Fiscal de la Corte Penal Internacional pidió órdenes de captura contra Netanyahu por crímenes de guerra

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant. Se los acusa de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.

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Los pedidos de arresto también alcanzan a tres líderes de Hamas, lo que es poner en pie de igualdad a oprimidos y opresores. La violencia de un pueblo que vive la opresión colonial y el apartheid no puede ser puesta como igual a la violencia de un Estado colonizador y racista.

Se trata de una solicitud de enorme impacto político, al ser una especie de coronación institucional de los crecientes cuestionamientos internacionales al accionar de Israel en Gaza, cuestionamientos que nacieron en las calles de las principales capitales del mundo en repudio a la invasión israelí a la Franja.

Kharim Khan, el fiscal jefe de la CPI, consideró que Netanyahu es responsable de cometer crímenes contra la humanidad en Gaza, entre los que incluyó utilizar la hambruna como arma de guerra y ejercer el castigo colectivo contra la población civil, considerado un crimen de guerra por numerosos tratados internacionales.

Desde que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) invadieron Gaza, ya murieron más de 38.000 personas, en su mayoría civiles y la mitad de ellas mujeres y niños.

Sumado a las operaciones militares en medio de ciudades devastadas, millones de desplazados y hacinamiento, Israel también es responsable de evitar la llegada de suministros básicos a la Franja, cortando durante semanas la llegada de alimentos y medicación para la población palestina. Además, Israel atacó hospitales y escuelas gazatíes con la excusa de que funcionaban como búnkers de Hamas. También atacó y asesinó a voluntarios que realizaban tareas humanitarias en el lugar.

En un comunicado oficial, Khan consideró que “los efectos del empleo del hambre como método de guerra, junto con otros ataques y castigos colectivos contra la población civil de Gaza son graves, visibles y ampliamente conocidos (…). “Incluyen la malnutrición, deshidratación, profundo sufrimiento y un creciente número de muertos entre la población palestina, incluidos bebés, otros niños y mujeres”.

El pedido del fiscal ahora será elevado a los jueces que integran el tribunal y que deberán decidir si hacen lugar o no a la orden de arresto. El tribunal puede tardar hasta dos meses en tomar una decisión.

En caso de que la CPI haga lugar al pedido y ordene el arresto de Netanyahu y los demás implicados, implicaría grandes dificultades para que el premier israelí pueda moverse por el mundo, ya que de pisar el territorio de cualquiera de los 124 países miembros de la Corte correría el riesgo de ser arrestado y llevado al tribunal, con sede en La Haya.

Sin embargo, no representaría un riesgo en lo inmediato para Netanyahu, ya que Israel no es un país firmante del tratado que obliga a los países a acatar de manera vinculante las resoluciones de la CPI. Tampoco lo es Estados Unidos, pero sí la mayoría de los países de Europa.

Más allá de sus consecuencias judiciales, lo más importante de la decisión del fiscal es el impacto político. Se trata de un nuevo duro golpe para el gobierno de Israel y su plan genocida en Gaza, que cosecha cada vez más repudios a nivel global. Sin embargo y a pesar de ciertos cuestionamientos, el país sionista mantiene el apoyo estratégico de su principal aliado, EE.UU.

Con la actitud provocadora que lo caracteriza, Netanyahu reaccionó a la noticia diciendo que «esto no nos detendrá ni a mí ni a nosotros». Israel sigue sosteniendo de manera oficial que todas sus acciones son en pos de la «autodefensa», a pesar de estar masacrando a población civil, poner en pie campos de detención donde se denuncian torturas y abusos y aprovechar la invasión para avanzar con territorio ocupado no sólo en Gaza sino también en Cisjordania.

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