• Frente al riesgo real de la segunda ola de la pandemia en Chile, la fase 2 decretada por el gobierno aparece como una completa farsa que queda en evidencia al corroborar las cifras de los últimos días, con un aumento sostenido de los contagios.

Fidel Ortiz Saavedra

La preocupación por una segunda ola de Covid 19 en el país llevó al gobierno de Sebastián Piñera a decretar un retroceso a fase 2 (plan paso a paso) para toda la región Metropolitana. Las medidas que se tomaron fueron decretar la cuarentena los fines de semana y días festivos, y la extensión del toque de queda hasta marzo del próximo año.

Además, se introdujeron algunos cambios al plan original, permitiendo que funcionen los restaurantes con aforo mínimo, así como la continuidad de las clases en los colegios que habían retomado actividades presenciales.

Los números de casos de contagios han ido en paulatino aumento. La situación es especialmente preocupante en la capital y comunas aledañas, en momentos de alerta por la segunda ola de contagios a nivel mundial. En este contexto, la preocupación de que se adelante una segunda ola en Chile para las próximas semanas es muy real.

Aquí vemos algunas inconsistencias en este plan. Primero, las medidas sanitarias no son tales, ya que comercios, grandes tiendas, restaurantes, mall (shopping), supermercados, etc., continúan funcionando normalmente de lunes a viernes con grandes aglomeraciones como las vistas en estos días previos a la Navidad.

Las autoridades hacen hincapié en las sugerencias de cuidarse, usando barbijo, manteniendo la distancia social, no asistiendo al mall, evitar las aglomeraciones, etc., un tipo de campaña mínima centrada en las responsabilidades individuales.

No percibimos que exista un control sanitario estricto de la pandemia ni que las autoridades estén haciendo algo concreto para que los contagios no se propaguen, más bien priorizan las ganancias del gran comercio por sobre la salud de la población.

Aunque el gobierno de Piñera tiene conciencia de que la segunda ola de contagios y muertes es un peligro inminente, posterga o dilata el tomar medidas más eficientes para el control de la pandemia, como por ejemplo la suspensión de los trabajos no esenciales. Evita esos pasos porque implican no sólo pérdidas para los grandes empresarios, sino que también mayor gasto fiscal en subsidios de emergencia.

Es que medidas más efectivas como una cuarentena con garantías implican precisamente proteger los trabajos no esenciales mediante un subsidio de emergencia (de al menos 500 mil pesos, de acuerdo al costo de vida actual) de modo tal que les permitiera a las y los trabajadores quedarse en sus casas por un tiempo suficiente como para reducir la circulación del virus en la comunidad.

Para eso el gobierno tendría que aumentar significativamente el gasto público, algo que parece no estar dispuesto a hacer por ningún motivo, considerando que la ayuda social en estos meses ha sido mínima o nula para algunos sectores sociales (particularmente los trabajadores independientes). Recordemos que hasta ahora la principal forma en que la mayoría de la población ha sorteado los efectos económicos de la pandemia ha sido echándole mano al retiro del 10 % de los fondos individuales de las AFP, dinero que es un ahorro obligatorio de las y los trabajadores.

Lo que si observamos es un marcado aprovechamiento de la pandemia como excusa para aumentar el control social y la represión. Las medidas de control social se han reforzado. Hemos visto imágenes de como militares controlan metralleta en mano y con actitud violenta a personas el transporte público, especialmente en los barrios populares más combativos (como en la población La Pincoya o la Victoria). Sin represión, podrían hacer eso fiscalizadores sanitarios, que controlen el comercio y restaurantes, sin necesidad del uso de la fuerza pública, una medida extrema que más bien viene a aplicarse como medida de control social.

Además, hemos visto como escuadrones de carabineros pertrechados como para una guerra –con la excusa de la pandemia- reprimen brutalmente cualquier manifestación democrática, como las que se han llevado a cabo en las últimas semanas a favor de la liberación de las y los presos políticos de la rebelión de Octubre. En definitiva, Piñera y su gobierno utilizan la preocupación real por la pandemia para copar las calles con militares y policías en una demostración concreta de que el Estado chileno nunca rompió con la herencia de la dictadura, conservando los rasgos autoritarios y represivos del pinochetismo.

Con respecto a la vacuna, el gobierno chileno firmó contrato con varios laboratorios -Pfizer, Sinovac, Johnson & Johnson y AstraZeneca- para asegurarse unas 36 millones de dosis, por si se cae alguno de estos acuerdos y algún proveedor no cumple con el contrato. Llegaron al país a fines de diciembre 20.000 dosis (Pfizer y Biotech), las cuales se utilizarán para vacunar a personal de la salud y adultos mayores en residencias de larga estadía. De más esta decir que es un número insignificante que genera dudas sobre si la población chilena será vacunada en más del 80% a fines del próximo año como se anunció hace poco tiempo. Por ejemplo, la gerente general de Pfizer en Chile, Marta Diez, dijo en conversación con Radio Pauta que, debido a la alta demanda, sus primeras dosis serán en grupos limitados. Pero ya desde enero y en el primer trimestre del 2021, Chile podría tener 1,6 millones de dosis entregadas. Consideremos que la población total de Chile asciende a aproximadamente 18 millones de habitantes.

En definitiva, frente al riesgo real de la segunda ola de la pandemia en Chile, la fase 2 decretada por el gobierno aparece como una completa farsa, que ha demostrado ser ineficaz en la disminución de los contagios, como muestran las cifras de los últimos días con un aumento sostenido. La política del gobierno resulta francamente criminal al priorizar el funcionamiento del comercio sobre la salud de la población, aprovechando además la medida para aumentar la represión a los sectores más activos del movimiento social, agravando aún más la dramática situación en la que se encuentra el país en materia de derechos humanos. Es una jugada demasiada peligrosa el apostar sólo a la llegada de las vacunas, considerando que su aplicación masiva en Chile está distante aún por efecto de la alta demanda mundial.

Sólo una medida de cuarentena efectiva con garantías, con un aporte del estado que asegure una renta mínima de emergencia para los trabajadores no esenciales (de al menos 500 mil pesos, equivalente a alrededor de 658 dólares ), para que estos puedan quedarse en casa el tiempo que sea necesario, protegerá a la población del avance del coronavirus. Esto es algo que ninguna variante política del régimen se encuentra dispuesta a concretar en serio sino se exige en las calles. El movimiento social de Octubre, que abrió el horizonte de un cambio constitucional, no sólo tiene el desafío de seguir demandando la reparación en materia de derechos humanos (a víctimas de trauma ocular, a quienes perdieron un ser querido en mano de agentes del Estado, a quienes se encuentra en prisión política), sino que de hacer suyo el problema de la pandemia para los oprimidos y explotados del  sistema capitalista.