El viernes pasado se dio a conocer la sentencia del «caso golpe de Estado II» donde se condenó a 10 años de prisión a la golpista Jeanine Añez. Luego de tres meses de juicio, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz condenó a la presidenta de facto que asumió el poder tras el golpe perpetrado en Bolivia en noviembre del año 2019. Por los delitos de «incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes» Añez deberá cumplir su condena en la cárcel de Miraflores, en la ciudad de La Paz.
Sin embargo, «a partir de la próxima semana, iremos generando movilizaciones», advertía el opositor derechista Manuel Morales, del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CoNaDe) luego de conocida la sentencia. Esto va en sintonía con la voluntad de apelar el fallo por parte de Jeanine Añez y el resto de los golpistas que buscan impunidad. De este modo, se abre una nueva etapa donde – nuevamente – dependerá de la organización y movilización popular que se garanticen los juicios y condenas para Añez y todos los responsables.
Por otro lado, aunque no se aplicó contra Añez la pena máxima solicitada por la fiscalía, de hecho, esta condena no deja de ser el subproducto de la enorme movilización y resistencia contra el golpe del que protagonizó el pueblo boliviano. De momento no alcanzaron las dilaciones y maniobras para entorpecer el desarrollo del proceso. En este momento llegó esta primera condena para una de las representantes de los rancios y reaccionarios sectores de la burguesía boliviana que perpetraron el golpe.
Protestas en #Bolivia tras el fallo que condena a #JeanineAñez a 10 años de cárcel por el #GolpeDeEstado del 2019. Exigen la pena máxima de 30 años y que se le responsabilice por las masacres que se cometieron bajo su mandato. pic.twitter.com/8Y7DPyw3wA
— Izquierda Web CR (@izquierdawebcr) June 11, 2022
La más amplia movilización del pueblo boliviano como garantía para conquistar justicia
No está de más recordar que, de momento solo algunos de los protagonistas del golpe, entre el personal político de los capitalistas y los altos mandos de las fuerzas represivas, están siendo juzgados. Además, la campaña reaccionaria que culminó con el golpe en Bolivia contó con enconados y activos apoyos desde el exterior.
Por entonces algunos gobiernos de la región como el de Mauricio Macri llegaron al extremo de enviar armas para apoyar el golpe. También estuvo el imperialismo norteamericano de la mano de la OEA (Organización de Estados Americanos) para respaldar las denuncias de fraude que pesaron contra el gobierno de Evo Morales.
Jeanine Añez, quien se jacta cínicamente de ser una «presa política», aún deberá rendir cuentas en otras causas. Por ejemplo, en aquella donde se juzgan los crimines cometidos en las masacres de Sacaba y Senkata. Estos hechos remiten a las cruentas represiones contra las inmensas protestas callejeras que protagonizaron sectores campesinos, originarios y de trabajadores en resistencia al golpe.
Además, hasta el momento solo unos seis exjefes militares y policiales fueron procesados por haber «tomado decisiones contrarias a la Constitución» y cumplirán sus condenas en la cárcel de San Pedro, ubicada también en La Paz. Se trata del excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y del excomandante general de la Policía, Vladimir Calderón, quienes fueron condenados a 10 años de prisión. Los excomandantes de las Fuerzas Armadas Jorge Fernández Toranzo y Sergio Orellana Centellas cumplirán 4 años; el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta solo 3 años y el exjefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce apenas 2 años.
Algunos sectores del progresismo, entre ellos el propio Evo Morales, salieron a cuestionar la insuficiencia de las condenas. El problema es que no se puede confiar en las instituciones capitalistas para lograr las condenas que merecen los golpistas y sus cómplices. Como decíamos, solo la más amplia movilización del pueblo y sus organizaciones serán la garantía para llevar hasta el final la conquista de justicia.
