• La muerte de Moïse desató una pelea por arriba, por el poder. Su caída no representa un cambio significativo de régimen, sino, simplemente un cambio de mando.

Johan Madriz

El miércoles 7 de julio fue asesinado en su casa, con 16 disparos, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, por un comando armado en que estarían involucrados al menos 28 personas (tres de las cuales fueron abatidas por la policía). De estas, 17 son colombianos a las órdenes de la empresa de seguridad CTU Security, con sede en Miami[i]. Uno de los sospechosos era soldado del Ejército colombiano y fue investigado por ejecuciones extrajudiciales, probablemente de falsos positivos. Además, otras de estas personas habrían trabajado como informantes de la DEA y el FBI, según reconocieron estas agencias.

Moïse era una figura odiada, que no tenía ninguna legitimidad y se mantenía en el poder únicamente con el apoyo de un sector de la burguesía. Con su muerte se abrió una nueva crisis política que, sumado al desastre económico, social y sanitario, abre la posibilidad de una nueva intervención en el país. Como posición inicial hay que rechazar la ambición de intervención del imperialismo y la política represiva del gobierno en funciones que únicamente tienen el objetivo de someter a los sectores populares que luchan desde hace años.

Un país en ruina

Jovenel Moïse era una figura de la burguesía, un supuesto outsider de la política, pero con mucho rabo que majar. Llevó adelante un mandato represivo y corrupto, por lo que los escándalos y las protestas fueron la norma, sumiendo al país en una situación de precariedad profunda.

La descomposición social es impresionante: un 60% de la población se encuentra en la pobreza, más de seis millones sufren hambruna, el 70% de la población activa está desempleada y la esperanza de vida no llega a los 60 años. La inflación y la devaluación de la moneda (un 30%) son flagelos que limitan cada vez más la posibilidad de acceder a los mínimos bienes y servicios, por eso mismo, Haití es uno de los países con mayores niveles de inseguridad alimentaria, con más del 20% de niños y niñas en desnutrición.

No existe una red sanitaria que sea digna de llamarse como tal, son pocos los centros médicos y la mayoría se encuentra en mal estado y con insuficientes recursos. Las y los trabajadores son mal pagados y constantemente deben cerrar los hospitales debido a las amenazas de los grupos armados. Con la pandemia de covid-19 estas deficiencias se agravaron. Las cifras de contagios y muertes oficiales son bajos (alrededor de 16 mil y 350, respectivamente, en una población de 11 millones), sin embargo, no son para nada de fiar. Moïse, fue uno más de esos mandatarios negacionistas que recomendaba tomar “té medicinal” y que incluso llegó a rechazar donaciones de vacunas, en un país donde no se ha colocado ni una sola dosis. Mientras tanto los ricos viajan a la vecina República Dominicana o a Estados Unidos a vacunarse.

En 2019 se puso fin al Programa Petrocaribe, impulsado por Venezuela, que permitía el acceso a combustible subsidiado para que esos fondos se destinaran a desarrollo de infraestructura y programas sociales. Tras esto, el gobierno haitiano también puso fin al subsidio a la energía, ya que los derivados de petróleo son la principal fuente energética del país (trasporte, iluminación y cocina). Posteriormente estalló el “escándalo de Petrocaribe”, un entramado en el cual miles de millones de dólares del subsidio venezolano fueron malversados. Por esta causa estuvieron señalados decenas de funcionarios y empresarios, entre ellos Moïse con su empresa Agritrans.

Tan miserable es esta burguesía que se ha acuñado el término “economía del desastre”, que hace referencia al enriquecimiento de empresarios y políticos a partir de la ayuda humanitaria que recibe el país tras los regulares desastres naturales, cuyos efectos se ven potenciados por lo precario de las condiciones de vida.

Por otro lado, también está la llamada “economía de la violencia”, ligada a la proliferación de bandas criminales y que tiene que ver con los secuestros, trafico, trata, prostitución y extorsiones. En el 2020 hubo 1270 secuestros y los asesinatos se han multiplicado: solo el pasado mes de junio se cometieron al menos 150. Durante el gobierno de Moïse se perpetraron 12 masacres colectivas en los barrios populares,en estrecha relación entre la policía y las bandas armadas que controlan grandes sectores del país. Solo en la noche del 29 al 30 de junio 19 personas fueron ejecutadas en plena calle por una banda dirigida por un expolicía.

