Por Redacción

Los estudiantes secundarios fueron la chispa que encendió la pradera. Ya nada volverá a ser igual. Hoy, el pueblo chileno sigue en las calles, rechazando los acuerdos por arriba entre Piñera y los partidos del régimen para evitar la caída del régimen pos pinochetista.

#EvasiónMasivaTodoElDía fue el llamado estudiantil a iniciar las protestas. De manera espontánea, cientos de estudiantes se agolparon en las estaciones del “metro” para pasar a las estaciones, llenándolas de manifestantes.

Como hemos dicho, la chispa que inició el incendio fue el aumento de las tarifas del subterráneo de un 4%. Pero este último aumento fue parte de un paquete de tarifazos más general, que incluye aumentos anteriores en el transporte público pero también de los servicios de electricidad. Los aumentos se deben a un creciente deterioro económico en el vendido paraíso liberal chileno.

Los estudiantes secundarios venían de una tradición de lucha de más de una década, que los ha hecho protagonistas de las principales peleas contra el régimen de herencia pinochetista que rige al país. La “revolución pingüina” del 2006 contra el gobierno de Bachelet fue la señal de largada de diversas movilizaciones a lo largo de los años exigiendo por la educación pública.

A ellos se fueron sumando cada vez más amplios sectores populares hasta que el pasado 25 de octubre se dio la «Marcha más grande de todas» y se impusieron ya dos paros generales en lo que va de la rebelión.

Un régimen reaccionario que hay que tirar abajo

Para entender esto, hay que ver el marco político-social y las razones de este estallido. Un elemento fundamental de ese marco es la profunda crisis, descontento y deslegitimación del régimen post-Pinochet; es decir el régimen de la “Concertación”.

Recordemos que al final de la dictadura de Pinochet, para evitar un derrumbe catastrófico como fue el de la última dictadura militar en Argentina, se conformó en 1988 la “Concertación de Partidos por la Democracia”, una coalición de casi todos los partidos de derecha y de “izquierda”. Era encabezada por los dos más importantes en ese entonces, el Demócrata Cristiano y el Partido Socialista.

El acuerdo entre la dictadura de Pinochet y la “Concertación” permitió que el dictador no sólo se retirase tranquilamente de la presidencia. Además se lo mantuvo durante un tiempo en el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Durante esa “transición”, el dictador tuvo a mano el garrote, como garantía de una continuidad profunda que se iniciaba.

La era iniciada por la “Concertación”, sería también simultáneamente, la era de la continuidad económico-social del pinochetismo… y en cierto modo también la de cierta continuidad política, ya que no se puede separar absolutamente una cosa de la otra.

Esto sería fuente de crisis para la originaria “Concertación” y sus partidos… obligándolos a cambiar de fachadas, pero no de política.

Dos grandes ejemplos de esa continuidad económico-social, “estructural”, del pinochetismo son la restrictiva enseñanza paga y el escandaloso sistema de las AFPs (Administradoras de Fondos de Pensiones); es decir, del robo de las jubilaciones. Ambos temas motivaron los mayores estallidos de la era “post”-Pinochet… y están muy lejos de haberse solucionado…

El régimen reaccionario heredado de la dictadura de Pinochet tuvo como elemento “legitimador” la sanción de una nueva Constitución (1980) que con sus múltiples reformas de los gobiernos en democracia subsiste hasta hoy y legaliza el sufrimiento, la opresión y la super-explotación en Chile, donde nada es un derecho para los de abajo y todo es un servicio por el que hay que pagar. Desde la salud, la educación, la jubilación, el transporte, hasta los recursos naturales (Chile cuenta con uno de los régimen de propiedad privada de los recursos hídricos más extremos a nivel mundial) así como la injerencia directa de las fuerzas militares y de la Iglesia en la vida de las masas; todo el funcionamiento social, político, económico y ambiental se encuentra amparado por la Constitución pinochetista.

