmaciones de Poutou no son ninguna exageración ni invento. Como expresión de esta realidad es que la rebelión antirracista que sacudió a Estados Unidos tuvo un fuerte correlato en el país donde «una quincena de jóvenes son asesinados cada año por la policía en los barrios populares», tal como indicaba el candidato del NPA.

«Hay una voluntad política del gobierno de reprimir; de reprimir a los manifestantes, de reprimir a los jóvenes en los barrios, porque hay una voluntad política de desviar el problema » y de evitar hablar «del desempleo y de la miseria». Además, Poutou agregó que «el problema del gobierno y el problema de (Gérald) Darmanin, es que le dan luz verde a la policía para reprimir como ellos quieren».

Esto quedó claro, luego del intento de sanción de la ley de Seguridad Global, que pretendía sancionar a las personas que filmaran a los policías que cometían abusos, por ejemplo, en el contexto de represiones a la protesta social. Esta ley fue la respuesta a la creciente bronca popular que se expresó en las luchas de los Chalecos Amarillos. Que la policía mata está claro, los sucesivos crímenes racistas que cometió y comete esa fuerza son moneda corriente.

Zyed Benna y Bouna Traoré, en 2005; Remi Fraisse en 2014; Adama Traoré en julio del 2016; Angelo Garano en 2017; Zineb Redoune en 2018; Alí Rezgui en 2019; Cédric Chouvait en 2020… son algunos de los nombres de jóvenes asesinados por la policía. Una enumeración que podría seguir y seguir. Es esa la realidad para la que el ministro Darmanin y el gobierno pretenden impunidad.

Sin embargo, los apoyos de diferentes sectores contra esta provocación por parte del gobierno de Emmanuel Macron, a través de su ministro, fueron inmediatos y un enorme debate se abrió respecto a las diferentes aristas que atraviesan el tema. Por empezar, el ministro del Interior ha sido ampliamente repudiado por diferentes sectores desde el minuto uno de su designación.

El movimiento feminista se manifestó y repudió que asumiera el cargo Gérald Darmanin tras las acusaciones de abuso que pesan sobre su contra. Una de sus primeras declaraciones fueron en sentido de bancar al prefecto de policía para la región de París, Didier Lallement, un facho de larga trayectoria en la represión de las luchas del pueblo trabajador. Sin ir más lejos, arribó al cargo en 2019 para enfrentar a las movilizaciones de los Chalecos Amarillos.

Tan a la derecha está este personaje que en un debate frente a la referente de la ultraderecha, Marine Le Pen, llegó a acusarla de tibia y la desafió diciendo que su programa represivo y reaccionario tranquilamente podía ser llevado a cabo por el gobierno de Macron. La defensa a ultranza de la institución represiva no podría ser más comprensible dada la trayectoria del polémico ministro y la política de ataques sistemáticos contra el pueblo trabajador por parte del gobierno.

Además, esta ofensiva llega de la mano de un endurecimiento de la política antiimigrante, xenófoba e islamófoba por parte de Macron, que mantiene intacta la tradición colonialista reaccionaria del imperio francés. Recientemente ha impulsado una limitación en el otorgamiento de plazas y papeles para el ingreso legal al país, sobre todo a migrantes que provienen de la región magrebí.

Por otra parte, mientras el gobierno de Macron quiere correr por derecha a la ultra-derecha, es parte activa de la campaña para demonizar a los migrantes de origen árabe y la izquierda. Esta gira en torno, por ejemplo, a instalar la figura del «islamo-izquierdismo» (Islamo-Gauchisme) como el peligro a enfrentar… algo no tan diferente de la denuncia fascista del «judeo-bolchevismo» en la década del 30′.

Los ataques a las condiciones de vida y derechos de las grandes mayorías trabajadoras ha avanzado durante la gestión del gobierno y la justificación y retórica reaccionaria se construyen para desviar el contenido de cómo afectan estas políticas al conjunto del pueblo trabajador francés y, en particular, a los sectores más marginados de la sociedad, a sus «ciudadanos de segunda». Así, la defensa de la violencia policial evidencia la continuidad de una República que está marcada por la violencia racista, imperialista y clasista.