Europa en camino a la recesión

Guerra, crisis energética e inflación.

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Las premisas de la fragilidad económica global y los elementos de potencial recesión, que son conocidos y han sido tratados en notas anteriores, no se han modificado en lo esencial… salvo para peor, y ésa puede ser acaso la mayor novedad y el marco en que trabajaremos el estado actual de la economía europea.

Esos vectores son, en primer lugar, el retorno de la inflación global. Aunque las cifras más estruendosas se dan en países menos avanzados como Turquía y Argentina, también es notable lo que sucede en los países desarrollados de Occidente; muchos promedian cifras que rondan o superan, por primera vez en décadas, los dos dígitos anuales, como es el caso de la mitad de los países de la Unión Europea (UE). Como aspecto derivado de éste, cabe señalar el aumento global de las tasas de interés por parte de los bancos centrales más importantes, como herramienta privilegiada para combatir la inflación. Claro que el otro lado de esta intervención es el a esta altura casi seguro correlato en términos de desaceleración económica o lisa y llana recesión. Que asoma ya como posibilidad muy concreta no sólo en EEUU sino en varios de los países centrales para la economía mundial.

En segundo lugar, el impacto de la guerra en Ucrania, con su correlato de a) disrupción del suministro de gas ruso sobre todo a Europa, en respuesta a las sanciones de la OTAN, b) disrupción del suministro de commodities agrícolas como trigo, girasol y sus subproductos, ante la imposibilidad o alta dificultad y costo de los embarques procedentes de Ucrania y el Mar Negro, con el consiguiente aumento de los precios internacionales de los granos, y c) la inestabilidad política, geopolítica y económica general que derivan de un conflicto bélico que parece adoptar un cariz cada vez más grave, como lo demuestra la reciente amenaza de Putin de emplear armas nucleares.

A esto se agrega otra cuestión preexistente y que también se profundiza: la brusca desaceleración de la economía china –verdadero motor del crecimiento mundial durante casi dos décadas por la vía de su propia producción y de la inmensa demanda de materias primas que sostenía ésta– debido a una combinación del daño económico autogenerado con la política de “covid cero” con la continuidad y agravamiento de una crisis profunda en el mercado inmobiliario (que representa, de manera directa o indirecta, casi un cuarto del PBI del país).

En el caso de Europa, la mayor fuente de la inestabilidad política y del renovado impulso de luchas de trabajadores –sobre todo, pero no únicamente, en el Reino Unido– es el impacto combinado de la inflación y el deterioro de los ingresos salariales que representa la suba astronómica de las facturas de electricidad y gas. El súbito cuello de botella que implicó el corte del suministro de gas ruso obligó a soluciones parciales, insuficientes y caras, desde la importación de gas natural licuado vía España o grandes barcos hasta la puesta en marcha de plantas de energía con combustibles fósiles que habían sido discontinuadas o cerradas, pasando por la aceleración de proyectos vinculados a energías limpias como la solar o la eólica. Pero incluso si eso representa una oportunidad para un “cambio de paradigma energético”, lo que aún está por verse, en lo inmediato el problema sigue sin resolverse.

Como hemos comentado en textos anteriores (ver “Hoy inflación, ¿mañana recesión?”, en izquierdaweb.org), son legión los economistas, políticos y simples ideólogos que buscan atribuir el nuevo ciclo inflacionario a la clase trabajadora, nada menos, bajo la forma de un “desempleo demasiado bajo” o quejas por los “excesivos” estímulos monetarios desarrollados sobre todo por Biden en EEUU durante la fase más dura de la pandemia. Podemos dejar de lado esos dislates para concentrarnos en una discusión más relevante: ¿se está llegando al pico inflacionario que dejará su lugar a una lenta desaceleración de los precios, como creen los analistas más optimistas,[1] o el mundo debe prepararse para toda una nueva fase económica con un piso inflacionario sensiblemente más alto que el del período 1990-2020?

Un indicador valioso es el movimiento de la inversión real. De hecho, en 2021 había casi euforia en los análisis que daban cuenta de un fuerte aumento de la inversión en ese año –con centro en recomposición de las cadenas de suministros y tecnología de trabajo remoto–, no sólo en comparación con el piso de la pandemia sino con años anteriores. Ahora bien, empiezan a sumarse voces que consideran que ha habido sobreinversión en capacidad productiva que ahora está pasando la cuenta, y que en el contexto de incertidumbre geopolítica global, mantenerse líquido (esto es, con el cash en la mano, o en las cuentas) se vuelve cada vez más atractivo. Esto  no es, ciertamente, un estímulo para el crecimiento económico, sino más bien un índice de conducta propio de las recesiones (“Coming in to land”, The Economist (TE) 9307, 30-7-2022).

