Fueron 18 días de un paro nacional encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), acompañado por amplios sectores populares y de trabajadores tras la negativa del gobierno a dialogar con los reclamos y la voluntad de seguir las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

El aumento abusivo de los hidrocarburos, que es parte de la agenda clásica de los gobiernos que aplican ajuste puro y duro, sumado al aumento de los precios de los insumos básicos como alimentos y transporte, desató el descontento indígena y popular en el país andino. Esta rebelión es todo un campanazo de alcance no solo local, en un continente con una creciente polarización social.

1) La situación social en Ecuador: precarización, altos costos de vida y ataques del gobierno de Lasso

Desde octubre de 2019, la vida se fue encareciendo gradualmente en Ecuador. Para Carla Álvarez, del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Quito, esta protesta es la heredera de la de 2019, cuando los colectivos indígenas salieron a la calle contra el entonces gobierno de Lenin Moreno y su subida de los precios de los carburantes. “La protesta se contuvo, hubo una negociación que fue muy engañosa para los sectores sociales, el gobierno no cedió, e inmediatamente vino la pandemia. Entonces los sectores sociales se quedaron muy defraudados políticamente, contenidos por la pandemia”, comenta.

“Venimos de dos años de estar reprimidos sin poder expresar la inconformidad en las calles, y con una política de gobierno muy neoliberal, muy preocupado por los indicadores macroeconómicos, absolutamente descuidado de los indicadores microeconómicos, y, además, con una sociedad muy golpeada por la pandemia y por todas las medidas que se han tomado. Entonces la gente se ha vuelto a las calles porque no está teniendo salud, no tiene educación, no tiene empleo, tiene unos índices de inseguridad brutalmente elevados, es decir, las condiciones de vida en el Ecuador se han precarizado enormemente”, enfatiza Álvarez.

Para entender más la situación, en el último año 1,5 millones de personas pasaron a vivir en la pobreza. Cerca del 27,7% de la población es pobre, o sea que viven con menos de U$D 2,85 diarios, y otro 10,5 % están en la extrema pobreza, viven con menos de U$D 1,61 diario. Todo esto según los datos de diciembre de 2021 del propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec). Entonces, alrededor de un 40% de la población se encuentra en situación muy precaria y cualquier aumento termina siendo un duro golpe para amplias masas.

El 66% de la población trabaja en el sector informal. Esto es importante destacar, ya que al margen de que el salario mínimo en Ecuador está en U$D 425 (se aumentó en U$D 25 luego de dos años), según el propio INEC en las actividades del agro el salario promedio es apenas de U$D 130. En números comparados, la canasta básica se calculó en U$D 735,15, con una inflación en junio del 4,23%. Los aumentos de precios en realidad vienen a ratificar ajustes.

La pandemia, en un país totalmente dependiente de la entrada de divisas, dejó todavía más inestable la precaria economía[1]. Dolarizada desde los años 2000, Ecuador tiene poco margen de enfrentar sus repentinas oscilaciones. En su época fue una medida proclamada como la gran salvación del país, pero después de dos décadas queda plenamente demostrado que era todo mentira, y hoy todo depende casi totalmente de la renta petrolera y minera. La explotación de este recurso, cuyas jugosas ganancias van a parar a las grandes multinacionales, arrojan cifras que se ven «mejoradas» por el aumento del crudo debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia: «Entre enero y marzo de 2020, los ingresos por exportaciones petroleras sumaron alrededor de $1.300 millones. En el mismo periodo de 2021, la cifra subió a $1.770 millones. Pero, en el primer trimestre de 2022, se disparó hasta más de $2.500 millones» (Diario “La Hora” de Ecuador)[2].

Guillermo Lasso viene desde siempre gobernando a espaldas a los sectores populares. Si bien por arriba los índices macroeconómicos indican «crecimiento», por debajo la inflación y el desempleo crecen sin contención alguna, y son el caldo en el que se cocinó esta nueva rebelión.

