• Colombia vive el octavo día de protestas, que ya se transformaron en una rebelión de trabajadores y sectores populares contra el régimen uribista. El gobierno de Duque responde con una brutal represión y se calculan más de 25 muertos y 800 heridos.

Renzo Fabb

Todo empezó como una protesta contra la reforma impositiva del gobierno de Ivan Duque. Pero rápidamente escaló a una rebelión que está cuestionando al propio régimen político colombiano.

El paro nacional convocado por la CUT para el pasado 28 de abril en rechazo a los aumentos de impuestos para la clase trabajadora fue como una chispa que incendió la pradera. Las movilizaciones que se dieron en varias ciudades desafiaron además un fallo de la justicia que las prohibía con la excusa de la situación sanitaria. Pero la movilización no ha hecho más que crecer.

Pocos días después, el 2 de mayo el gobierno anunció que retiraba el proyecto de «Ley de solidaridad sostenible», eufemismo con el que se pretendía aumentar el IVA para los productos de consumo masivo y ampliar la base de contribuyentes. El proyecto dejaba intactas las exenciones impositivas para las grandes empresas.

El retroceso de Duque fue asimilado por las masas movilizadas como un triunfo, y lejos de volverse a sus casas, aumentó la fuerza y convicción para ir por más. Lo que empezó como una huelga de carácter fundamentalmente obrero pasó a involucrar al conjunto de las clases populares, jóvenes, indígenas y campesinos.

Esto contrasta con las jornadas de noviembre de 2019, que se dieron al calor de la oleada de rebeliones latinoamericanas. Aunque en esa ocasión el proceso fue importante, su carácter fue centralmente juvenil, con fuerte peso de los sectores estudiantiles. En cambio, lo que vive Colombia estos días tiene un arraigo social más profundo, iniciado desde la clase obrera organizada en los sindicatos y extendido luego a las demás clases populares, además de la juventud estudiantil.

Ahora, los reclamos son mucho más generales y profundos: la movilización está cuestionando al régimen político colombiano, de los más reaccionarios de Latinoamérica hace décadas.

Un detonante para cuestionarlo todo

Con la caída de la reforma tributaria también cayó el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que fue quien la diseñó e impulsó. Se abrió entonces una crisis política en el gobierno, alimentada por el repudio a la feroz represión con la que respondió Duque y el Ministro de Defensa que acusó a los manifestantes de terroristas y de estar organizados por las FARC.

En medio de esta crisis política, el gobierno enfrenta reclamos mucho más profundos que el rechazo a una reforma. El Comité Nacional de Paro (CNP) que nuclea a unas 50 organizaciones políticas, sociales, sindicales, campesinas y estudiantiles que organizan las protestas, ha convocado a una nueva huelga nacional para mañana miércoles y publicó un programa con sus demandas.

En él se exige la desmilitarización inmediata de las ciudades, el castigo a los responsables de todas las masacres contra líderes campesinos y ambientalistas, así como desmantelar al escuadrón antidisturbios de la policía (ESMAD).

Se exige además el establecimiento de una renta básica universal, la baja de la reforma del sistema de salud propuesta por el gobierno y la provisión de vacunas para todos, la puesta en pie de un plan económico que priorice la industria nacional y la agronomía sustentable, etc.

Es decir que los reclamos están cuestionando la orientación general no sólo del gobierno actual, sino del Estado capitalista colombiano, que ejerció su poder en estrecha relación con las Fuerzas Armadas y arrodillándose servilmente al imperialismo yanqui y sus intereses en América Latina.

En este punto hay que destacar que el cuestionamiento a la orientación ultra-represiva del Estado colombiano es un elemento muy profundo. Las Fuerzas Armadas son un actor político central en Colombia, que con la excusa de la guerra contra el narcotráfico y las FARC, hace años que está llevando a cabo una «guerra interna», que es en realidad una verdadera masacre con miles de víctimas civiles. En Colombia se les llama «falsos positivos». Se trata de asesinatos a civiles que el ejército disfraza de enfrentamientos con guerrilleros o narcotraficantes. Se calcula que sólo en los últimos siete años hubo al menos 6400 asesinatos de civiles y activistas a manos de las FFAA y grupos paramilitares afines como la AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).

Desde ese punto de vista, el régimen colombiano es uno de los más reaccionarios de Latinoamérica, una democracia burguesa «de excepción», de las más militarizadas y represivas del continente. En otra jornada de protestas en septiembre pasado hubo ocho muertos por la represión. Y en la actual rebelión ya se confirmaron al menos 27 víctimas fatales de la brutal represión.

Anoche, en las redes sociales circularon imágenes crudas de una verdadera cacería por parte de las fuerzas represivas, principalmente en los barrios populares de Bogotá y Cali. El gobierno intenta frenar la rebelión con el método ya histórico del Estado colombiano: la represión y el asesinato.

Sin embargo la escalada represiva no logra apaciguar la movilización, que en el día de hoy vuelven a realizarse en repudio al brutal accionar represivo. Para mañana, el CNP convoca a un nuevo paro nacional con movilizaciones en todo el país. Las cartas están repartidas y no hay otra alternativa que jugar: amplias masas han llegado a la conclusión de que llegó el momento de imponer otra realidad, y la represión está atizando esa determinación masiva. Retroceder a la represión ahora es hacerlo por muchos tiempo: los próximos días pueden determinar los destinos de Colombia por largos años.