• Para que los de abajo conquisten sus reivindicaciones y puedan asegurar los derechos democráticos frente a los sectores de ultraderecha, hace falta desbordar al Partido Demócrata y tomar las calles, siguiendo el ejemplo de la rebelión antirracista que sacudió los EEUU desde mediados de 2020.

Ale Kur

El 6 de enero de 2021, faltando dos semanas para la asunción de Biden como presidente de EEUU, miles de derechistas simpatizantes de Donald Trump tomaron por asalto el Capitolio (congreso nacional) intentando que el mismo anule los resultados electorales. Aunque la transición presidencial continuó su curso y Biden finalmente asumió el gobierno, la toma del capitolio abrió una crisis política. Lo que todo Estados Unidos había presenciado era el intento por parte de un movimiento político-social hiper reaccionario de desconocer el mandato de las urnas, y más aún, de hacerlo a través de las armas.

Para empeorar las cosas, este intento contenía elementos claramente golpistas: contó con la complicidad abierta de fuerzas policiales y de seguridad que los dejaron pasar al Capitolio, y de militares retirados (y posiblemente también en actividad) que se encontraban entre los asaltantes.

Pero el elemento más disruptivo es que dicha acción fue alentada y tolerada por el mismísimo presidente de la nación, quien había llamado a sus simpatizantes a movilizarse (luego de arengarlos durante meses con sus acusaciones de fraude electoral). Como responsable máximo de las fuerzas de seguridad, por acción u omisión es responsable también de haber permitido el paso al Capitolio del movimiento derechista.

Estas cuestiones causaron una lógica ola de indignación entre amplios sectores de la sociedad norteamericana, que comenzaron a exigir al Congreso que remueva, enjuicie y castigue a Donald Trump, bajo la premisa de que era (y es) una amenaza para la democracia. Bajo esta presión, el congreso norteamericano abrió un proceso de impeachment a Trump, el segundo en pocos años. Este juicio político comenzará sus procedimientos formales el martes 9 de febrero.

Todo el proceso, sin embargo, nació ya con serias dificultades: para lograrse el castigo a Trump hace falta el voto de dos tercios del Senado, pero éste se encuentra dividido en mitades iguales entre demócratas y republicanos, y 45 de los 50 republicanos anunciaron que votarían en defensa del ex presidente^[1]. Por lo tanto, la única forma de conseguirlo es  con un amplio proceso de movilización popular que los ponga contra las cuerdas. Con los mismos métodos con los que en países como Argentina se consiguió imponerle al Senado la votación del derecho al aborto, o en Chile la apertura de una reforma constitucional.

Una movilización así en Estados Unidos, sobre todo si culminara en un triunfo, significaría una seria advertencia al sistema político norteamericano de que la voluntad popular no se puede torcer, de que no se tolerarán a las bandas semi-fascistas y de que no hay regreso posible a un gobierno abiertamente reaccionario. Esto también le marcaría al gobierno demócrata de Biden un límite por izquierda: le impondría tener que llevar adelante una agenda de gobierno marcadamente diferente a la de Trump y dificultaría todo intento de gobierno “pactista” con la derecha (intento que el propio Biden ya formuló con sus llamados a la “unidad nacional”).

Por otra parte, esto adquiere también relevancia dada la composición del Senado: como está dividido en mitades iguales, toda iniciativa legislativa del partido demócrata quedará hoy empantanada excepto que se utilice el desempate de la vicepresidenta Kamala Harris (y en algunos casos ni siquiera así, ya que la oposición puede obstaculizar el debate mediante el llamado “filibusterismo”, que solo se puede superar con el voto del 60% de la cámara). En síntesis, esta relación de fuerzas solo puede ser quebrada con la movilización, cambiando globalmente las “reglas del juego” vigentes.

Por estas mismas razones, Biden, el Partido Demócrata y sus organizaciones afines rehuyen como la peste de convocar a cualquier tipo de movilización popular que le imponga al Congreso sus propias condiciones. Bajo ningún punto de vista toleran la idea de que las calles le impongan algo a las instituciones: defienden el sistema vigente inclusive cuando esto implica la impunidad de los golpistas y un congreso “trabado” por la paridad entre los partidos. Sostienen con puño de hierro el bipartidismo que garantiza que gobiernen las grandes corporaciones sin que nadie afecte sus intereses. En esas condiciones, el impeachment es solamente una farsa, un show mediático donde los sectores populares, explotados y oprimidos no verán realizadas sus demandas, pero que le sirve al Partido Demócrata para posar de progresista sin tener que serlo realmente.

Para que los de abajo conquisten sus reivindicaciones y puedan asegurar los derechos democráticos frente a los sectores de ultraderecha, hace falta desbordar al Partido Demócrata y tomar las calles, siguiendo el ejemplo de la rebelión antirracista que sacudió los EEUU desde mediados de 2020.

^[1] Trump anunció de paso que ni siquiera va a presentarse a declarar, por considerar que el juicio político es “inconstitucional”.