• La pelea y discusión en Estados Unidos por un salario mínimo de 15 dólares la hora. Una de las principales promesas de campaña de los demócratas ya ha sido descartada por el gobierno. Para las mayorías trabajadoras, nada.

Agustín Sena

En las últimas semanas, y como parte del tratamiento legislativo del Paquete de Rescate planteado por Biden para paliar la crisis del Covid – 19 en EEUU, se re – abrió en el Congreso, los medios y la opinión pública yankees el debate sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo, que desde el año 2007 se mantiene en unos magros 7,25 dólares la hora. Sin embargo, el debate legislativo duró poco: la presión de los republicanos (y de los demócratas más conservadores) y de los grandes empresarios dieron por tierra con el proyecto y silenciaron las veleidades progresistas de Biden.

El paquete

El paquete de rescate enviado por Biden al Congreso es el tercero de desde el inicio de la pandemia y, en líneas generales, va en el mismo sentido que los dos primeros (sancionados por el gobierno de Trump).

En la mayoría de los puntos se limita a extender los subsidios de los paquetes anteriores, como los seguros de desempleo y los “cheques” generalizados (una ayuda básica federal que destina 1200 dólares mensuales para todas las familias con ingresos menores a 80.000 dólares anuales por adulto empleado) hasta la segunda mitad del 2021.

Además de las medidas de asistencia económica, se destinarán fondos a elementos básicos para el sistema de salud en el marco de la pandemia (esencialmente vacunas y tests), y para financiar la reapertura del sistema de educación y algunos sectores específicos de la industria.

La mayoría de los medios (yanquis e internacionales) se destacan las cifras del paquete: 1,9 billones de dólares, número similar a los 2,2 billones del primer paquete de 2020, que fuera catalogado como “el plan de salvataje más grande de la historia de EEUU”). Pero lo cierto es que, en un país y una economía tan inmensas como las estadounidenses, estos millones y millones de dólares no configuran un cambio cualitativo con respecto al estado actual de la economía. Va destinado más bien a mantener bajo control la situación social y evitar desbordes como el que se vio el año pasado con la rebelión antirracista.

De todas las medidas anunciadas en un primer momento por Biden, la única que podría haber implicado algún tipo de cambio en sentido progresivo en la vida de los trabajadores estadounidenses (es decir, la única medida que podía hacer que estos vivan mejor de lo que vivieron los últimos años, y no sólo que vivan menos mal que durante la crisis del último año) era la suba del salario mínimo, que implicaba su duplicación, pasando de los actuales 7,25 dólares a 15¹.

Los argumentos capitalistas (y la respuesta de los marxistas)

El establishment político no se demoró en salir a rechazar el proyecto de aumento del salario mínimo. No sólo los republicanos se posicionaron en contra, como se esperaba, sino también un sector del Partido Demócrata, minoritario pero significativo.

Los 6 votos demócratas en contra del aumento definieron la cuenta en una cámara de Senadores en la que ambos partidos comparten una representación igualitaria.

La discusión puede llegar a resultar curiosa o hasta sorprendente vista desde fuera de los Estados Unidos. Principalmente porque los argumentos esbozados por los sectores anti – aumento son casi antediluvianos.

El argumento más utilizado por los medios fue planteado por la CBO (Congressional Budget Office – Oficina de Presupuesto del Congreso), organismo que se ocupa de proyectar tendencias y analizar la economía en relación al presupuesto elaborado por el gobierno federal. Según la CBO, la duplicación del salario mínimo tendría un efecto desastroso e inherentemente recesivo sobre la economía estadounidense, e incluso sobre los mismos sectores de trabajadores que se beneficiarían de dicho aumento. Según la CBO, la duplicación del salario mínima llevaría en 4 años a la desaparición de 1,4 millones de puestos de trabajo y al aumento del déficit fiscal general en una suma de 54.000 millones de dólares. La razón sería muy simple: teniendo que pagar salarios más altos, las empresas privadas optarían por despedir empleados para compensar sus presupuestos. El déficit fiscal provendría así mismo del aumento de presupuesto destinado a salarios en los sectores estatales de la industria.

Como bien señala el economista James Galbraith (reconocido por haber sido asesor del progresista Varoufakis en la fallida gestión de Syriza en Grecia), estos argumentos son “de manual” y poco reales. En primer lugar, un aumento de 54.000 millones de dólares en el déficit fiscal resulta insignificante: implica un aumento porcentual del 0,2% del déficit actual, por lo que ni siquiera vale la pena tener este número en cuenta como una variable significativa.

Además, la CBO pareciera no tener en cuenta que una gran parte de esos 1,9 billones de dólares que el Parlamento aprobó para el nuevo paquete de salvataje serán destinados, justamente, a asistir a las familias trabajadoras que no logran subsistir con sus salarios. Se trata, en suma, de una forma de “salario indirecto” proveniente del Estado. ¿Qué mejor forma de reducir el déficit, entonces, que obligando por ley a subir el salario mínimo, es decir, haciendo que sean los capitalistas y no el Estado los que garanticen que los salarios alcancen para la subsistencia de los trabajadores? Pero para esto, claro, habría que tocar las ganancias empresariales.

Por otro lado, la idea de que un aumento de sueldo destruiría puestos de trabajo es un argumento abstracto que los capitalistas vienen postulando desde la época de Marx para desacreditar cualquier intento de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Sucede que el salario no es una suerte de presupuesto fijo inamovible, no es una relación fijada de una vez y para siempre de masa de empleados y masa salarial.

