Los aliados de Rafael Correa en el Congreso venían impulsando un juicio político para la destitución de Lasso desde el Congreso. En los últimos días, lograron reunir los apoyos necesarios de parte de la derecha y de los diputados indígenas para efectivizar la destitución de Lasso.

El pedido de juicio político viene siendo impulsado por el correísmo con acusaciones de corrupción. Lasso llegó a un punto de debilitamiento político en el que la pérdida de aliados lo llevó al borde del abismo. Sin haber llegado a dos años de mandato, podía ser destituido más pronto que tarde.

La respuesta que eligió dar el presidente de derecha liberal fue lo que se llama «muerte cruzada». Es una medida legal, un recurso del artículo 148 de la Constitución del 2008, que le permite al primer mandatario disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas. Decidió acortar su propio mandato él mismo antes de convertirse en un cadáver político por iniciativa de sus adversarios. En sus cálculos, puede volver a ganar las elecciones porque sus adversarios están ahora unidos contra él, pero no lo estarían electoralmente. Además, espera poder asentarse como un gobierno fuerte en el mientras tanto, quitándole a sus adversarios el triunfo de haberlo destituido.

La iniciativa de juicio político había sido impulsada por el correísmo de UNES en alianza con la derecha del Partido Social Cristiano. Más bloques se venían aliando a ellos para hacerla efectiva.

El decreto de «muerte cruzada» es una suerte de golpe preventivo. Con él, Lasso evita ser eyectado del poder e intenta mantener el control hasta la realización de elecciones. La medida es evidentemente reaccionaria: le permite gobernar por decreto hasta los comicios adelantados.

Es evidente que se trata de una crisis política profunda, que lo trasciende al propio Lasso. La inestabilidad del país es permanente desde la rebelión del 2019 y las sucesivas derrotas de los planes de ajuste neoliberales.

Es una crisis de dos tipos en una: social, por la permanente inestabilidad económica de cuatro años y las rebeliones; política, por la fragmentación electoral, la debilidad gubernamental y la confrontación de poderes. Tiene rasgos comunes con otros países latinoamericanos, como Perú. En ambos, los conflictos entre fracciones políticas y entre clases sociales se expresaron como crisis de poderes. Si en Perú la derecha atrincherada en el Congreso logró imponer un golpe de Estado y la destitución de Castillo, en Ecuador Lasso se adelantó a ese escenario y pudo imponerse sobre la Asamblea Nacional.

Crisis social, ajuste y rebelión

El primer estallido fue en 2019 contra los planes de ajuste de Lenin Moreno. Las movilizaciones de masas indígenas ecuatorianas fue la primera, la que abrió una situación de ola de rebeldía en el continente, que llegó también a Bolivia en la lucha contra el golpe, a Chile y Perú. La rebelión tuvo una continuidad directa ya bajo el gobierno de Lasso, en julio del año pasado.

En un artículo del año pasado, explicaban el por qué de la rebelión Sergio Revelli y Martín Camacho: «Para entender más la situación, en el último año 1,5 millones de personas pasaron a vivir en la pobreza. Cerca del 27,7% de la población es pobre, o sea que viven con menos de U$D 2,85 diarios, y otro 10,5 % están en la extrema pobreza, viven con menos de U$D 1,61 diario. Todo esto según los datos de diciembre de 2021 del propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec). Entonces, alrededor de un 40% de la población se encuentra en situación muy precaria y cualquier aumento termina siendo un duro golpe para amplias masas.

El 66% de la población trabaja en el sector informal. Esto es importante destacar, ya que al margen de que el salario mínimo en Ecuador está en U$D 425 (se aumentó en U$D 25 luego de dos años), según el propio INEC en las actividades del agro el salario promedio es apenas de U$D 130. En números comparados, la canasta básica se calculó en U$D 735,15, con una inflación en junio del 4,23%. Los aumentos de precios en realidad vienen a ratificar ajustes» («Ecuador: una rebelión popular que puso contra las cuerdas al gobierno de Lasso», izquierdaweb.com, 9 de julio del 2022).

El detonante de la rebelión habían sido los aumentos de los combustibles, insumo básico para toda la producción, incluida la campesina. Lasso había llegado a la presidencia luego de que la rebelión del 2019 convirtiera en un cadáver político a Lenin Moreno y del desgaste del gobierno «progresista conservador» de Rafael Correa. Pero su llegada al poder había sido agónica, débil. La movilización de masas de mediados del 2022 lo hizo tambalearse en el poder y arrastra desde entonces una existencia difícil. No tiene fuerza ni legitimidad.

La rebelión, tanto en 2019 como 2022, fue impulsada primero por la CONAIE, la confederación indígena. La primera respuesta de Lasso fue la represión brutal. Impuso el Estado de excepción para liberar la acción represiva policial en las calles encendidas por la movilización.

Un informe de organismos de derechos humanos detallaba que la represión había significado «más de 150 detenciones arbitrarias, 6 homicidios, secuestros, desapariciones temporales, torturas, tormentos, hostigamientos por razones étnicas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Existen testimonios que dan cuenta de amenazas a las víctimas para evitar que realicen denuncias». 

La CONAIE, entonces, impulsaba diez puntos reivindicativos para imponerle al gobierno con la movilización. Las calles iban más allá y exigía la renuncia de Lasso. La represión no surtía efecto y sólo logró enardecer aún más los ánimos populares. Durante algunas horas, Lasso fue un hombre de paja de poder: existía, pero no era real.