De hecho, tal es el estado de ánimo predominante hoy en Europa. Ésta es una plausible síntesis: “La guerra en Ucrania, una recuperación desigual de la pandemia y una sequía que atraviesa buena parte del continente se combinaron para crear una severa restricción energética, alta inflación, problemas en las cadenas de suministros y una inmensa incertidumbre sobre el futuro económico de Europa. Los gobiernos se apresuran a intentar asistir a los sectores más vulnerables. En medio de los nervios y la confusión, hay un amplio consenso sobre un punto: se viene una recesión” (“A narrowing path”, TE 9311, 3-9-22).

El cambio climático y el cambio de clima social

El llamado “verano del descontento” puede ser sólo un anticipo de la verdadera cita del Ricardo III de Shakespeare, el invierno del descontento. Pero ya la “temporada estival de luchas” dejó mucha tela para cortar, en primer lugar en el Reino Unido. En términos del clima, el verano británico que fue el más cálido del que haya registro, con temperaturas superiores a los 40 grados, y además el más seco: la estación ambiental de Southampton marcó, por primera vez en historia, precipitación cero para todo el mes de julio; la compañía proveedora de agua Southern Wales prohibió el lavado de autos y el riego de jardines. Pero al calor y la falta de lluvia se le sumaron la inflación, las cuentas de electricidad astronómicas, el desbarranque de  la libra esterlina, el regreso de huelgas de masas –como las de los ferroviarios, entre otras–, el caos fronterizo generado por el Brexit y la parálisis política mientras se resolvía la sucesión del desventurado Boris Johnson.

El descontento se manifiesta en primer lugar en las consecuencias de la inflación. Los británicos están conociendo situaciones que en los países periféricos son habituales, como el alza muy por encima de los precios de los productos de primera necesidad y el aumento apenas encubierto que significa el menor tamaño de los paquetes y porciones por el mismo precio. He aquí el motor principal de los conflictos laborales: mientras que en 2019 se perdieron en el Reino Unido 234.000 días de trabajo por conflictos sindicales, sólo la huelga ferroviaria alcanza para superar esa cifra. Trabajadores del correo y el personal de salud, entre muchos otros,[2] han estado al frente de luchas en defensa del poder de compra del salario ante una inflación que, para los cánones de los últimos 40 años, es galopante.

La nueva primera ministra británica, Liz Truss, archiconservadora y furiosa admiradora de Margaret Thatcher, se vio obligada a prometer un tope a las facturas de electricidad cuando se difundió que el costo anual promedio de la cuenta de electricidad podía casi triplicarse hasta 4.300 libras (unos 440 dólares por mes). Esa promesa puede que le haya valido la victoria en la elección interna del Partido Conservador, que decidió su llegada a Downing Street No. 10;[3] está por verse si la mantiene, cómo y a qué costo económico y político.

Algunas de las previsiones para la economía británica son alarmantes, y no sólo el 18,6% de inflación de pico de inflación que estima el Citibank para enero, o el 22% que prevé Goldman Sachs, muy por encima del 13% para octubre que estima el Banco de Inglaterra. Según el economista marxista británico Michael Roberts, más del 40% de los hogares del Reino Unido (12 millones, con 28 millones de personas) no van a poder calefaccionarse normalmente en enero próximo (Michael Roberts, “Energy, cost of living and recession”, thenextrecession.wordpress.com, 4-9-22).

Por lo pronto, el Banco de Inglaterra ya vaticina que “los hogares sufrirán su mayor caída en los estándares de vida en décadas: se espera que el ingreso laboral –luego de impuestos– previsto para el próximo año caiga en términos reales más de un 4% anual. También prevé una recesión extendida en el tiempo (…). La crisis del costo de vida va a dominar la agenda del gobierno por largos meses” (“Electric shock”, TE 9308, 13-8-22). Y eso tendrá consecuencias sobre todo en los sectores más vulnerables: “La pobreza absoluta [en el Reino Unido] va camino a aumentar en tres millones de personas en los próximos dos años, y se proyecta que la pobreza infantil alcance su nivel más alto (33% en 2026-27) desde sus máximos de la década del 90” (M. Roberts, cit.).