2) Paro masivo y pliego de reclamos: la CONAIE sale a las calles

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), organización formada en 1986, convocó a miles y miles de personas en las calles. Su principal dirigente, Leónidas Iza, que se formó como líder en los enfrentamientos del 2019, fue también ahora su principal interlocutor. La CONAIE es una de las organizaciones indigenistas más importantes de Latinoamérica: hoy día viven más de 1.1 millones de indígenas en el país y su organización se muestra efectiva en las calles[3]. Frente a su reclamo, el gobierno no tuvo mejor idea que buscar resolverlo por la vía represiva, incentivando más aún el conflicto y dando pie a la rebelión.

Al reclamo de los indígenas se sumaron otros sectores, como algunos sindicatos de trabajadores y jóvenes universitarios. Es importante entender que, si bien es el movimiento indígena el sector social que se puso de pie, las reivindicaciones no son exclusivamente propias, sino que representan al conjunto de afectados con las medidas del gobierno[4].

Uno de los principales reclamos fue el control y baja de los precios del combustible, en aumento desde 2020: el precio del diésel casi se duplicó, de US$1 a US$1,90 por galón (3,8 litros), y la gasolina aumentó de US$1,75 a US$2,55. Desde 2019 se vienen sacando los subsidios a los combustibles y en junio cayó la gota que rebalsó el vaso. El rechazo de los precios de los combustibles se convirtió en la punta de lanza de un pliego de reivindicaciones de 10 puntos, a saber:

-Reducir los precios del combustible

-Fijar una moratoria de un año en el sistema financiero para que las familias paguen sus deudas

-Garantizar el empleo y los derechos laborales

-Que haya precios justos en los productos del campo

-No explotar la minería en los territorios indígenas

-Respetar los derechos colectivos

-No privatizar los servicios estratégicos

-Desarrollar políticas para controlar la especulación en los precios

-Otorgar mayor presupuesto para salud y educación;

-Adoptar medidas para mejorar la seguridad.

Leonidas Iza respondía a BBC sobre los 10 puntos, que se planteaban como elementales para que salgan de situación de pobreza amplias franjas populares: “Lo que hemos dicho es que necesitamos avanzar en los temas más urgentes: el tema de los combustibles, el tema del sistema financiero, el tema minero. Son los temas que más nos han escalado la pobreza en este país. Nosotros no estamos yendo a los extremos, sino asumiendo también una parte, pero no pueden cargar todo el peso a los más pobres, ese es el punto.”

3) Estado de excepción y represión: 6 muertos y múltiples violaciones de derechos humanos

El 13 de junio empezaron los reclamos en las calles y la respuesta inmediata del gobierno fue la represión. De hecho, al día siguiente se llevaron detenido al líder de la CONAIE (que enfrenta cargos por «paralización de servicios públicos»). La detención de Leónidas Iza, que terminó siendo liberado, incentivó más todavía la movilización: durante estos días los cortes de caminos llegaron a todos los rincones. Pero la concentración mayor fue en la región norteña de Pichincha, que incluye la capital Quito, que fue terreno de grandes enfrentamientos. En las afueras de la ciudad se producían choques con las fuerzas policiales o militares.

Pese a la liberación de Iza, Lasso profundizó la represión, llegando a decretar «Estado de excepción» en 3 provincias y «toque de queda» en Quito. Hubo un repudio masivo cuando la policía ocupó la Casa de la Cultura (predio que usan los manifestantes cuando van a la Capital), en un episodio que no se veía desde la dictadura militar. Los estudiantes también respondieron ocupando la universidad pública.

Hubo una campaña sistemática, fomentada desde los medios de comunicación afines al gobierno, de criminalizar la protesta social, asociarla con grupos criminales, con discursos plagados de mentiras y odio racial. Mientras tanto, la violencia estatal crecía, contando con algún apoyo de los sectores más reaccionarios de la ciudad (como se vio en algunos vídeos de manifestantes dando apoyo al presidente con palabras racistas), mostrando que los choques de clase en este periodo vienen con mayor polarización social.