Según la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reinserción existen al menos 77 bandas criminales que crecen continuamente en su poder, tanto en control de territorio como en capacidad de fuego e influencia política. Se estima que en el país hay un “mercado negro” (muy a la vista) de unas 500 mil armas de guerra, duplicando las estimaciones de hace 5 años.

Pero no todas las pandillas son simplemente grupos criminales, sino que algunas tienen pretensiones políticas y se auto asumen como un actor político más y como tal, incluso, están asumiendo funciones que el Estado no atiende. Este es el caso del llamado G9. Este es un comando que unificó a 9 de las bandas más poderosas de Puerto Príncipe, primero bajo la denominación de G9 y luego con el nombre de Grupo Revolucionario 9.

Estos se “manifiestan armados por las calles, sus líderes dan conferencias de prensa, tienen su propio canal de YouTube, logran cambiar ministros cuando no les gustan. En julio de 2020 el grupo organizó una manifestación callejera en Puerto Príncipe exigiendo su legalización.

“Marchaban en el mismo tipo de blindados que los que usa la Policía. Su líder máximo es, precisamente, un exintegrante de una unidad especial de la Policía, Jimmy Cherizier, conocido como Barbecue. Lo separaron de su cargo tras un operativo en un barrio popular en 2017, en el que murieron ocho civiles y dos policías […].

“En 2020, el G9 coordinó junto con la Policía una entrega de alimentos en un distrito particularmente pobre de la capital. El grupo controla áreas centrales de Puerto Príncipe y los accesos norte y sur de la zona metropolitana, «lo que, en la singular geografía haitiana, le da una excepcional capacidad de aislar a la capital del resto del país» […].

“El 23 de junio Barbecue apareció en un video que rápidamente se hizo viral. «Acompañado de un pelotón de jóvenes encapuchados y armados –varios de ellos con indumentaria de la propia Policía–, anunció el comienzo de una “revolución armada”, consumando un giro discursivo contra el Estado, el gobierno y la oposición política. Utilizando la simbología nacional y evocando a los héroes de la revolución de independencia, invitó a la población a armarse y a incorporarse a su organización.»”.[ii]

En este combo de pandemia, pobreza, grupos armados y corrupción, que una banda criminal combine acciones de asistencia social con un discurso contra un gobierno odiado es sumamente peligroso, ya que, se podría asumir esta dirección como la que representa los intereses de los sectores populares (lo cual es falso), pero sin sostener una política realmente revolucionaria ni un programa superador del capitalismo en favor de las y los de abajo.

¿Quién es el sucesor?

Como si se tratara de la línea sucesoria de las monarquías, con la muerte de Moïse, se instaló la pugna para determinar quién asume la jefatura del Estado, máxime, cuando ninguno de los contrincantes parece tener la suficiente legitimidad, ni siquiera el propio presidente muerto.

Moïse pertenecía a la agrupación de derecha Partido Haitiano Tét Kale (PHTK) que fue fundado en 2012 por Michel Martelly[iii] y, de hecho, es su sucesor (en todo sentido). Se presentó a las elecciones presidenciales de octubre de 2015 donde obtuvo el 32.81% de los votos (la participación fue de apenas el 28.8%). Los comicios estuvieron plagados de denuncias de fraude e intimidación. Además, como ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría absoluta se convocó una segunda vuelta para diciembre, la cual luego fue pospuesta al 24 de enero de 2016, solo dos semanas antes de la fecha que marca la Constitución para jurar la presidencia.

El Consejo Electoral Provisional pospuso aún más la elección hasta el 24 de abril. Esta convocatoria también fue cancelada y finalmente se celebraron elecciones en noviembre de 2016. De esta jornada se declararía ganador a Moïse con un 55.60% de los votos (participación de 18.1%). De esta forma Moïse asumió la presidencia el 7 de febrero de 2017, un año después de la fecha en que se debía renovar el Ejecutivo.

La legitimidad de Moïse hacía agua por todos lados,ya que, resultó electo solo con el apoyo de un 10% de la población. Su presidencia fue resultado de los acuerdos entre la burguesía y el imperialismo. A raíz de este atropellado proceso electoral es que ahora se multiplican los sucesores.

El primero es el actual Canciller Claude Joseph y que desde el 14 de abril fungía como Primer Ministro interino. Tras la muerte de Moïse se asumió como Presidente Interino y cuenta con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Tomó el control de la policía y las Fuerzas Armadas decretando el estado de sitio y la ley marcial, con lo que le confiere enormes poderes al Ejército.

