El pasado 3 de febrero un tren de carga de la compañía Norfolk Southern descarriló y explotó en la pequeña localidad de East Palestine, cerca del límite con el Estado de Pensilvania.

El tren transportaba más de 50 vagones cisterna con material peligroso, de los cuales casi 20 de ellos contenían cloruro de vinilo, una gas altamente inflamable, tóxico y cancerígeno. La explosión produjo una enorme nube de humo con forma de hongo que pudo verse a varios kilómetros a la redonda.

A pesar de la gravedad de los hechos, la cuestión no obtuvo repercusión mediática por lo menos hasta dos días después, cuando el gobernador de Ohio ordenó la evacuación del pueblo de unos 5000 habitantes, alertando la posibilidad sobre «una explosión mayor» y del riesgo de que se haya contaminado el aire y el agua de la zona.

Las impactantes imágenes del accidente se viralizaron primero a través de las redes sociales, mucho antes de que los grandes medios atendieran el asunto. La policía de Ohio detuvo a un periodista local que estaba cubriendo los hechos, lo que aumentó las suspicacias sobre un posible encubrimiento gubernamental de lo que podría ser una gravísima catástrofe medioambiental.

Con el correr de los días, y a pesar de que los bomberos tardaron varios días en poder controlar las llamas, las autoridades anunciaron que los residentes podrían volver a sus hogares, ya que las pruebas hechas sobre el agua potable y el aire del lugar dieron valores normales de contaminación.

Pero las sospechas de que el impacto es más grave de lo que las autoridades admiten han ido creciendo conforme se han sumado testimonios e imágenes que muestran consecuencias mucho más complejas, como mínimo.

En las redes, se viralizaron imágenes de los ríos aledaños infestados de peces muertos. Además, granjeros de por lo menos 100 millas a la redonda denunciaron que murió parte de su ganado. Las autoridades estatales no han dado respuesta a estas denuncias por ahora, salvo la ratificación de que el lugar «es seguro» para sus residentes.

Otra versión indica que, ante la imposibilidad de quitar el material tóxico derramado del lugar, fueron las propias autoridades las que decidieron una «explosión controlada», lo que aun así conlleva riesgos de que se forme una nube tóxica o se produzcan lluvias ácidas. Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), dependiente del gobierno federal, otros compuestos químicos peligrosos se filtraron en las vías fluviales cercanas, lo que explicaría la muerte de peces en los ríos. Sin embargo, la agencia destacó que las fuentes de agua potable no fueron afectadas.

Responsabilidad empresarial y gubernamental

El accidente, que pudo haber ocasionado una catástrofe ambiental que aún no puede descartarse, ocurre luego de una serie de hechos recientes y no tan recientes que dejan bien en claro la responsabilidad empresarial y gubernamental.

Según se supo a raíz del hecho, la compañía Norfolk Southern involucrada en el reciente accidente gastó millones de dolares en lobby en los últimos años para bloquear una regla de seguridad federal que exigía a las empresas de ferrocarriles ciertas mejoras en sus sistemas de frenado, una regulación que no se tocaba desde tiempo de la Guerra Civil.

«Los documentos muestran que cuando se crearon por primera vez las reglas actuales de seguridad en el transporte, una agencia federal se puso del lado de los cabilderos de la industria y limitó las regulaciones que rigen el transporte de compuestos peligrosos», informó el portal The Lever, que tuvo acceso a la documentación fuente. El tren que explotó en Ohio ni siquiera estaba clasificado como de «alto riesgo» por los organismos de seguridad en el transporte.

Después de donar más de seis millones de dólares para la campaña de Donald Trump, la empresa presionó para que se derogue la regla que exigía que los trenes de cargas peligrosas tengan un sistema especial de frenado electrónico, más seguros y eficientes que los convencionales, como mecanismo de seguridad ante posibles accidentes. Finalmente, la administración de Trump les otorgó la desregulación.

Pero no es solo el ex gobierno republicano el que cuenta con responsabilidad. Hace apenas dos meses, a principios de diciembre pasado, el gobierno de Biden logró aprobar una ley en la que obligaba a los sindicatos de trabajadores del ferrocarril a aceptar un acuerdo salarial y laboral de manera unilateral, luego de que las organizaciones amenazaran con una huelga a nivel nacional. Para poder aprobarlo en el congreso, Biden consiguió el apoyo no sólo de su propio bloque demócrata, sino también de los republicanos.

Los sindicatos no sólo exigían mejoras salariales, sino que también demandaron mejoras en los controles y mecanismos de seguridad. Sus reclamos no fueron escuchados por el gobierno, en alianza con las empresas y la «oposición» de los republicanos. Las graves consecuencias ambientales que produjo la explosión del tren en Ohio son el derivado directo de este entramado de poder político y económico en favor de la ganancia capitalista.