Pasemos ahora a los problemas de origen estrictamente climático, comenzando por la sequedad del verano europeo, que contribuyó de manera considerable a la crisis energética. Ejemplo de ello es la disminución del flujo hídrico en Noruega y, sobre todo, el desbarajuste creado por la sequía en el tráfico de carbón, petróleo y gas por las vías fluviales, en particular el Rin (80% del total de Alemania). Las barcazas pueden cargar hasta 3.000 toneladas, el equivalente a 120 camiones. Pero, siendo que los lugares más playos del Rin, como Kaub (cerca de la mítica roca Lorelei), la profundidad del río cayó hasta menos de 50 cm, las barcazas deben circular con la mitad o la cuarta parte de su carga habitual para no encallar. Ni las rutas y ni siquiera el tren son una buena alternativa, económica o ambiental, al transporte fluvial. Los planes para el dragado sistemático del Rin podrían dar resultados recién de aquí a diez años (“Bombs and balance sheets”, TE 9309, 20-8-22).

Esto es parte de una rémora tradicional alemana, la subinversión en infraestructura. Pero también es un indicador de los problemas que afronta Europa en el futuro cercano en razón del cambio climático. La sequía no es sólo en el Rin: ya vimos la situación en Inglaterra, y en toda Francia cayeron durante julio menos de 10 mm de lluvia, el registro más bajo en 60 años. La actividad agropecuaria enfrenta el desafío de adaptarse a condiciones climáticas mucho más adversas: “Las cosechas ahora deben levantarse antes de que el sol las arruine, pese a la baja del rendimiento. Se extienden los límites a la irrigación. Los niveles del río Po en el norte de Italia son tan bajos que el agua salada del Adriático se filtra a su curso, amenazando la zona más fértil de Italia; un sindicato agrícola advirtió que esas condiciones amenazan hasta un 30-40% de la cosecha estacional. En Suiza, los granjeros apuntan a una menor producción de queso Gruyère a causa de la reducción de producción de leche [por el estado de las pasturas]” (“Feeling the heat”, TE 9308, 13-8-22). Como reza una frase popular entre los ambientalistas: si el cambio climático es un tiburón, el agua son los dientes del tiburón.

Como si con los problemas del clima no fuera suficiente, más de la mitad de los 56 reactores nucleares de Francia (con mucha diferencia, el país de la UE con mayor proporción de energía atómica en su generación de electricidad, un 42%) debieron cerrar por mantenimiento, con una producción estimada para este invierno un 25% por debajo de lo habitual. La forma de compensar este hueco no es la que una política coherente hacia el cambio climático recomendaría: entre otras medidas, se baraja la eventual reapertura de una central térmica a carbón. Estas decisiones, que implican un sacrificio supuestamente “temporario” de las metas de reducción de carbono en el altar de la emergencia energética que desnuda el conflicto con Rusia, son cada vez más habituales, y se dan de patadas con la profesión de fe “verde” de la que Europa solía jactarse (al menos, en comparación con el negacionismo de Trump y la parálisis legislativa en EEUU bajo Biden).

Al respecto, es verdad que algunas voces sugieren tímidamente que esta crisis puede ser una oportunidad para abordar de manera más seria y estructural la transición a energías limpias con el objeto de acercarse a las metas planteadas por las cumbres climáticas. Pero ya vimos que las urgencias –fiscales, económicas y políticas–, una vez más, desplazarán a lo que es estratégicamente necesario. Como observa Roberts, “los esfuerzos por controlar las emisiones de carbono y cumplir con las metas globales están retrocediendo en razón de la aceleración de la producción de combustibles fósiles y el aumento de subsidios a combustibles fósiles para intentar controlar los precios de la energía. Los subsidios a los impuestos a la energía no sólo fomentan la dependencia de la UE de las importaciones de combustibles fósiles sino que también conspiran contra el cumplimiento de las metas climáticas del Acuerdo Verde Europeo” ((M. Roberts, cit.). El capitalismo es un pésimo administrador de amenazas a largo plazo.

