El pasado viernes la Justicia de Estados Unidos falló contra la República Argentina en la demanda abierta por la nacionalización parcial de YPF en el año 2012, bajo el gobierno de Cristina Fernández.

La jueza federal Loretta Preska da lugar así al reclamo de dos fondos de inversión que denuncian haber sido perjudicados por la medida. Aunque la magistrada no determinó el monto de la compensación que deberá pagar el Estado argentino, algunas estimaciones afirman que podría alcanzar los U$S 18.000 millones.

Los demandantes son dos fondos norteamericanos llamados Burford Capital y Eton Park, dos fondos «buitres» que compraron la quiebra de Petersen Energía (de los Esquenazi, por aquel entonces propietarios del 25% de la petrolera) para demandar al Estado Argentino.

Este tipo de fondos de inversión son una especie muy destacada en el ecosistema de parásitos engendrados por la sociedad capitalista: se trata de fondos que compran litigios contra países débiles o en crisis que por alguna razón tienen que someterse a la justicia yanqui, teniendo por seguro que los fallos judiciales no los beneficiarán.

En 2015, estos tipos de fondos también fueron favorecidos por la justicia norteamericana respecto al canje de bonos de deuda externa argentina realizada en el año 2005.

En esta ocasión, Burford y Etan Park compraron la quiebra en la que se declaró la compañía Petersen Energía luego de que el gobierno de CFK comprara el 51% de las acciones de YPF que estaban en posesión de la española Repsol. Como según el estatuto de la petrolera -que cotiza en la bolsa de Nueva York y por lo tanto tiene estatus jurídico para los tribunales norteamericanos- se establece que en caso de expropiaciones se debe hacer una oferta de compra a la totalidad de los accionistas (y no sólo a una parte), la jueza Preska decidió hacer lugar a la demanda de los buitres.

El monto que ahora puede que tenga que pagar el Estado -que ya adelantó que apelará el fallo- se sumará a los U$S 8.000 millones que el gobierno de Cristina ya le había pagado como «compensación» a los vaciadores de Repsol.

Privatizadores y vaciadores

De manera vergonzosa, los representantes de la derecha en nuestro país se sumaron a las celebraciones de los buitres extranjeros, intentando aprovechar la ocasión para instalar la idea de que las «estatizaciones» como la de YPF perjudican al país, haciendo política de hecho a favor de la privatización.

La realidad es que bajo la gestión privada la empresa sufrió un vaciamiento descomunal, y con él, una pérdida de posiciones estratégicas para el país en lo que refiere a la energía.

Luego de años de privatización y casi nula inversión, en 2011 -todavía bajo gestión de Repsol- el país tuvo que importar por primera vez más gas y petróleo del que produjo, perdiendo su autoabastecimiento energético, problema que continúa hasta hoy.

Desde la adquisición de la petrolera por parte de Repsol, las reservas de petróleo de la empresa se redujeron un 54% entre 1999 y 2011, mientras que las de gas prácticamente desaparecieron, reduciéndose un 97%. Hoy Argentina gasta miles de millones de dólares anuales en la importación de gas, aunque cuente con importantes reservas.

Estos datos arrolladores contra el falso discurso de la «eficiencia» que sería propia del «sector privado» (discurso típicamente noventista que hoy recobra fuerza) no parecen ser suficientes para que los derechistas y cipayos de turno aprovechen la ocasión para renegar de la expropiación, defender la privatización y a los parásitos especuladores extranjeros que hacen negocios con el país.

Párrafo aparte para el kirchnerismo que, si bien recuperó para el Estado la mayoría accionaria, premió a los vaciadores de Repsol con más de U$S 8.000 millones. Además, al haber hecho una estatización parcial y no total, le abrió la puerta a los buitres que ahora sobrevuelan y que pueden perjudicar (aún más) gravemente las finanzas del país.

Además, la Ley impulsada en su momento por CFK dejó intacta la figura de Sociedad Anónima, dejando una ventana abierta para futuras reprivatizaciones y dándoles un peso importante a los inversores privados. Antes de su privatización en el gobierno de Menem, YPF era una Sociedad del Estado, y su conversión a Sociedad Anónima fue el paso previo necesario para avanzar en su privatización y posterior desguace.