Como ya demostrara el propio Marx, el salario no es el valor del producto del trabajo (el capitalista no entrega al trabajador todo el valor creado por él) sino el precio de la fuerza de trabajo. Esto es: la retribución salarial es el valor de lo necesario para subsistir en tanto obrero. Y gracias a la lucha de siglo y medio del movimiento obrero, esta magnitud se ha modificado histórica y culturalmente. Los salarios medios son mucho más altos (en lugares como Estados Unidos, no en todo el mundo) que en los inicios del capitalismo.

La diferencia entre lo producido por el trabajo vivo y y la retribución salarial es el plusvalor, que el capitalista se apropia. De una fracción de éste es que pueden venir los aumentos salariales.

Esto barre con la idea de que el presupuesto existente para pagar salarios es fijo e inmodificable (idea en la que se basa el cálculo de desempleo de la CBO). Si el argumento tuviera siquiera un poco de verdad, no habría habido a lo largo de la historia ningún aumento del poder adquisitivo de los trabajadores. Además, el sinnúmero de catástrofes producto de los aumentos de salarios anunciadas por los capitalistas a lo largo de los siglos jamás han sucedido.

También atestigua en este sentido el hecho de que, a contramano de lo que plantea la CBO, existen regiones de los Estados Unidos donde la tasa de ocupación es mayor que la promedio y también el salario promedio es mayor al resto del país, mientras que son las zonas con mayores niveles de desocupación en las que se verifican los salarios más bajos².

¿Qué nos dicen estos datos? Que no es el alza del salario lo que hace caer la ocupación, sino que es el alza de la desocupación (el aumento del “ejército de reserva” de los desocupados) la que hace caer los salarios medios, ya que habiendo menos trabajo los trabajadores tenderán a aceptar peores salarios y condiciones de trabajo. Esta última ha sido la tendencia en los EEUU durante las últimas décadas.

Comenzó con el desguace del viejo “Estado de bienestar” y la introducción del neoliberalismo que, globalización mediante, destruyó algunos de los sectores más concentrados de la clase obrera estadounidense (como las automotrices). Muchos fueron lanzados a la desocupación y luego reabsorbidos por sectores ultra – precarizantes de la industria, particularmente con la renovación generacional que hace de los millenials trabajadores con salarios más bajos que el promedio de décadas atrás. Fue un traspaso sistemático de trabajadores de la producción al sector de los servicios o áreas como las comidas rápidas, que nuclea a millones de jóvenes y migrantes con salarios de hambre.

La situación de los trabajadores precarizados en EEUU y las expectativas en Biden

La cifra del aumento propuesto por Biden no es casual: el salario mínimo de 15 dólares es una reivindicación que el movimiento de trabajadores precarizados de Estados Unidos ha puesto sobre la mesa hace ya varios años, específicamente desde la gestión Obama³.

Es evidente que la inclusión de esta medida (que no estaba presente el año pasado) en el paquete de salvataje de Biden apunta a ganarse la simpatía de un sector políticamente muy importante: los trabajadores precarizados y, específicamente, la juventud afroamericana y migrante (centralmente latina). Este sector social fue el que expresó mayor descontento contra el saliente gobierno de Trump, siendo la base social de todos los movimientos callejeros que surgieron en los últimos años: la marcha de las mujeres contra Trump, las movilizaciones contra la persecución a los inmigrantes y especialmente la rebelión antirracista del año pasado.

Si bien Biden viene intentando ganarse el apoyo político de este sector, ha sido más bien tibio luego de derrotar a Trump. Si bien obtuvo una mayoría clara en las elecciones, la diferencia no fue arrasadora, y pareciera que la juventud y los trabajadores estadounidenses depositan expectativas más bien tímidas en Biden⁴. A esto responde el intento reiterado de Biden (y del sector demócrata que se agrupa detrás de él) por garantizar la votación del aumento del salario mínimo.

Sin embargo, los esfuerzos y roscas parlamentarias de los demócratas resultaron infructuosos. Quedó clara la dificultad que el gobierno Biden tendrá que afrontar si intenta realizar algún cambio mínimamente significativo en las condiciones de vida de las masas estadounidenses en el marco de un sistema político como el yankee que se demuestra cada vez más constitutivamente antidemocrático y antipopular (tengamos en cuenta estamos hablando de simples concesiones económicas, cuantitativas, no de ningún tipo de reforma cualitativa).

Esta falta de autoridad política podría resultar un problema para Biden; no porque el novel presidente haya asumido la presidencia con un programa demasiado a la izquierda (ni mucho menos), sino porque, si pretende estabilizar el panorama político en la potencia imperialista luego de un año de crisis y rebelión como el 2020. Biden deberá garantizarse niveles de representación y aceptación popular mínimas. Para esto, el Partido Demócrata debe necesariamente situarse a la izquierda de Trump, lo que explica que el elegido para la carrera presidencial haya sido Biden, ex – vicepresidente de Obama que podía usufructuar la imagen positiva de este último.

Sin embargo, pareciera que no hay demasiado margen en los ánimos del establishment (y menos que menos, de la burguesía que este representa) para hacer concesiones o gestos progres. Biden tampoco confrontará con nadie para hacer ninguna reforma, él tampoco simpatiza con ellas en el fondo. Esto, sumado a la falta de mayorías claras en el Parlamento y al problema general de la lenta recuperación económica (y a la pandemia que no ha terminado).

La gestión de Biden tiene muchas dificultades por delante para estabilizarse. Será presionado desde la derecha por los republicanos y la base social trumpista que aún permanece activa en la sociedad, y desde la izquierda por el descontento popular que se hizo expreso durante el año anterior, y que la crisis podría avivar más temprano que tarde.