Volviendo a la situación de los estados clave, el país con el mayor desafío energético de toda la UE es, con toda seguridad, Alemania, cuya provisión de gas natural dependía, hasta el comienzo de la guerra en Ucrania, en un 55% del gas ruso. Y no sólo eso, sino que núcleos de infraestructura clave como importantes refinerías y depósitos de gas estaban en manos de compañías rusas. Tampoco había casi terminales para procesar gas natural licuado (GNL) de otros eventuales proveedores; el centro estratégico del suministro energético de Alemania eran los gasoductos con Rusia NordStream 1 –hoy virtualmente inoperativo por decisión unilateral de Putin– y NordStream 2 (proyecto casi en vías de finalización y cancelado por el gobierno alemán tras la invasión a Ucrania).

Incluso ya comenzada la guerra, los pagos de energía rusa por parte de Alemania superan los 18.000 millones de dólares, según el Centro para la Investigación sobre Energía y Aire Limpio de Helsinki. Pero es verdad que el suministro de gas ruso se ha reducido drásticamente y hoy representa sólo el 26% del total, según cifras oficiales. Ahora bien, el centro de la cuestión es que la provisión de energía barata está en la base de la competitividad global de sectores cruciales de la industria alemana, como la química, la siderúrgica y la automotriz (“Schafft Deutschland das?”, TE 9308, 13-8-22). Alemania es, con mucha diferencia, la mayor potencia industrial europea, y la manufactura ocupa un lugar, tanto en la producción como en el empleo, comparativamente mayor que en casi todas las economías desarrolladas; representa el 20% de su PBI, frente al 11% en EEUU y el 9% en el Reino Unido. Por lo tanto, las presiones para mantener el suministro de energía que necesita la economía industrial alemana son tales que se habla ya de rehabilitar temporariamente centrales térmicas a carbón e incluso –tabú de tabúes después del desastre de Fukushima en 2011, y ni hablar con el Partido Verde en la coalición de gobierno federal– volver a la energía atómica.

Ahora bien, reconfigurar la lista de proveedores a tan gran escala y en tan poco tiempo es difícil, pero es menos imposible que reconvertir la generación de energía necesaria para gigantes como BASF, Mercedes Benz, BMW, Siemens, Thyssen o VW a otras fuentes que no sean el gas. Y más imposible todavía es reconciliar el discurso del “nuevo paradigma energético” con la realidad de las urgencias geopolíticas, económicas y políticas de hoy en Europa.

Los gobiernos al rescate… con un vaso de agua para el incendio

El impacto de las cuentas de electricidad en los hogares es tal que los nada populistas gobiernos europeos apilan sin mucha coherencia ni planificación medidas destinadas a reducir el daño económico y social en una población ya fatigada. Lo más habitual es una combinación de precios máximos a la energía y alguna forma de subsidio al consumo, todo en el marco de una campaña europea de llamado a la reducción del consumo a niveles de austeridad sólo vistos en la inmediata posguerra.

España, Francia y Portugal ya anunciaron topes para los precios y/o las facturas domiciliarias. Pero tanto gobiernos como usuarios saben que se trata de respuestas de emergencia insuficientes. La dependencia de la energía barata provista por Rusia no es algo que se admita reemplazo adaptativo rápido, ni sencillo, ni barato.

Algunas de las medidas implementadas por los gobiernos de la UE son simbólicas en cuanto al ahorro, pero a la vez altamente ilustrativas del mensaje que se pretende dar a la población, blanco principal e inevitable del ajuste energético. Desde dejar la torre Eiffel casi a oscuras (suponemos que París dejará de ser llamada la Ciudad Luz…) hasta el aire acondicionado a 27 grados (en verano) en los centros comerciales españoles, pasando por la ministra de Medio Ambiente suiza que propuso duchas compartidas (curioso, pero al menos más entretenido que las duchas frías que impuso Hannover al cortar el gas en los edificios públicos), se apilan las ideas que tienen como común denominador la invocación al ascetismo más espartano.

La culpa de todo, naturalmente, se hace recaer sobre Vladimir Putin, pero la contracción energética real que implica el casi total corte de suministro de gas ruso puede ser enfrentado de maneras muy diversas, y la elección clara en el conjunto de la UE es que el grueso de la cuenta lo paguen las masas trabajadoras y la población en general. Después de todo, como explica con todo cinismo el presidente francés Emmanuel Macron, se trata del “precio de nuestra libertad”. No es de extrañar que el entusiasmo bélico por la causa ucraniana se haya enfriado notoriamente, aunque transferir de Putin a Zelensky la responsabilidad política por el ajuste sólo ayuda a lavar las responsabilidades de los gobiernos europeos.

