Desde la comodidad cobarde de las redes sociales, José Luis Espert pidió «bala» para los obreros del neumático.

No lo hizo en cualquier contexto, no lo hizo en cualquier momento. Su llamado explícito a asesinar trabajadores que luchan sucede en el mismo momento en que se sabe que proliferan los grupos de extrema derecha delirante dispuestos a salir a matar. Como el que intentó dispararle a CFK.

Su «libertad» es la de los ricos, para quienes quieran algo de lo que producen con sus manos los liberales quieren Estado policial, represión. Ahora, explícitamente, llama a matar obreros.

Su plataforma electoral del año pasado es explícita, la «libertad» es prohibirle a los trabajadores luchar: «el problema laboral en Argentina involucra cambiar una legislación obsoleta para tiempos en los que los procesos productivos se alteran rápidamente frente al avance vertiginoso de la tecnología. Pero antes de precisar sus principales problemas y los remedios que se necesitan, cabe mencionar que existe un problema anterior a esto que es el comportamiento del movimiento sindical que, amparado por las leyes vigentes y por costumbres antirrepublicanas asumidas como normales, abusa de una participación pública con fines políticos extorsivos, procurando resolver en las calles lo que se debería dirimir en el Congreso a través de los representantes del electorado. Este es el problema político primario.

Restituir los valores republicanos en el quehacer político exige una eliminación de la capacidad de extorsión del aparato sindical a través de las huelgas generales y de la ocupación de los espacios públicos. Esta anomalía también se aplica al comportamiento de los representantes de los trabajadores informales y los desempleados».

En resumen: la causa de la «decadencia» económica de la Argentina no sería otra que la sindicalización. Serían los trabajadores y sus organismos, los mismos trabajadores que al día de hoy trabajan con el salario promedio más bajo de las últimas dos décadas, los culpables de la baja productividad argentina. Sin embargo, mientras la mitad de la clase trabajadora argentina vive por debajo de la línea de pobreza, los agroexportadores han cosechado las ganancias más altas de los últimos años. Sí, esos mismos agroexportadores a los que los liberales quieren «ayudar» desde las arcas del Estado en caso de que sus ganancias eventualmente bajen.

Las medidas «institucionales» al respecto serían 3:

1) limitar el derecho a huelga por ley y establecer el no pago de todo día de paro.

2) limitar a condiciones «excepcionales» la legalidad de las huelgas generales, previendo «la condena de multa, inhabilitación y prisión para los dirigentes sindicales que convoquen al desacato impulsando movimientos de fuerza fuera de la ley. Aun cuando las huelgas cumplan con los requisitos legales, los días de huelga general no serán pagos.

3) «Los empleados estatales y de servicios esenciales privatizados, no tendrán derecho a la huelga y la ley preverá la inhabilitación y multa para los dirigentes sindicales estatales que violen las instancias legales con huelgas salvajes».

Enemigos de los trabajadores

Según los liberales, eliminado el derecho a huelga se promovería la generación de empleo formal, ya que la sindicalización hace crecer «la conflictividad laboral y la industria del juicio». La solución liberal es simple: hacer que el trabajo «formal» se desarrolle en condiciones de «informalidad». Eso es lo que sucede cuando se elimina la sindicalización: las patronales aumentan los ritmos de producción y barren derechos laborales (jornada laboral, horas extras, vacaciones, paritarias, obras sociales, aportes jubilatorios) hasta que el trabajo formal y el informal no tiene mucha diferencia. Un ejemplo claro y actual es el de la «economía de plataformas» (como las apps de reparto). Allí no hay sindicalización… y tampoco derecho laboral de ningún tipo.

Por si queda alguna duda de qué derechos pretende barrer la reforma propuesta por los liberales, el texto lo aclara: «La reforma debe focalizarse principalmente (aunque no exclusivamente) en la modificación de cuatro leyes: Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo (1953), Ley 18.610 de Obras Sociales (1970), Ley 20.744 de Contrato de Trabajo (1974) y Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales (1988)».

Esto permitiría avanzar hacia «esquemas de remuneración flexibles basados en productividad y en beneficios». Adiós al salario mínimo y las horas extra, a las obras sociales, a la estabilidad de contratación, al derecho a huelga; hola al trabajo a destajo, los salarios de hambre y los contratos basura.

Otro punto central sería el recorte del empleo estatal: «el sobreempleo reduce la oferta de mano de obra en el mercado y esa escasez aumenta el costo laboral», «reducir el empleo estatal en 1.5 millones de personas es posible y deseable». Aquí se hacen evidentes los errores en el guión de la fantasía liberal.

En primer lugar, es falso que haya «escasez de mano de obra» en la Argentina: en la última medición del INDEC, la desocupación superaba el 10%. Pero obviemos este dato.

En el apartado sobre el comercio exterior, los liberales plantean que su proyecto económico generará nuevos puestos de trabajo «formales y privados». Pero el aumento de la mano de obra disponible en el mercado laboral no generará un aumento de los empleos «formales privados». Por el contrario, es sabido desde Marx que el engrosamiento de las capas de trabajadores desocupados contribuye a empeorar las condiciones de trabajo y a reducir los salarios (eso que los liberales llaman «costo laboral»).

Podría argüirse que, aún con una mayor disponibilidad de mano de obra, la cantidad de empleos formales podría aumentar si se operase un crecimiento económico en las principales ramas de la industria. Pero con un programa de «apertura comercial» como el de los liberales, la industria local quedará librada a la competencia directa con la industria extranjera, mucho más productiva y desarrollada. El saldo directo sería similar al de los ’90: el cierre de cientos de fábricas y la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo.

Su mundo ideal es el del siglo XIX: obreros aplastados por la pobreza y la explotación laboral, salarios de hambre, jornadas laborales de 16 horas. Esa es su libertad, la de las alimañas fascistas «liberales».