Sin embargo, Joseph se enfrenta con un problema. El lunes 5, solo dos días antes de su muerte, Moïse firmaba su último decreto en el que nombraba a Ariel Henry como Primer Ministro. Henry fue ministro de Interior y de Trabajo durante el gobierno de Michel Martelly y está ligado a la oposición liberal. Él alega ser el sucesor legítimo, sin embargo, nunca fue juramentado en el cargo.

El mandato de Moïse, constitucionalmente, debía iniciar en febrero de 2016, pero realmente asumió un año después. Ante esto la oposición toma como fecha de finalización del quinquenio presidencial el 6 de febrero de este año, sin embargo, Moïse afirmaba que era hasta el 6 de febrero del 2022. Debido a esta discrepancia de fechas es cuestionada la legalidad del gobierno y por tanto de todas sus decisiones, incluidos los designamientos de ministros. Pero, además, Moïse suspendió por dos años, en octubre de 2019, las elecciones parlamentarias con lo que muchos nombramientos de ambas cámaras ya caducaron. Por otro lado, ante la presión del Legislativo por la salida del gobierno, el presidente disolvió el Parlamento en enero de 2020 y comenzó a gobernar por decreto.

De esta forma ni Joseph ni Henry son reconocidos, ni serán ratificados por los legisladores, quienes más bien apuestan por Joseph Lambert, presidente del Senado. Él cuenta con el apoyo de los senadores, pero solo 10 de los 30 tienen mandato en vigor, aun así 8 de esos 10 lo designaron como Presidente Provisional el 9 de julio.

Finalmente aparece una figura más, que tiene aún menos “derechos de reclamo”. Es Joseph Mécène Jean-Louis quien es juez del Tribunal Supremo y fue nombrado “presidente interino” por la oposición (cualquier similitud con Guaido es mera coincidencia) en febrero, tras la fecha en que consideran se terminó el mandato de Moïse.

De esta forma, quien sea que asuma la presidencia provisional será una figura gatopardista de la burguesía y no representará ningún beneficio para los sectores populares. Según la legislación en caso de ausencia permanente del presidente se deben convocar elecciones en 90 días, es decir cerca del 5 de octubre. Sin embargo, ya existía una convocatoria a elecciones presidenciales el 26 de setiembre (además de legislativas en octubre), pero los analistas indican que estas resultan imposibles de realizar, ya que, no existe un padrón o un órgano electoral capaz de organizarlas.

Así, unas elecciones, bajo los mismos parámetros en que se han realizado desde hace décadas (es decir, con solo figuras burguesas y con fraude mediante) no parecen implicar una solución a la crisis institucional, especialmente en un país donde prácticamente cada proceso electoral ha implicado una crisis. La única salida posible es mediante la movilización popular que saque toda la podredumbre del gobierno y ascienda un régimen desde la clase trabajadora.

Rechazo al intervencionismo y la represión

Para los sectores populares el resultado directo de la muerte de Moïse es un régimen represivo. La primera movida de Claude Joseph, como autonombrado presidente, fue conferirle supremos poderes a las Fuerzas Armadas y sacarlas a las calles, decretando un estado de sitio y la ley marcial, con lo cual se pueden juzgar delitos bajo cortes militares.

El gobierno también le solicitó “ayuda” al presidente Joe Biden con tropas para estabilizar el país. De esta forma, en un primer momento Biden envió agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Interior para posteriormente enviar un “equipo técnico” con personal del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Interior.

Además, el mismo día del asesinato de Moïse el recontra reaccionario presidente de Colombia, Iván Duque, pidió la intervención de la OEA y para esa misma noche el Consejo Permanente fue convocado. Se escucha el rumor de una posible “misión estabilizadora” como las que anteriormente han invadido el país: Minustah y la Minujusth.

La Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah) fue una intervención militar de la ONU que sacó del gobierno al entonces presidente Jean-Bertrand Aristide y que pretendía “estabilizar el país”, “pacificarlos” y “promover elecciones libres”; ninguna de las cuales fue cumplida en los 13 años en que funcionó (de 2004 al 2017). Por el contrario, fueron graves los efectos en la población que denunció múltiples abusos de los cascos azules, incluyendo explotación sexual y violaciones; además que los campamentos fueron la fuente de una epidemia de cólera que terminó azotando a todo el país.