Por supuesto, los sectores más pobres serán los más afectados, en la medida en que para ellos la proporción de ingresos destinada a las cuentas de energía es mucho mayor. Aun los topes a la factura o transferencias en efectivo (como se puso en práctica en Italia) no serán más que un paliativo para un golpe que ya se está sintiendo y que será mucho más duro cuando llegue el invierno.

Las reducciones de impuestos varían de país a país. En el caso de los combustibles, van desde 6 centavos de euro por litro en el Reino Unido a 30 centavos en Francia, con España en un punto medio. La extensión y duración de los recortes de impuestos y de los subsidios directos e indirectos también es objeto de múltiples recetas. Francia, Noruega y Polonia redujeron el IVA. España suspendió un impuesto a las compañías generadoras de energía. El estado griego cubriría el 94% de los aumentos de precio de la energía para los hogares; Noruega, el 90% de lo que exceda 70 dólares el megavatio/hora. Francia y recientemente Alemania anunciaron la estatización total de las compañías de energía más importantes. Francia limitó el incremento de los precios de la electricidad a un 4% y congeló el del gas. Rumania puso límites máximos a las facturas domiciliarias de gas y electricidad hasta determinado nivel de consumo. Hungría y Portugal pusieron precios máximos al combustible (“Lines of defence”, TE 9311, 3-9-22).

Otro recurso es el de transferencias directas de dinero, que también varían ampliamente en monto y cantidad de beneficiarios. Los programas más generosos son los de Alemania, con bonos de 300 euros a trabajadores que paguen impuesto a los ingresos y 100 euros por hijo, y el británico, que pagará a 8 millones de hogares 650 libras además de un bono universal de 400 libras. Dinamarca e Italia ya anunciaron planes similares.[4]

La discusión en la Comisión Europea (y en los gobiernos europeos) es cómo se financiará esta asistencia. El “impuesto de emergencia” a los ingresos extraordinarios de las compañías energéticas –beneficiadas hasta la obscenidad con el alza de precios–, incluso suponiendo que se implemente, es calculado por la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un máximo de ingresos de 140.000 millones de euros. Pero esta “contribución a la crisis” de las compañías de electricidad, gas y petróleo no se compara ni con los beneficios que obtendrán ni, sobre todo, con las necesidades de la población. El FMI estima que tomar “medidas de protección” –lo que en modo alguno significa anular el impacto de los aumentos– que apunten al 40% más pobre de la UE tendría un costo del 0,9% del PBI de la UE. Pues bien, los citados (y por ahora completamente hipotéticos) 140.000 millones de euros de “contribución” no llegan al 0,8% del PBI. En contraste, una estimación del banco Morgan Stanley calcula el costo adicional del gasto en electricidad en la UE en 800.000 millones de euros (“Power corrupts”, TE 9312, 10-9-22). La cuenta, simplemente, no cierra.

El costo fiscal para los estados de la UE de la ayuda a los hogares –una prioridad ante todo política, por supuesto– ya ronda, en los casos de Italia, España y Grecia, entre el 2 y el 4% del PBI, financiado, como es habitual, con emisión de deuda que por ahora la Comisión Europea y el Banco Central Europea avalan, visto el estado de necesidad. El conjunto de medidas tomadas por Alemania equivale al 1,8% del PBI; el paquete checo, casi el 3% del PBI, y el plan de la primera ministra británica Liz Truss de congelamiento de precios de la electricidad por dos años implica un costo estimado del 4,3% del PBI (“Crunch time”, TE 9312, 10-9-22).

Pero ni siquiera en Europa las arcas fiscales están muy aliviadas, aunque no presentan el nivel de estrés típico de los países periféricos, y más después del –bastante amarrete, en comparación con EEUU– programa de ayuda a los estados en ocasión de la pandemia. De modo que por ahora el recurso más obvio es el endeudamiento a mediano plazo… en un contexto de aumento de tasas de interés, como veremos enseguida.