Fue entonces que la UNES, la fuerza política de Rafael Correa, hizo el primer intento de destitución de Lasso. Pero en ese preciso momento, la movilización cedió porque la conducción de la CONAIE entró en negociaciones con el gobierno. Con ellas, su conducción llamó a ceder a las calles sin que el gobierno cediera en nada fundamental. Abrió apenas las billetera y la dirección indígena ya proclamó el fin de la rebelión. El ajuste, dictado por el FMI en medio de la crisis permanente de la adopción del dólar, siguió su curso, el deterioro de la situación social también.

Mientras tanto, en la Asamblea Nacional se necesitaban 92 votos para la destitución del presidente… y hubo 84 positivos. 8 votos de 137 hubieran hecho la diferencia. De no haberse cedido en la movilización, la destitución hubiera estado casi asegurada. Pero fue justo en ese momento que la CONAIE decidió retroceder, sin tener motivos reales para hacerlo.

El índice de rechazo al gobierno de Lasso es al menos del 80%. Un año atrás, con la rebelión en la calle, no hubiera tenido punto de apoyo para evitar su destitución. Pero el correísmo no quiso impulsarla durante semanas de movilización y la CONAIE decidió darle tregua al gobierno justo cuando parecía que podía caer. El correísmo no quería una victoria popular, apostó a intrigas en las alturas para volver al poder. La CONAIE abandonó las calles e impulsó la estrategia de ir a las elecciones. Hoy, la afirmación del ex banquero en el gobierno se les vuelve en contra y pierden todo su poder en la Asamblea Nacional.

Un régimen político fragmentado

El último gobierno fuerte de Ecuador fue el de Rafael Correa con su «Revolución Ciudadana», tal vez el más conservador de los que fueron parte de la «ola progresista» de la década de los 2000. Sin cambiar nada de fondo, ni siquiera la herencia de sometimiento de la dolarización, aprovechó las excepcionales regalías petroleras para hacer algunas concesiones a sectores de masas. En 2017, triunfó en las elecciones su representante político y vicepresidente: Lenín Moreno.

Pero los aires que soplaban en el subcontinente eran los del triunfo de Macri en 2015, la destitución de Dilma en 2016 y las amenazas golpistas en Venezuela. Lenín Moreno rompió rápidamente con Correa, lo llevó a los tribunales con acusaciones de corrupción y se dedicó él mismo a aplicar el ajuste en vez de delegarlo en la vieja oposición de derecha. Desde entonces, Correa se encuentra exiliado en Bélgica.

El nuevo gobierno tuvo sus dos años de estabilidad pero fue rápidamente golpeado de muerte: primero con la rebelión del 2019 y después con la desastrosa gestión de la pandemia. Lenín Moreno llegó a las elecciones del 2021 como un muerto político en vida, ni siquiera fue candidato él mismo.

Con la deslegitimación de los sucesivos gobiernos, en las presidenciales no hubo ninguna fuerza política mayoritaria. Primó entonces la fragmentación característica de los últimos años políticos en América Latina. En primera vuelta, el candidato con más votos fue Arauz, representante de Correa, con un 32%. Le siguieron Lasso y el candidato de la CONAIE con menos del 20% cada uno.

Lasso se alzó con la victoria en la segunda vuelta electoral con un 52,46 % contra el 47,54% de los votos válidos del correísmo.

Para ampliar su base electoral, inicialmente muy pequeña, Lasso tuvo que correrse de la retórica de todas sus campañas electorales pasadas. En ellas, había sido derrotado primero por Correa, luego por Lenin Moreno y después por el propio Arauz.

De sus campañas abiertamente conservadoras pasó a un discurso más «aperturista» de aceptación de las personas LGBT. Cosa aparentemente insólita para un miembro del Opus Dei, se trató de un movimiento necesario para ganar votos entre la vieja base social correísta desencantada.

El movimiento indígena encabezó la rebelión de octubre de 2019. Sin embargo, ese enorme movimiento de lucha no tuvo una expresión electoral en la segunda vuelta. La CONAIE tuvo su propia candidatura en la primera vuelta, Yaku Pérez fue el candidato del partido Pachakutik. Estas organizaciones llamaron en segunda vuelta al voto nulo, que tuvo finalmente un peso minoritario.

La mayoría de los pueblos originarios organizados se volcaron en 2021 a votar por Lasso o nulo, casi ninguno por Arauz. Esta aparentemente paradójica forma de actuar tiene sus explicaciones. Pese a su retórica «progresista», Correa los enfrentó duramente impulsando una política extractivista y capitalista sobre sus tierras. Además, nadie se había olvidado que Lenín Moreno había sido electo presidente como candidato correísta.

La llegada a la presidencia de Lasso fue, entonces, más que frágil. La movilización popular y las elecciones regionales y municipales de enero de este año lo pusieron definitivamente en minoría. 

En la jornada electoral también se votaba por una serie de modificación a la Constitución impulsadas por el oficialismo, resumidas en ocho preguntas que debían votarse por sí o por no. El ‘no’ terminó imponiéndose en todas las preguntas, asestando un duro golpe a la iniciativa política del gobierno.

Sin movilización, el intento de destitución cae en saco roto. Si la impopularidad de Lasso y el giro reaccionario que intenta imponer ahora no es respondido en la calle, las consecuencias son evidentes. Se impondrá por meses un gobierno reaccionario sin apoyo popular, con apenas alguna fuerza en el aparato del Estado y la clase dominante. Los antecedentes de Temer y Boluarte dejan muy claras las consecuencias de que eso suceda: no puede no significar ataques permanentes a las masas populares.