El movimiento de lucha está haciendo crujir hasta las bases el régimen reaccionario de Chile. Un régimen que fue sancionado en la Constitución pero que surgió del aplastamiento físico de la clase obrera y la juventud que luchaba por el socialismo. Una “legalización” de las relaciones de fuerzas en la que los capitalistas eran todo y los de abajo nada. Lo que cruje es una legalidad que no se corresponde con la nueva relación de fuerzas que ha impuesto el movimiento de lucha en las calles, pero que aún debe avanzar más para lograr un cambio estructural.

No hay intermedios. Toda reforma a un régimen reaccionario es un barniz para mantener las cosas como siempre. Así ha ocurrido con las múltiples reformas que se han hecho desde 1989 hasta la fecha, sumando prácticamente una reforma cada dos años hasta la fecha, sin cambiar nada realmente. La nueva Constitución debe reflejar el nuevo Chile que ha despertado y para eso sólo puede surgir del método más amplio que existe en la democracia burguesa, no por intermedio de mecanismos institucionales que dejen por fuera a las masas movilizadas sino por intermedio de la Asamblea Constituyente.

Insistimos: para avanzar en este camino es necesario ir a una mayor organización para lo que el llamado de los portuarios a comités de huelga regionales y por trabajo, y en lugares de estudio agregamos nosotros,  pueden ser un punto de apoyo enorme en la perspectiva de poner contra las cuerdas a Piñera, echarlo y avanzar por la constituyente.

La política represiva de Piñera y «los pacos»

«Estamos en guerra» no tuvo mejor idea que decir Piñera como respuesta a las primeras movilizaciones. «Una guerra» con la organización de quienes todavía apenas dejaron de ser niños. Una «guerra» contra estudiantes, trabajadores, sectores populares en general desarmados. La puesta en la calle de más de 20 mil carabineros y fuerzas armada y la declaración de Estado de emergencia y toque de queda fueron provocaciones demasiado alevosas para que la gente no reaccione.

El despliegue de los pacos, con la sucesión de muertes, torturas, violaciones y detenciones, se sintió desde abajo como un pinchazo contra el que había que saltar.

El gobierno recibió el cachetazo de la movilización más grande de la historia de Chile con 1 millón y medio (algunos medios hablan de hasta 2 millones) de manifestantes en las calles el viernes 25 de octubre. Esto lo obligó a declarar terminado el Estado de excepción y el fin del toque de queda, y a la vez ensayar una agenda de reformas superficiales a las que le sumó en estos días el anuncio de una reforma previsional, tributaria y laboral que no han tenido efecto sobre la población que reclama un cambio estructural.

Las concentraciones siguen siendo masivas y sostenidas por una vanguardia amplia y fundamentalmente juvenil.

Esta merma relativa de la movilización, que insistimos se da sobre la base de un país en el que la normalidad cotidiana aparece fracturada y en la que persiste un estado de movilización permanente, se enfrenta a un recrudecimiento de la represión de Piñera. La finalización del Estado de Emergencia aparece como una declaración formal.

Piñera convocó hace apenas más de una semana al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), un organismo creado por la dictadura y sancionado por la Constitución pinochetista que está integrado por los jefes de las Fuerzas Militares (armada, ejercito y aérea), de Carabineros, del Senado, Diputados y la Corte Suprema. Un organismo reaccionario que actúa como asesor del Presidente ante casos de “emergencia de seguridad nacional”. Esto se da junto con la ofensiva represiva que intenta aplicar una ley anti-saqueos, anti-encapuchados y proteger a las fuerzas represivas para actuar con mayor impunidad aún. Un intento de aplicar la Ley Antiterrorista para liquidar la rebelión con terror y represión.

Nada le ha servido hasta ahora para aplacar una rebelión tan profunda.

Piñera y los partidos del régimen pactan una maniobra contra la movilización

Piñera llegó a un acuerdo con la “oposición” parlamentaria en el que intenta resolver la crisis sin satisfacer las sentidas demandas de las masas movilizadas.  Los partidos del sistema y Piñera juegan el juego de que algo cambie para que todo siga como está. La “reforma constitucional” busca devolver a la gente a sus casas manteniendo el régimen pos pinochetista.