Cuando el movimiento indígena avanzó hacia Quito el 20, el gobierno de Lasso extendió el estado de excepción a seis provincias. Con el correr de los días el gobierno anunció que iba a acrecentar el uso de la fuerza pública. Desalojaron nuevamente la Casa de la Cultura, pero esta vez cuando se realizaba la Asamblea Popular, dejando una veintena de heridos. Cosas como estas se dieron durante todos los días que duró la movilización.

En un informe redactado por organismos de derechos humanos, se detalla que las fuerzas policiales (durante los 18 das) disparaban a los rostros de manera horizontal con la intención de matar. No solo fueron balas de goma y gases lacrimógenos, sino que utilizaron cartuchos con perdigones de plomo y balas de plomo.

El informe enumera «más de 150 detenciones arbitrarias, 6 homicidios, secuestros, desapariciones temporales, torturas, tormentos, hostigamientos por razones étnicas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Existen testimonios que dan cuenta de amenazas a las víctimas para evitar que realicen denuncias». 

4) Lasso se salva de la destitución y abre negociación con la CONAIE

Al pasar los días el gobierno sintió la presión de los movimientos en las calles y comenzó a ceder algunas cosas (por lo visto son más cosméticas que reales). Tuvo que conceder algo para que el país no se le vaya completamente de las manos: el pedido de renuncia del presidente empezaba a hacerse sentir.

La CONAIE había solicitado para negociar que se derogue el estado de excepción y que se desmilitaricen zonas de asistencia humanitaria y la Casa de la Cultura en Quito. Primero comenzó con «desmilitarizar» estos lugares de reunión, dio marcha atrás con el estado de sitio y concedió algunas cosas, como subsidios para préstamos, y subió el valor del Bono de Desarrollo Humano (BDH, destinado a familias de extrema pobreza) de 50 a 55 dólares. Bajó los precios de los fertilizantes y prometió créditos para los pequeños y medianos productores agrícolas.

Pero no decía nada de bajar los precios de los combustibles y la presión se trasladaba al Congreso de la Nación. Ante la posibilidad de que el gobierno quedara en un callejón sin salida, terminó concediendo bajar en 10 centavos los precios de la gasolina y el diésel.

Mientras que en el Congreso se discutía la destitución de Lasso, en la ciudad el movimiento indígena presionaba al gobierno por concesiones más profundas, con el reclamo principal de bajar la gasolina 40 centavos.

Las movilizaciones dieron tregua cuando en el Congreso comenzó a tratarse la destitución de Lasso. Esta propuesta fue encabezada por la bancada Unión por la Esperanza (Unes), partido del expresidente Rafael Correa, que tienen 47 legisladores de los 135 que presenta el Congreso. Para destituir al presidente se precisaban de 92 congresistas.

El pedido de destitución por la vía de las instituciones, si bien era subproducto de las movilizaciones populares y demostraba la fragilidad en que se encontraba el gobierno de Lasso, no prosperó. Pese a su debilidad, el resultado de la votación fue 84 votos a favor de la destitución, 42 en contra y 11 abstenciones.

Una de las particularidades del Congreso es que está presidido por el partido Pachakutik, un bloque que oscila entre el apoyo «de hecho» al presidente y al de los reclamos indígenas (el dirigente de la bancada Salvador Quispe, con discurso anti Correa, no quería votar su remoción). Finalmente, una mayoría acompañó, aunque tres legisladores de este movimiento votaron la abstención. Pachakutik (surgido como brazo «electoral» de la CONAIE en 1995) es parte de los engranajes de contención que tiene el país, en el cual el peso del movimiento indígena es fuerte, pero al no tener un sentido ni una estrategia de clase ni revolucionaria, lo entrega en bandeja a la burguesía. En otras palabras, al no tener un contenido clasista, traicionan una y otra vez al movimiento y sus propias bases.