Esto conducirá, a la primera oportunidad que vean los gobiernos, a anuncios y medidas de austeridad en el gasto para el Estado y de ajuste en el consumo –so pena de recibir facturas impagables– para los hogares. Y no sólo para ellos: muchas compañías, desde hotelitos familiares en destinos de vacaciones hasta gigantes petroquímicos cuyo modelo de negocios se basaba en el gas ruso barato, se enfrentarán a desafíos existenciales para los cuales las arcas estatales serán insuficientes en extensión y/o duración.

En cuanto a uno de los centros de la cuestión, la formación de los precios de la energía, hasta los liberales más rabiosos aceptan que el nivel de ganancias extraordinarias de muchas –pero de ningún modo todas–[5] las compañías productoras y distribuidoras de energía justifica impuestos extraordinarios. Los contratos de provisión de energía, que se hacen con un año de anticipación, estipulaban para el verano boreal de 2021 un precio de 100 euros por megavatio/hora (contra unos 30 euros en la prepandemia). El costo este año llegó a tocar los 1.200 euros en Alemania; aunque luego bajó a cerca de 300, el costo del gas equivale a un barril de petróleo a 400 dólares en vez de los 90-95 de valor de mercado actual. El director de la petrolera Shell ya advirtió que la crisis va a durar más de un invierno (“Keeping the lights on”; TE 9311, 3-9-22).

Los propios mandamases políticos de Europa admiten que el mecanismo de mercado para el precio de la energía es “absurdo” (Macron), “francamente ridículo” (Boris Johnson) y hasta llegan a sostener que “este sistema de mercado ya no funciona, y expone las limitaciones del diseño actual de nuestro mercado de electricidad” (Ursula von der Leyen, de la Comisión Europea). Pero, aparte de señalar la obviedad de que las opciones alternativas deben “desacoplar el gas de la formación del precio de mercado” de la electricidad, no hay nada más allá de la citada pretensión de cobrar algún impuesto adicional (citado por M. Roberts, cit.)

Así, como vimos, entre la circunspección con que los gobiernos capitalistas encararán la medida y la dimensión ciclópea del problema, el saldo será inevitable: la cuenta de la energía no será pagada con rentas extraordinarias de las grandes empresas, sino con esfuerzos y sufrimiento adicional de la población ordinaria.

La única solución de fondo para enfrentar la crisis energética sin afectar el nivel de vida de la población ni comprometer el esfuerzo para enfrentar el cambio climático seriamente sólo puede pasar por una transformación revolucionaria de la estructura de propiedad de las empresas de producción y distribución de energía,  que debe comenzar con su nacionalización bajo el control de las organizaciones de trabajadores y usuarios.

Una economía cuesta abajo

Es verdad que un lastre pesadísimo de la economía europea post crisis financiera de 2008, el índice de desempleo, parece ahora relativamente controlado, en el orden del 6,6%. Pero ese panorama puede no durar demasiado: la actividad económica en general y la industrial en particular están en territorio cada vez más incierto. De hecho, buena parte de la dinámica de la industria obedece a la inercia de un período anterior más favorable, y lo que está por delante es un descenso de la demanda que si ahora ya es visible, en los próximos meses se hará sentir con más fuerza. Según Robin Brooks, del Instituto de Finanzas Internacionales, uno de los think-tanks más respetados del establishment, “el saldo de nuevos pedidos menos inventario –es decir, las demandas a las compañías que mantienen su nivel de actividad– cayó por un precipicio”, y ese descenso refleja un debilitamiento global de la economía, en particular en China (“A narrowing path”, TE 9311, 3-9-22).

Este último factor es importante en especial para Alemania: si la industria teutona dependía del gas ruso para su provisión de energía, no depende mucho menos del mercado chino para la colocación de sus productos, sobre todo en ramas como la automotriz. Un medidor habitual de actividad, el índice de gerentes de compras (sigla inglesa PMI), muestra una tendencia a la contracción económica en Alemania, Austria, República Checa, Polonia e Italia, con Francia estancada y valores positivos sólo para Hungría.

Por otra parte, uno de los sectores que podía operar como contratendencia, el de servicios, no aparece tan sólido como hace unos meses. La exuberancia del gasto turístico contenido durante la pandemia que explotó en el verano europeo benefició sobre todo a los países mediterráneos. Pero la llegada del invierno significa no sólo menos gasto en servicios, sino que viene acompañada de una expectativa general en el continente de un ajuste de cinturón ante las futuras cuentas de servicio eléctrico. Ese temor ya está haciendo descender las perspectivas de los consumidores en rubros como transporte y en el mercado inmobiliario, según el PMI elaborado por Standard & Poor’s (ídem).