El llamado a la “convención constituyente” trata de burlar la voluntad popular expresada en la movilización, vaciando de contenido todos los reclamos mientras se hace simulacro de concesión.

En primer lugar, la calle exige que se vaya Piñera, el gobierno del rico pinochetista que carga con la muerte de decenas de personas en manos de los pacos. Si el personal político gobernante se mantiene en el poder, ellos serán quienes moldearán la futura “constitución”, manteniendo todo lo fundamental del régimen pos Pinochet. Para siquiera empezar a hablar de satisfacer las demandas populares, Piñera se tiene que ir.

El acuerdo por una “nueva constitución” implica cambiar algunos párrafos para mantener las cosas dentro de los marcos del actual régimen. La “convención” implica que la actual composición del parlamento tenga un poder de decisión absoluto sobre cualquier reforma. La privatización de todos los servicios básicos, la capa de funcionarios políticos que lleva décadas de gestión del estado heredado de Pinochet, el enriquecimiento obsceno de una pequeña minoría de expoliadores, las instituciones de las balas y los bastones que sostiene todo lo anterior; nada de esto se tocaría en esa reforma. La fuerza y el poder se mantienen en las mismas manos y, por lo tanto, en las mismas manos está la interpretación y aplicación de cualquier ley.

Una verdadera asamblea constituyente soberana debe tener en sus manos todo el poder para la transformación del régimen social, económico y político. No se trata solamente de un grupo de gente charlando sobre la mejor ubicación de una coma en la legislación, sino que otro poder político sea el que decida, uno que brote de la voluntad de las masas en lucha. Sabiendo como es el estado de ánimo de las amplias mayorías, Piñera se niega a que el voto popular decida los destinos del país. Con el marco del poder actual, la gente solo tiene la posibilidad de votar entre uno u otro pos pinochetista.

El acuerdo tiene también un largo calendario, extendido en el tiempo de manera tal que no se lleve a cabo condicionado por la movilización. De eso se trata en el fondo: sacar a la gente de la calle y recuperar todos los atributos del poder, perdido a medias con la calle. Arranca recién en abril con un referéndum, luego con la elección en octubre del año que viene de “constituyentes” junto a las listas de los viejos partidos en el calendario normal de elecciones. La “convención” entonces se compondría a medias del actual parlamento y a medias con “constituyentes” que son puestos como candidatos por el régimen actual.

Esa “constituyente” podría decidir sólo sobre el texto de la legislación pero de manera condicionada por el poder político vigente. Con una composición amañada desde arriba, también desde arriba le imponen cuánto puede decidir: se necesitarían dos tercios de la cámara para tomar cualquier decisión. Es evidente entonces que, incluso convertida en una pequeña minoría en la sociedad, los funcionarios del pos pinochetismo mantienen todas las decisiones importantes en sus manos. El pueblo no decide nada.

Luego de acordado el nuevo texto constitucional dentro de 9 meses a un año, se convocaría un nuevo referéndum para sancionar las reformas o no. Así, todo el procedimiento se extendería de aquí a dos años. La “nueva constitución” se resolvería entonces sin que los millones que se vienen movilizando tengan otra opción que mirarlo por TV y decir sí o no a lo que haya decidido un grupo de funcionarios ajenos al pueblo trabajador.

La movilización exige que Piñera se vaya y una asamblea constituyente soberana, que tenga en sus manos el poder efectivo. El acuerdo “palaciego”, la maniobra de Piñera y los partidos del régimen, intenta escamotear el reclamo de las amplias mayorías populares.

El pueblo exige una Asamblea Constituyente soberana, lo que implica la disolución de todos los actuales poderes del estado, que barra definitivamente con el poder político del pos pinochetismo.

Rechazamos este pacto contra la movilización, es un engaño que intenta quitarle todo poder de decisión a las amplias masas que ocupan las calles hasta que se vaya Piñera y logren echar a todos los actuales poderes del Estado.