Por su parte la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (Minujusth), sería el continuador del Minustah y fue establecido en 2017. Su supuesto objetivo era servir de apoyo al desarrollo de las “instituciones del estado de derecho”, dar apoyo a la policía y proteger los derechos humanos. Recién en octubre de 2019 estas fuerzas internacionales se retiraron del país y, nuevamente, sin lograr ninguno de los objetivos por los que se estableció.

También existe el Grupo Core que funciona desde el final del Minustah y es una especie de organismo que tutela al país y emite “recomendaciones” sobre sus políticas. Está compuesto por Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Brasil, la OEA, la ONU y la Unión Europea. Tan hipócrita es su actuación que no se pronuncia sobre las violentas medidas represivas del gobierno de Moïse. La injerencia internacional no termina ahí, también, desde 2018 Haití se encuentra bajo las garras del FMI mediante un paquete de reformas estructurales.

El llamado a la intervención resuena por todos lados, sin embargo, por el momento, no pareciera que sea en forma directa y clásica por parte de Estado Unidos, el cual está concentrado en concretar su salida de Afganistán y su conflicto geopolítico con China. De concretarse, probablemente, sería mediante una nueva misión de la ONU o la OEA. En el panorama no parece vislumbrarse una intervención como la que realizaron los Estados Unidos en 1915 que duró 20 años en el país.

Sin importar la forma o el mecanismo, hay que rechazar contundentemente cualquier intervención extranjera que tienen como único objetivo asegurar la gobernabilidad para que la facción burguesa del momento haga sus negocios, al amparo, evidentemente, de los intereses imperialistas.

¡Que se vayan todos!

La muerte de Moïse desató una pelea por arriba, por el poder. Su caída no representa un cambio significativo de régimen, sino, simplemente un cambio de mando. De esta forma ninguna de las figuras burguesas que se disputan el control son una opción para las clases populares, como tampoco pueden serlo las bandas criminales que muchas veces son compinches de la policía. Por eso, hay que sacarlos a todos.

Las medidas tomadas hasta el momento son las típicas de un Estado policial, con el ejército en las calles, leyes especiales y un estado de sitio que controla todo y a todos. Mientras tanto, la clase trabajadora y los sectores populares siguen en la miseria.

El pueblo haitiano tiene una grandiosa tradición de lucha: desde su independencia antiesclavista de Francia hasta las masivas movilizaciones de los últimos años. Es por esa vía que se encuentra la salida.

Hay que rechazar cualquier intento de intervención extranjera camuflada de “misión estabilizadora” que únicamente va a asegurar los intereses imperialistas en el país.

El podrido Estado haitiano debe borrase por completo, porque en sus raíces están las figuras empresariales y políticas que explotan y expolian al país a niveles brutales.

Es necesaria la amplia movilización del pueblo haitiano en contra del imperialismo y la burguesía que solo atienden sus intereses, por lo que es ineludible un proceso de Asamblea Constituyente soberana, libre y democrática que siente las bases de un nuevo país en pro de los intereses de los explotados y oprimidos.

[i] Este pareciera ser el nuevo modus operandi para derrocar gobiernos. El año pasado otra empresa de seguridad gringa, Silvercorp, estuvo involucrada con un intento de golpe de Estado contra Maduro en Venezuela.

[ii]Extraído de https://www.sinpermiso.info/textos/haiti-la-perfecta-neocolonia-bajo-el-fuego

[iii] Martelly fue presidente de 2011 a 2016 y se caracterizó por un discurso conservador y la promesa de “restaurar el orden”. Mantenía fuertes lazos con los militares y los diplomáticos estadounidenses, de hecho, cuando se postuló a la presidencia recibió el apoyo del portavoz de la Embajada de Estados Unidos, Stanley Schager, una figura clave en el golpe de Estado contra Aristide. Una de sus medidas más polémicas fue la restauración del Ejercito tras más de tres lustros de su abolición por sus constantes participaciones en golpes de Estado y los innumerables casos de violaciones a los derechos humanos (en Haití en 35 años se han sucedido 20 gobiernos). Esta era una exigencia de los antiguos jefes militares para recuperar su poder e influencia. El mismo Martelly perteneció a las milicias de Jean-Claude Duvalier, dictador del país de 1971 a 1986, tras suceder a su padre, François (también dictador de 1957 a 1971).