El shock energético coincide, para colmo, con un ajuste de las tasas de interés del Banco Central Europeo. El 8 de septiembre el BCE aumentó la tasa de referencia en tres cuartos de punto (0,75%), llevándola al nivel más alto desde la crisis del euro en 2011, y además anunció el comienzo del “ajuste cuantitativo” (quantitative tightening), es decir, el fin de la expansión monetaria vía la compra de bonos que había sido la piedra de toque de la política monetaria del BCE desde 2012. Todo con el objeto de intentar frenar la dinámica inflacionaria, al costo evidente de arriesgar un frenazo económico o, más probablemente, una recesión abierta en la UE.

Mientras tanto, el euro se derrumba no sólo frente al dólar –algo que sucede prácticamente con todas las divisas importantes– sino frente a otras monedas. Por primera vez casi en lo que va del siglo, el euro cotiza por debajo de la paridad con el dólar (es decir, el dólar es más caro que el euro). Esto es causa y consecuencia a la vez, entre otras cosas, de la desconfianza de los inversores globales en las perspectivas de la economía europea. Como siempre, se da la discusión de si primará el estímulo a las exportaciones que supone un debilitamiento de la moneda propia o si, más bien, el efecto será un recalentamiento de la inflación por encarecimiento de las importaciones, con el consiguiente impacto sobre la capacidad de consumo de la población. Por ahora, el resultado inmediato es un déficit de la balanza comercial para el conjunto de la eurozona, que antes se jactaba de tener uno de los países de mayor superávit comercial del mundo, Alemania.

El BCE sabe que la suba de la tasa de interés implica un riesgo cierto de que las economías con peor ratio deuda/PBI y peor performance económica (traducción rápida: Italia) se vean en serios problemas con su servicio de deuda. Ya la crisis de 2011 había obligado al BCE a improvisar una especie de “mutualización” parcial de deuda para evitar una brecha excesiva entre el valor de los bonos de deuda de los países “sanos” (los del norte europeo) y el de los países “gastadores” (los del Mediterráneo). Ahora la historia se repite, y contra las reglas del tratado de Maastricht que regulan las finanzas de la eurozona, el BCE diseñó un “instrumento de protección de transmisión” (sigla inglesa TPI) para el caso de un colapso de los bonos de países como Italia (M. Roberts, “Energy, cost of living and recession”, 4-9-22).

La conjunción de crisis energética, inflación y tasas altas puede conducir a un escenario de pesadilla, que resume Krishna Guha, del banco de inversión estadounidense Evercore: “La combinación de un shock estanflacionario gigantesco como resultado del uso político que hace Rusia del gas natural con una crisis en Italia es lo más parecido a una tormenta perfecta que el BCE pueda imaginar” (citado por M. Roberts, en “Europe: caught in a trap”, thenextrecession.wordpress.com, 24-7-22).

Por lo tanto, al menos tomando las tendencias más recientes, los países europeos a mirar con particular atención son, desde el punto de vista de su evolución económica, Alemania; en el terreno de las novedades políticas, Italia, y en el plano de las luchas de trabajadores contra el deterioro de su nivel de vida, el Reino Unido. Pero, por supuesto, esos mismos focos pueden desplazarse de un país a otro en cuestión de meses, o semanas. Como ya señalamos, el signo de toda la coyuntura en general y en Europa en particular es la inestabilidad, la volatilidad y la creciente polarización. Vectores que pueden tener no uno sino varios disparadores, desde el descontento social y económico hasta la crisis política, el impacto de fenómenos climáticos, la marcha de la guerra en Ucrania y la lista sigue.

En resumen, “todo esto sugiere que es seguro que la economía europea se encamina a una recesión, liderada por Alemania, Italia y Europa central y oriental. Analistas de JPMorgan Chase calculan una tasa de crecimiento anualizada de -2% [es decir, una caída. MY] para la zona euro en su conjunto, de -2,5% para Francia y Alemania y de -3% para Italia. Los problemas de alto endeudamiento de Italia pueden disparar cimbronazos en los mercados de bonos europeos. Hasta ahora, los políticos europeos han dedicado mucho tiempo a cómo van a responder a los aumentos de precios de la energía. Puede que pronto tengan entre manos una crisis más grande” (“A narrowing path”, TE 9311, 3-9-22).