5) Una negociación sin soluciones de fondo

Con la mediación de la Iglesia finalmente se dio la negociación entre el gobierno y la CONAIE. Con ella no solo lograron encauzar la bronca del «fuera Lasso» sino que no hubo un retroceso significativo en las medidas adoptadas por el gobierno que dieron comienzo a todo. La CONAIE exigía como principal demanda una rebaja de 40 centavos de los precios de los combustibles y terminaron cediendo en apenas 15.

Para el punto que reclamaba sobre la carestía de los alimentos, el acuerdo aplica el Decreto n° 452 «con el que dispone a los Gobernadores de todas las provincias del país intensificar y fortalecer los operativos y mecanismos de control necesarios para prevenir y erradicar procesos especulativos, en especial los que elevan ilegalmente los precios sujetos a precio oficial». Básicamente le da el poder de controlar los precios… a los que aplican el ajuste.

Respecto al subsidio a fertilizantes, el anuncio habla de un descuento del 50% del saco de Urea (bolsa), pero como condición hay que estar registrado en los sistemas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). En un país donde la informalidad en el campo es la ley y no la excepción, el anuncio suena a poco.

También, como mencionamos más arriba, se aumentó el BDH, pero que pasando de 50 a 55 dólares es un aumento de apenas 10%. Hay otras medidas como condonación de deudas a pequeños propietarios agrícolas (solo de hasta U$D 3000 y con el banco estatal) o créditos agrícolas de hasta U$D 5000 al 1% de interés a 30 años (destinando U$D 100 millones extras para esto) que hay que ver como se aplican, pero no significan grandes soluciones a nada.

El freno a la explotación petrolera o minera en determinadas zonas también suena más a poner paños fríos que a un compromiso real de no avasallar a las comunidades originarias. A su vez, y como parte de la negociación, se abrió una mesa de seguimiento por 90 días de las organizaciones sociales y el gobierno para ir tratando los puntos pendientes.

El balance de conjunto es que el gobierno de Lasso se salvó abriendo apenitas la billetera: se estima que cumplir con 5 de los puntos antes mencionados tendría un costo de U$D 418 millones[5]. Con apenas una parte del aumento de la renta petrolera del primer trimestre comparando con el año anterior basta para cubrir esa cifra. 

Si bien en los últimos días hubo cambios en el gabinete (cuatro ministros renunciaron incluyendo la de Salud) y el gobierno quedó golpeado, el asunto de fondo es que se salvó del knock out. También como parte de la tregua, el juicio a Leónidas Iza se postergó.

Para que la heroica lucha del pueblo y los trabajadores ecuatorianos vaya hasta el final, es necesaria la construcción de una herramienta política con una perspectiva anticapitalista, de clase y socialista, que una a los trabajadores del campo, la ciudad, las comunidades originarias y el pueblo pobre con las perspectivas de superar a todas las variantes capitalistas, que solo traen mayor explotación y expoliación de la gente y de los recursos naturales. Desde estas páginas saludamos esta enorme lucha, y tomamos como propia el grito que se masificó por las calles ecuatorianas estas semanas: «¡Fuera Lasso!».

[1]  En Ecuador se pudieron ver duras imágenes con ataúdes y muertos en las calles.

[2]  El PBI ronda los 99 mil millones de dólares, con una población cercana a los 18 millones de habitantes (17,64 millones en registradas en 2020).

[3]  La CONAIE, si bien tiene peso real en sectores originarios, no es ni anticapitalista ni mucho menos socialista. Los límites de su política reformista se hacen evidentes cuando las bases se radicalizan.

[4]  “En el Ecuador hay una herencia histórica que no ha sido resuelta con los pueblos de nacionalidades indígenas. No han sido contemplados dentro de las políticas sociales del Gobierno. Entonces esto ha producido una movilización muy fuerte, principalmente de una de las organizaciones más estructuradas que hay en el país a nivel social, la CONAIE”, explica Fernando Carrión, analista político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

[5]  Aumentos estimados en millones de dólares: 70 para BDH, 200 para Salud, 2.2 para Educación, 46 para subsidios agrícolas, 100 para créditos.