Pocos días antes de la inauguración de la ‘megacárcel’ en El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele fue denunciado por organizaciones de DD.HH. e incluso por la Justicia de EE.UU. de negociar con las principales pandillas del país a cambio de beneficios carcelarios, control territorial y favores políticos.

La denuncia, por supuesto, tuvo mucha menos repercusión que el show cinematográfico montado alrededor de la ‘megacárcel’, por otra parte cuestionada por reconocidos organismos internacionales de Derechos Humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

El establecimiento carcelario, que puede albergar hasta a 40.000 reclusos, fue aplaudido por toda la derecha latinoamericana como «ejemplo a seguir» de la política de mano dura que pregonan. También acá en Argentina, que fue celebrada por personajes como Patricia Bullrich y Sergio Berni.

Sin embargo, lo que no es tan conocido es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos desclasificó pocos días antes una investigación contra Bukele en la que se lo acusa de negociar con la mara Salvatrucha 13 (MS-13), una de las principales organizaciones criminales del país.

Según establece la denuncia, funcionarios de Bukele habrían pactado beneficios y tratos preferenciales adentro de la cárcel a cambio de reducir el número de homicidios en las calles de El Salvador, que en 2019 era de los índices más altos del mundo.

Además, “Los líderes de la MS-13 también acordaron usar la influencia política de la pandilla para pedirle a sus miembros, familiares, amigos y a los residentes de vecindarios bajo el control de la MS-13, que apoyaran a los candidatos del partido Nueva Ideas (que fue fundado por Bukele) en la elección de 2021 para la Asamblea Legislativa de El Salvador”, afirma el documento desclasificado.

En El Salvador, las maras han acumulado tanto poder que han constituido una especie de «Estados paralelo», controlando territorios enteros y negocios millonarios. Bukele declaró la «guerra contra las Pandillas» al llegar al poder, pero estas nuevas revelaciones muestran la intrincada estructura de poder que involucra al Estado salvadoreño con las maras.

Los beneficios pactados con los líderes pandilleros no sólo implican tratos preferenciales adentro de la cárcel, sino también la puesta en pie de un sistema de salidas transitorias que les permitiría a los líderes encarcelados establecer un contacto fluido con los que están en libertad.

En total, según la Corte del Distrito Este de Nueva York, la MS-13 se vio beneficiada con facilidades financieras (pagos en efectivo), pactos de control territorial, condiciones carcelarias menos restrictivas y cambios legislativos y judiciales que los favorezcan, como reducción de penas o rechazos a pedidos de extradiciones.

A cambio, la MS-13 utilizaría su control territorial para favorecer al aparato político del gobierno, «comprometiéndose» a reducir la violencia callejera.

Esta serie de pactos están muy lejos de ser una «guerra contra las pandillas». Muy por el contrario, más bien parece el blanqueamiento de la integración de las bandas criminales con el Estado y el gobierno.

Las denuncias no sólo provienen de la justicia estadounidense, sino también de organismos de DD.HH. Tamara Taraciuk, directora interina de Human Rights Watch, consideró que «Detrás de la puesta en escena del traslado de detenidos a una mega cárcel en El Salvador, el Gobierno esconde negociaciones con pandillas, comete abusos y concentra el poder». Amnistía Internacional también se manifestó en el mismo sentido tras la inauguración de la cárcel, según manifestaron en un comunicado oficial.