En efecto, la bola de crisis múltiples que es en este momento la UE se está volviendo inmanejable para gobiernos desgastados prematuramente (Macron), que todavía tienen que hacer pie (Scholz, Truss) o que aún están por formarse (el que eventualmente surja de las elecciones italianas). La estructura lenta y burocrática de la UE no es lo suficientemente flexible para reaccionar de manera eficaz y unificada ante cualquier coletazo inesperado de alguna de esas crisis. Y las primeras reacciones de parte de la clase trabajadora en lugares donde hacía mucho tiempo no se desperezaba pueden ser un indicador de que el escenario de polarización global puede, al menos en Europa, reflejarse ya no sólo en lo geopolítico sino mucho más directamente en el terreno de las confrontaciones sociales.

 

 


[1] Hay ciertas señales de que este pico se podría haber alcanzado en el caso de las commodities agrícolas, en especial los granos, que están retornando a los niveles previos a la guerra en Ucrania (“Against the grain”, TE 9310, 27-8-22). Sin embargo caben aquí dos caveats o alertas: primero, que ese regreso a los precios de preguerra se da en dólares, lo que significa que en muchos países los precios en moneda local serán tanto más altos como lo fue el deterioro de esa moneda respecto del dólar, y segundo, que el eventual descontrol de los acontecimientos en el escenario geopolítico puede deshacer en cuestión de días todo el camino recorrido en meses. La volatilidad sigue a la orden del día.

[2] Trabajadores del ferry entre Southampton y la isla de Wight hicieron huelgas con piquetes por primera vez desde 1966: “Ian Woodley, el organizador regional del sindicato Unite, quedó sorprendido por la rapidez con que se radicalizaron los trabajadores jóvenes: ‘Nunca habían estado antes en un sindicato, y mucho menos en una huelga’” (“The summer of discontent”, TE 9308, 13-8-22)

[3] Dejamos para otra oportunidad una reflexión sobre el disparate antidemocrático que representa el sistema de reemplazo de un primer ministro británico en caso de renuncia. Primero se hace una ronda de votación sólo entre lxs diputadxs del partido de gobierno, y luego sólo lxs afiliadxs del partido de gobierno (en el caso de los tories, no más de 140.000 personas) eligen entre lxs dos candidatxs más votadxs por la bancada de su partido. La disfuncionalidad institucional de las grandes “democracias liberales” es un tema que da para varios libros.

[4] En el caso de Italia, que tendrá elecciones generales el 25 de septiembre, la perspectiva de un gobierno de la extrema derecha de los Fratelli d’Italia, con una mirada nacionalista antieuropea en lo político, una mezcla inconsistente de estatismo y liberalismo en lo económico y una agenda cultural ultrarreaccionaria, anti inmigrantes, antiaborto y anti LGBT, sólo puede complicar el panorama. Una coalición de derecha dura sería muy inestable: mientras Salvini, de la Liga Nord, simpatiza con Putin y quiere tomar medidas de alivio fiscal ante la crisis energética, Giorgia Meloni, de Fratelli d’Italia, es firmemente pro Ucrania y prioriza la prudencia fiscal (“Strife on the right”, TE 9313, 17-9-22).

[5] No hay que creer que sólo se trata de cobrar impuestos a las empresas para subsidiar hogares. El ministro de Economía alemán, Robert Habeck, propuso exactamente lo contrario: cobrar a los hogares promedio un sobrecargo de 480 euros anuales (más IVA)… para subsidiar empresas energéticas en crisis, como Uniper, el mayor importador de gas del país que estaba en manos del gigante estatal ruso Gazprom (“Generating controversies”, TE 9312, 10-9-22). Una medida de lo mal que cayó la idea es que menos de dos semanas después el gobierno alemán tomó la decisión de estatizar por completo Uniper. En todo caso, como explica Roberts, la parte del león de las ganancias extraordinarias por los altos precios de la energía se la llevan no las distribuidoras –en el Reino Unido, las “Big Six”–, sino los gigantes de la producción de hidrocarburos: BP, Shell, Exxon Mobil, Chevron, Total, etc., con ganancias de cerca de 100.000 millones de dólares sólo en los primeros seis meses de este año (M. Roberts, “Energy, cost of living and recession”, cit.).

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